Por Edwin Manuel García Maldonado
Hace poco causó revuelo en el ámbito político una decisión de cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: respaldaron una proposición para que la investigación contra Álvaro Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja fuera asumida por esa comisión y no continuara en la Fiscalía ¡Ahí fue Troya!
De inmediato aparecieron los señalamientos, incluso desde las propias filas del Pacto Histórico. Los cinco representantes fueron acusados de traidores y/o vendidos a la causa uribista. Sin mayores elementos de prueba, se afirmó que, por presuntas prebendas o cálculos politiqueros, habían votado para favorecer a Uribe. Ni siquiera Iván Cepeda, uno de los principales dirigentes de esa fuerza política, escapó de la lluvia de epítetos y llegó a ser señalado como parte del supuesto entramado. Cepeda desmintió las acusaciones y recordó su histórica lucha contra Uribe. Por su parte, el representante Gabriel Becerra, integrante del Partido Comunista Colombiano y uno de los cinco señalados, tuvo —no dudo en calificarlo así— un gesto de honestidad: reconoció que se había equivocado al votar sin contemplar plenamente las implicaciones políticas de su decisión, pero dejó claro que su intención no había sido favorecer al político de extrema derecha.
Y aquí aparece el asunto que realmente me interesa. ¡Terrible novelón! Cinco desventurados expuestos en la picota, como reos en tiempos de Alfonso X o como brujas en épocas de la Santísima Inquisición, sin fórmula de juicio y sin siquiera preguntarles su versión de los hechos. Así van por la vida algunos connotados y connotadas integrantes del Pacto Histórico: haciendo alharacas a diestra y siniestra, desesperados por conseguir likes que, según sus cálculos, habrán de convertirse en votos. Labran sus pretensiones electorales —muy personales, en algunos casos— sobre la base de dimes y diretes. Y no están solos. Los acompañan periodistas y opinadores —si es que todavía existen esos oficios— que también parecen moverse al ritmo del desespero por los “me gusta” y las visualizaciones.
Varias veces he estado cerca de pensar que esta conducta es propia de la naturaleza humana. Pero corrijo inmediatamente mi debilidad hobbesiana y dejo lugar a mi convicción rousseauniana. Al final, termino pensando que estos “likeadictos” del Pacto Histórico no han logrado escapar de los vicios burgueses. Están lejos de ser sujetos de transformación y no pasan de ser, a lo sumo, pequeñoburgueses con cierta sensibilidad social.
Pero hay algo más profundo. Esta gente, siempre próxima al paroxismo, ha hecho del adjetivo descalificador su principal “argumento”. Se les dificulta analizar una situación sin concluir con un calificativo peyorativo o, peor aún, con una sentencia condenatoria. ¿Acaso esta conducta no es un rezago inconsciente del punitivismo burgués?
Llevo algún tiempo reflexionando sobre esto y he llegado a una conclusión: la adjetivación —me refiero, por supuesto, al adjetivo descalificador y ofensivo— está profundamente arraigada en nuestra cotidianidad. Tan arraigada que parece difícil imaginar una conversación política o incluso una relación cotidiana sin recurrir a ella. Acusamos antes de comprender. Descalificamos antes de escuchar. Sentenciamos antes de indagar. Y quizá ahí radique buena parte del problema. Porque cuando el adjetivo sustituye al argumento, dejamos de analizar al otro para convertirlo en una categoría. Ya no importa qué hizo, por qué lo hizo, qué circunstancias rodearon su decisión o si actuó de buena o mala fe. Basta con encontrar la palabra “adecuada”: traidor, vendido, corrupto, oportunista. Una vez pronunciada, la palabra parece resolverlo todo.
El problema se vuelve mayor cuando esta práctica proviene de quienes se presentan como dirigentes de un proyecto de transformación social. Quien pretende transformar la sociedad debería empezar por transformar también las formas de relacionarse con ella y con quienes la integran. La dirigencia del Pacto Histórico, precisamente por eso, debería ser referente de otras prácticas. No porque sus integrantes sean infalibles —nadie lo es—, sino porque la transformación que proclaman también debería expresarse en la manera de debatir, disentir y juzgar. La no adjetivación, por tanto, no debería ser solamente una regla para la política. Debería ser una actitud frente a la vida.
Intentemos analizar sin sentir la necesidad de llegar inmediatamente a una sentencia definitiva. Pensemos antes de acusar. Indaguemos las posibles razones de una conducta. Escuchemos antes de condenar. Presumamos la buena fe mientras no existan razones suficientes para presumir lo contrario. Y, sobre todo, aprendamos a distinguir. No es lo mismo equivocarse por descuido que tomar una decisión políticamente errada sin mala fe. Y ninguna de esas conductas puede equipararse, sin más, con la traición. Son categorías distintas y requieren respuestas distintas. Una cosa merece reproche, discusión y aprendizaje. La otra, cuando realmente se demuestra, puede exigir la sanción más severa.
Por eso, en lo personal, y a pesar de las diferencias y debates políticos que pueda tener con el Partido Comunista Colombiano, no podría considerar a Gabriel Becerra y a sus copartidarios traidores de los intereses de las víctimas del conflicto interno. Cometen errores, como todos los mortales —porque lo comunista no quita lo mortal—. Y seguramente habrá en la historia de esa colectividad episodios en los que algunos de sus militantes hayan traicionado su causa. Pero señalar a alguien como traidor sin pruebas suficientes no solo es injusto. También es irrespetar la historia de lucha de una colectividad.
Quizá de eso se trate, finalmente, la política: de aprender a distinguir entre el error y la traición, entre la crítica y la condena. Y, sobre todo, de recordar que ningún adjetivo puede sustituir un argumento.
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