Por Gustavo Montenegro Cardona
Hay expresiones que, al instalarse en el debate público, modifican de inmediato los términos de la conversación. «Batalla cultural» es una de ellas. La denominación activa un marco simbólico donde las artes, la educación y la memoria dejan de ser territorios de encuentro y se convierten en frentes de guerra. El país necesita comprender que esa elección de lenguaje equivale a designar adversarios, trazar líneas y prometer una victoria que, por definición, exige la derrota de otro. Se trata de un encuadre estratégico y su propósito es reordenar la realidad desde sus cimientos simbólicos.
El gobierno de Abelardo de la Espriella eligió esa expresión con la precisión de quien sabe que las palabras crean mundos. Activar el marco de la guerra en el terreno de las artes y la educación sustituye las nociones de ciudadanía y pluralidad por las de amigo y enemigo. La discrepancia estética o pedagógica se vuelve trinchera y el adversario debe ser derrotado. El efecto inmediato es una reconfiguración simbólica del Estado: los ministerios dejan de presentarse como espacios de fomento y pasan a operar como cuarteles de una reconquista moral.
En ese diseño, los ministros actúan como emisarios y dejan a un lado su papel técnico y administrativo. Pierre Bourdieu, en su análisis del poder simbólico (1989), advirtió que el portavoz autorizado inviste, con la autoridad conferida, una visión del mundo. En ese orden de ideas, la «batalla cultural» encomendada a la nueva Ministra de Cultura persigue reemplazar un modelo de cultura por otro y de esa manera ocupar un territorio para cambiar su sentido.
La estrategia retórica que se instalará promete retirar «la ideología» del arte y devolverle «la belleza y los valores». Roland Barthes mostró cómo el mito transforma lo histórico y particular en natural y universal. Con esa misma lógica, la derecha cultural presenta su ideario conservador como el sentido común que el arte debería reflejar, mientras descalifica como «ideológica» cualquier expresión que interrogue el orden establecido. Así, la religión, la nación uniforme y la moral tradicional se exhiben como realidades neutras, cuando en verdad constituyen una posición política tan específica como la que se pretende combatir. La maniobra es efectiva porque vuelve invisible su propia parcialidad.
Sin embargo, la batalla más decisiva no se librará en el plano discursivo, sino en el presupuesto y la administración cotidiana. Lo previsible no es la eliminación del ministerio, sino su vaciamiento estratégico. Las convocatorias, los estímulos y los recursos se canalizarán hacia expresiones artísticas que confirmen una identidad nacional monocorde —grandes espectáculos patrióticos, arte sacro, folclor desprovisto de contexto crítico— mientras los programas de memoria histórica, las culturas de paz, los enfoques de género y los saberes territoriales enfrentarán el riesgo de la asfixia técnica y financiera. La transformación se ejecutará mediante un cambio de portafolio, un mecanismo que los estudios de políticas culturales denominan «desmantelamiento por deriva». Se mantendrá la fachada institucional, pero se le extraerá el sentido original.
Para calibrar lo que está en tránsito, conviene recordar la magnitud de lo construido. Bajo el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el presupuesto del sector cultura ascendió a 1,1 billones de pesos en 2023, un incremento del 74 % respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Hacienda. Programas como «Sonidos para la Paz» instalaron escuelas de música en más de 400 municipios PDET; las convocatorias de Concertación Cultural financiaron cerca de 1.800 proyectos con enfoque territorial y se activaron líneas específicas para la creación de mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Por primera vez, los saberes ancestrales ingresaron al núcleo de la política pública con el mismo rango que las bellas artes, y el arte se pensó como herramienta de reparación simbólica en regiones golpeadas por el conflicto. La cultura dejó de ser una oficina de espectáculos para convertirse en un eje de transformación social.
Ese ecosistema es hoy el blanco directo de la «batalla cultural». Las experiencias internacionales ofrecen un espejo que conviene mirar con atención. En Brasil, la administración de Jair Bolsonaro recortó el presupuesto de cultura en un 40% durante su primer año, eliminó líneas de fomento a la diversidad, censuró exposiciones y despidió a funcionarios acusados de promover el «marxismo cultural». Las consecuencias fueron un empobrecimiento de la producción artística independiente, la autocensura en los creadores y un daño institucional que tardará años en revertirse. En España, los gobiernos autonómicos donde Vox ha tenido influencia —Castilla y León, Valencia— redefinieron las ayudas culturales para excluir contenidos de memoria histórica o perspectiva de género y aplicaron la etiqueta de «batalla cultural» para justificar desde la cancelación de obras teatrales hasta la hostilidad hacia artistas en redes sociales. En todos esos casos, la retórica guerrera sirvió de coartada para desfinanciar la crítica y concentrar los recursos en expresiones afines al oficialismo.
Con esos antecedentes sobre la mesa, el tono apocalíptico resultaría fácil. Pero las políticas culturales también se libran desde la capacidad de los agentes culturales para resignificar las reglas del juego. John Paul Lederach plantea que los conflictos más profundos pueden transformarse si las partes trascienden el dualismo y exploran soluciones creativas no previstas en los guiones iniciales. Traducido al contexto colombiano, la «batalla cultural» podría dejar de ser un epitafio y convertirse en un desafío que obligue al sector a tejer nuevas articulaciones, a hablar en lenguajes que traspasen las trincheras ideológicas y a demostrar, con evidencias, que la cultura de paz y diversidad produce capital social, cohesión territorial y réditos económicos medibles. La resistencia no se cifraría entonces solo en la denuncia, sino en una movilización propositiva: documentar lo que se pierde, modelar alternativas viables, buscar vocerías aliadas dentro de la propia institucionalidad y negociar desde la contundencia de los resultados.
La historia reciente del país ofrece ejemplos de esa resiliencia. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, cuando el discurso oficial estigmatizaba las expresiones críticas, las organizaciones culturales encontraron refugio en circuitos comunitarios, fortalecieron redes de cooperación internacional y, en muchos casos, lograron que alcaldías y gobernaciones mantuvieran políticas culturales que el gobierno central ignoraba. Aquella época demostró que un ministerio puede estar en abierta confrontación con sus propios creadores y, aun así, la ciudadanía artística consigue sostener espacios de sentido. El aprendizaje no es triunfalista, pero sí aleccionador por cuanto la vitalidad cultural rara vez se agota en una nómina ministerial.
Incluso el propio discurso de campaña, que hoy parece monolítico, tendrá que enfrentarse a las complejidades de gobernar. La «batalla cultural» como metáfora funciona bien para movilizar electores, pero administrar un ministerio exige interlocutar con congresistas de regiones donde la cultura es fuente de empleo, con alcaldes que necesitan las escuelas de música para mantener a los jóvenes lejos de la violencia y con una opinión pública que, pese a las polarizaciones, valora ciertas conquistas simbólicas. Es en esos intersticios donde el diálogo y la concertación pueden readecuar el marco belicista hacia algo más parecido a una negociación de significados.
La cultura colombiana ha demostrado una y otra vez que sabe metabolizar el conflicto en creación. Resistir también implica imaginar una conversación distinta, donde los símbolos de la guerra se transformen en lenguajes capaces de alojar la pluralidad que nos constituye. Esa es, al fin y al cabo, la más radical de las batallas culturales, la que se gana cuando los adversarios aprenden a habitar entre sus relatos sin aniquilarse.
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