Corrupción, contrafuego e inmunidad selectiva de la oposición colombiana

Por Gustavo Montenegro Cardona

En la gestión de incendios forestales existe una técnica tan audaz como peligrosa: el contrafuego. Consiste en quemar de manera controlada una franja de terreno para que, cuando el fuego real avance, no encuentre combustible y se extinga. Quien lo ejecuta parece un bombero. En realidad, es un pirómano calculador que provoca una segunda deflagración que puede unirse a la primera y arrasar con todo. La oposición colombiana ha perfeccionado esta técnica: ante la ausencia de proyecto propio, prende fuego al terreno del adversario y espera que las llamas consuman su legitimidad, pero añadió una variante: se ha confeccionado, a sí misma, un traje de asbesto y, por lo tanto, se declara inmune al fuego que propaga.

Desde la comunicación estratégica, esta operación se entiende como un encuadre deliberado. George Lakoff, el lingüista autor de No pienses en un elefante, demostró que los marcos cognitivos determinan lo que el público ve y, sobre todo, lo que deja de ver -y, podemos añadir, lo que le conviene ver-. Así, la oposición, que ejerce todo tipo de presiones mediáticas contra el saliente gobierno de Petro, se dedicó a instalar un marco binario: existe un gobierno corrupto por naturaleza y una oposición decente por definición. Este encuadre de realidad más allá de una descripción de entornos o percepciones, se constituye en un paradigma para su actuación y lo hace con tal eficacia que cualquier evidencia en contra —un desfalco del pasado, un escándalo propio— rebota contra el traje de asbesto sin dejar una sola marca, ni un rasgo de vergüenza.

La pedagogía del incendio

Antes de la primera chispa, hay una pedagogía. Hay que enseñarle al bosque que es inflamable, pero también que hay zonas sagradas que el fuego no debe tocar. Pierre Bourdieu llamó a esto la lucha por el monopolio de la nominación legítima. La oposición -y todos los gobiernos- ha pasado años repitiendo la palabra corrupción como un mantra, pero aplicándolo con una geografía selectiva. Cuando el escándalo habita en casa propia, se le nombra de otra manera: «error administrativo», «daño colateral«, «persecución judicial», “fue a mis espaldas”, «nunca tuve conocimiento», «caso aislado».

Esta asimetría comunicativa ha calado en todas las esquinas del poder y de la opinión pública. Según el Latinobarómetro, Colombia figura entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina, pero esa percepción rara vez se traduce en un repudio electoral homogéneo. Hay gobiernos que caen por un escándalo y otros que sobreviven a veinte. La diferencia no está en la magnitud del desfalco, sino en la eficacia del encuadre mediático que los envuelve.

Lo que no tiene defensa

Digámoslo sin ambages: lo ocurrido con las hermanas Guerrero y sus presuntos vínculos con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro es reprochable. No hay lugar a defensa ni a ese burdo deporte de señalar al pasado para diluir responsabilidades del presente. La corrupción, venga de donde venga, es una puñalada al erario, pero completemos la frase: esto no puede significar que los gobiernos previos estén libres de pecado. El contrafuego opositor concentra todas las mangueras sobre el Palacio de Nariño mientras pretende que olvidemos que Colombia arde desde hace décadas.

Los datos son tozudos:

  • Odebrecht: sobornos por más de 32 millones de dólares durante los gobiernos de Uribe y Santos. Varios señalados conservan espacios de poder.
  • Reficar: sobrecosto de 2.3 billones de pesos en la modernización de la refinería de Cartagena. La Contraloría lo calificó como uno de los mayores detrimentos de la historia nacional.
  • Agro Ingreso Seguro: subsidios millonarios a familias adineradas mientras el campesinado empobrecía.
  • Carrusel de la Contratación: un saqueo a Bogotá que paralizó obras y desvió recursos públicos.
  • Saludcoop: agujero fiscal de 4.3 billones de pesos en una EPS que debía garantizar tratamientos médicos.

Según la Auditoría General de la República, la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos solo en 2024, el equivalente al 4% del PIB nacional, según la Procuraduría. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, Colombia quedó en el puesto 99 entre 182 países. 98 naciones nos superan en transparencia. El recurso público que se fuga por cuenta de la corrupción equivale a seis veces el presupuesto anual de inversión del Ministerio de Salud o al doble de lo que el Estado invierte en educación. Son cicatrices de un sistema entero, heridas sangrantes de una superestructura que supera las condiciones mismas de los gobiernos en sus tres niveles territoriales.

Los bomberos pirómanos

El escándalo de las hermanas Guerrero comenzó a mostrar costuras pronto. Las contradicciones en los testimonios, los intereses políticos de algunos denunciantes y la rapidez con que ciertos medios avivaron las llamas sin verificar la dirección del viento revelaron una estrategia de quema controlada. Manuel Castells, en Comunicación y poder, advierte que la política mediática necesita del escándalo como combustible, pero ese combustible puede quemar a quien lo enciende. El uniforme de asbesto está mostrando fisuras.

Mario Riorda describe el mito del gobierno indecente: la construcción de una imagen gubernamental asociada con la transgresión ética. En Colombia opera algo más sofisticado: el mito de la oposición inmaculada. Un relato que pretende convencernos de que la corrupción solo afecta a quien gobierna en presente, nunca a quienes gobernaron en pasado ni a quienes aspiran a hacerlo en futuro, un futuro que comienza el 7 de agosto de 2026. Desde la comunicación estratégica, esta narrativa se sostiene sobre tres pilares: saturación (muchos casos contra el gobierno en poco tiempo), simplificación (buenos contra malos) y amnesia inducida (borrar el pasado). El objetivo es la parálisis del adversario antes que imponer mecanismos de justicia, sanciones jurídicas reales o aplicación de la norma existente.

Sembrar en las cenizas

El contrafuego tiene un defecto, el suelo que arde queda estéril durante años. La oposición que apuesta todo a la quema controlada hipoteca, tanto el presente del gobierno que ataca, como su propio futuro. Porque cuando no quede nada por quemar, la ciudadanía preguntará quiénes eran realmente los bomberos y quiénes los incendiarios.

Por lo tanto, la corrupción —venga de donde venga— es una hemorragia que desangra al país. No puede ser una bandera de ocasión, ni caballito de batalla, ni discurso de fanfarrones. Debe ser una lucha permanente, pareja, sin inmunidades. Una lucha que empiece por reconocer que Colombia está en llamas desde muchos años atrás. Apagar el incendio provocado por las llamas de la corrupción exige algo más que pirómanos con uniforme de asbesto: exige funcionarios, servidores, gobernantes, colombianos y colombianas dispuestas a reconstruir país y Estado con los planos de la memoria histórica y una voluntad mayor que la de ver la paja en el ojo ajeno.

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