No somos oposición política. Somos un medio de comunicación alternativo que asume una posición ética: la oposición al fascismo que representa Abelardo de la Espriella y el proyecto de ultraderecha que busca imponerse en Colombia.
Ya hemos padecido el fascismo. No es una especulación ni una exageración retórica. Durante más de medio siglo de conflicto armado, el Estado colombiano utilizó la violencia política como mecanismo para mantener su institucionalidad; el gasto militar exuberante, la criminalización de la protesta social y el exilio, encarcelamiento o asesinato de opositores políticos han sido elementos que ya anunciaban el advenimiento de un gobierno de claras convicciones fascistas. Más de 262.197 colombianos asesinados, más de 80.000 desaparecidos, y la persecución sistemática contra el movimiento social y popular han sido algunas de las consecuencias de esta política. Los más vulnerables —campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas— pagaron y siguen pagando el precio más alto.
Ese fascismo en Colombia tiene raíces profundas: se alimentó (y lo sigue haciendo) del discurso anticomunista, del paramilitarismo y de alianzas entre élites económicas y estructuras criminales. Lo llamaron de muchas maneras, pero siempre fue lo mismo: la reacción de los dueños del capital frente a cualquier intento de transformación democrática. Hoy, ese fascismo vuelve con rostro renovado, camuflado -como siempre- en un eslogan comprable, pero con el mismo programa: desmontar la reforma agraria, liquidar los derechos laborales y pensionales, privatizar la educación pública, dinamitar la paz, negar la diversidad étnica, cultural y cerrar los caminos del diálogo.
Y en este contexto, los medios tradicionales en el país no han hecho otra cosa más que validar la apuesta antidemocrática que hoy empieza a gobernar convirtiendo en propaganda fascista pura la labor periodística y comunicativa. El circo político en que se convirtió la pasada campaña electoral en Colombia no habría sido posible si los grandes medios de comunicación no hubiesen creado el escenario para el espectáculo. Lo peor es que lo hicieron escudados en el fetiche de la «objetividad», que hoy no es más que otro de los nombres de la hipocrsía.
Nosotrxs, en cambio, anteponemos la honestidad a la «imparcialidad». No, no podemos declararnos imparciales cuando miles, millones de conciudadanos y conciudadanas (entre ellas, muchos amigos y amigas) han sido (y, tristemente, seguirán siendo) víctimas de programas políticos como el que representan el hoy posesionado presidente de Colombia y su séquito de funcionarios, cada uno más cuestionado e incriminado que el anterior.
Columna Abierta e Incómodas nacieron como una apuesta para superar el paradigma de la viralidad, la simplificación y los titulares efectistas. Nuestra apuesta es formar ciudadanías críticas, no generar reacciones apresuradas.
Por eso llamamos a la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas, sociales y populares. No se trata de defender o atacar a un gobierno, sino de defender la vida, la paz y la justicia social frente a quienes ya han gobernado con el terror y quieren hacerlo de nuevo. En Colombia el fascismo ya se padeció y dejó estragos. No podemos permitir que vuelva a instalarse como una nueva normalidad.
Si algo podemos aportar quienes hemos decidido asumir la tarea de comunicar y dialogar (que, al contrario que meramente informar, requiere siempre del concurso de los otros y otras) es precisamente ofrecer escenarios de democracia en donde las ideas y no lo eslóganes, las personas y no los bots, la razón y no la fuerza, sean el motor de nuestra sociedad, una sociedad que aún anhela ser diversa, libre, igualitaria y justa. Quienes creemos en la vida y la dignidad que le es consustancial como premisas fundamentales de una sociedad democrática, no podemos ni debemos declararnos neutrales, fría y falsamente «objetivos», equidistantes ni indolentes. Al contrario, asumimos con plena conciencia y convicción nuestra defensa de la justicia, la libertad, los derechos de todos y toda; en suma, nuestro derecho inalienable de vivir en un país justo y en paz.
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