¿Por qué la descentralización en Colombia sigue siendo insuficiente?

Por Edwin García Maldonado

El candidato Abelardo De La Espriella anunció durante la campaña que gobernaría desde las regiones para «contrarrestar el centralismo». En ese contexto propuso establecer a Barranquilla como capital alterna de la República y realizar su posesión presidencial en el Cauca. A primera vista, ambas iniciativas parecen responder a una vieja aspiración de amplios sectores del país: acercar el poder político a los territorios. Sin embargo, cabe preguntarse si representan un verdadero avance hacia la autonomía regional o si, por el contrario, reproducen una tradición en la que el discurso descentralizador termina subordinado a las mismas lógicas centralistas que pretende combatir.

El arraigo regional no surgió como reacción al centralismo bogotano; constituye, por el contrario, uno de los rasgos más persistentes de la formación histórica de Colombia. Desde la época colonial, las grandes distancias, las dificultades de comunicación y la limitada presencia de la Corona favorecieron el desarrollo de dinámicas políticas y sociales propias en los distintos territorios. Así se consolidaron identidades regionales que sobrevivieron a la Independencia y continuaron influyendo tanto en la organización del Estado como en la forma en que las comunidades entendían su relación con el poder público.

Durante el siglo XIX, la tensión entre centralismo y federalismo expresó el desafío de articular institucionalmente un país profundamente diverso. El federalismo alcanzó su mayor desarrollo con la Constitución de Rionegro de 1863, pero fue sustituido por el proyecto centralista instaurado por la Constitución de 1886, que concentró el poder político y administrativo en el nivel nacional. Ese cambio terminó consolidando una estructura estatal que, en lo esencial, ha perdurado hasta nuestros días.

La Constitución de 1991 buscó corregir ese desequilibrio. Además de profundizar la descentralización administrativa, mandató desarrollar un nuevo ordenamiento territorial y abrió la posibilidad de avanzar hacia formas de autonomía regional mediante los artículos 306 y 307. La Comisión de Ordenamiento Territorial, presidida por Orlando Fals Borda, concibió esa transformación como una oportunidad para democratizar el Estado desde los territorios y reconocer la diversidad regional como un activo institucional. Sin embargo, más de tres décadas después, Colombia continúa siendo un Estado en el que las principales decisiones fiscales, legislativas y de planificación permanecen concentradas en el nivel central.

Es en ese contexto donde adquiere sentido examinar las propuestas del nuevo gobierno. El verdadero debate no radica en el lugar desde el que ejerce sus funciones el presidente de la República, sino en establecer si existe la voluntad política de transferir poder efectivo a los territorios. Esa es la diferencia entre una descentralización concebida como gesto simbólico y otra entendida como una auténtica transformación democrática del Estado.

Hoy los municipios y departamentos administran competencias importantes en educación, salud, infraestructura y desarrollo local, pero lo hacen dentro de un marco normativo, fiscal y de planificación definido por la Nación. Sus principales fuentes de financiación dependen de transferencias y de un sistema tributario cuyo diseño continúa concentrado en el nivel central. Como resultado, la descentralización ha ampliado responsabilidades administrativas sin alterar de manera sustancial las relaciones de poder entre la Nación y las entidades territoriales. Esa ha sido la principal paradoja del modelo colombiano.

Por ello, el discurso descentralizador suele adquirir protagonismo en coyunturas electorales o durante procesos de negociación política entre los distintos niveles del Estado. Con frecuencia, la discusión termina reducida a una mayor participación en los recursos nacionales, antes que al fortalecimiento de las capacidades institucionales y democráticas de las regiones. En esas condiciones, la descentralización corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para administrar la dependencia, en lugar de superarla.

Desde esa perspectiva, las propuestas del presidente De La Espriella exigen un análisis más riguroso que el simple apasionamiento político. Más allá de su evidente valor simbólico, hasta ahora no se conocen iniciativas orientadas a ampliar de manera sustancial la autonomía política, fiscal o normativa de las entidades territoriales. Tampoco se advierte una propuesta para desarrollar el mandato constitucional sobre las regiones como entidades territoriales ni para fortalecer mecanismos de participación que permitan a las comunidades intervenir efectivamente en las decisiones que afectan su futuro. Mientras esas transformaciones no se materialicen, el regionalismo corre el riesgo de permanecer en el terreno del discurso más que en el de la reforma institucional.

Un ejemplo ilustra esa contradicción. Si, como anunció De La Espriella, las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales continúan adoptándose desde un presidencialismo altamente concentrado, incluso cuando afectan de manera directa la vocación productiva, ambiental o cultural de los territorios, resulta difícil sostener que exista una verdadera autonomía regional. Las comunidades seguirán asumiendo las consecuencias de decisiones en las que no han participado efectivamente. En esas condiciones, la descentralización pierde contenido democrático y termina reducida a una técnica administrativa.

Durante décadas, distintos gobiernos han reivindicado la descentralización en el discurso, pero pocos han impulsado reformas capaces de redistribuir efectivamente el poder territorial. Esa observación también alcanza al progresismo colombiano. Aunque el Pacto Histórico promovió debates relevantes sobre justicia social, transición energética y democratización económica, el ordenamiento territorial y la construcción de regiones autónomas no ocuparon un lugar equivalente dentro de su proyecto de transformación.

Mientras las principales decisiones fiscales, legislativas y de planificación continúen concentradas en el nivel central, las regiones seguirán limitadas para construir respuestas acordes con sus realidades económicas, sociales, culturales y ambientales. Ningún discurso descentralizador será suficiente si no se traduce en una redistribución efectiva del poder público.

La intuición que inspiró a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 apuntaba precisamente en esa dirección: abrir el camino para que las regiones se consolidaran como verdaderas entidades territoriales. Sin embargo, ese horizonte quedó inconcluso. Durante más de tres décadas, las reformas posteriores privilegiaron la descentralización funcional sobre la autonomía política, preservando en lo esencial la lógica centralista que la Constitución buscaba transformar.

El gobierno de De La Espriella ofrece una nueva oportunidad para comprobar que el discurso descentralizador no se traduce en reformas estructurales. Si las iniciativas terminan limitándose a gestos simbólicos o a una redistribución meramente administrativa de funciones, Colombia seguirá atrapada en la paradoja que ha caracterizado buena parte de su historia reciente: hablar de descentralización mientras mantiene una estructura política profundamente centralizada. En cambio, si el debate logra orientarse hacia la autonomía política, fiscal y democrática de las regiones, el país podrá comenzar a saldar una deuda histórica con sus territorios.

Ese desafío trasciende al nuevo gobierno e interpela al conjunto de las fuerzas políticas. La democratización del Estado no puede seguir ocupando un lugar secundario dentro de los proyectos de transformación. La justicia social, la transición productiva, la protección ambiental y la construcción de paz solo alcanzarán plenamente sus objetivos cuando las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones sobre el destino de sus propios territorios.

En ese sentido, la discusión no consiste en decidir si el presidente gobierna desde Bogotá, Barranquilla o cualquier otra ciudad. La verdadera pregunta es quién ejerce el poder sobre los territorios: una estructura central que continúa decidiendo por ellos o las comunidades que los habitan, los conocen y los construyen cotidianamente.

Porque una democracia territorial no se mide por la distancia que recorre el poder desde la capital hacia las regiones. Se mide por la capacidad de las regiones para convertirse en protagonistas de su propio destino.

Foto de Sofia Ceballos Hoyos (tomada de Unsplash)

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