Por Edwin García Maldonado
No había querido escribir sobre este tema por respeto a las víctimas del suceso ocurrido el pasado 10 de agosto. Sin embargo, decidí romper mi autocensura para plantear algunas reflexiones motivadas, sobre todo, por el ruido que me produce la expresión “desastre natural” para referirse a un fenómeno ciertamente natural que genera consecuencias perjudiciales para la vida humana.
No me convence esa denominación. Un terremoto, una inundación o un deslizamiento son fenómenos naturales; el desastre, en cambio, no necesariamente lo es. Sus consecuencias dependen, en buena medida, de cómo las sociedades ocupan, planifican y transforman el territorio. Por eso, muchas veces, el desastre es más humano que natural.
A propósito del sismo que afectó fuertemente al occidente de Colombia, han surgido preguntas que no deberían quedar sepultadas entre los escombros. En Cali, una de las ciudades más afectadas, académicos y expertos han encontrado que la distribución de los daños estuvo relacionada con las características del suelo y con factores como la altura, el sistema estructural y la antigüedad de las edificaciones. La ciudad, además, contaba desde 2005 con un estudio de microzonificación sísmica que identificaba diferencias en el comportamiento de sus suelos y escenarios de mayor vulnerabilidad.
Las responsabilidades las tendrán que establecer las investigaciones técnicas y,
eventualmente, las autoridades competentes. Pero es necesario formular las preguntas correctas. ¿Se ha planificado la ciudad de acuerdo con las características de sus suelos? ¿Se han utilizado adecuadamente los estudios existentes? ¿Se han aplicado y controlado las normas de construcción? ¿Por qué algunas edificaciones resultaron gravemente afectadas mientras otras, incluso muy próximas, permanecieron en pie? La respuesta a esas preguntas no puede reducirse, entonces, a aceptar el terremoto como una fatalidad inevitable.
El problema tampoco es exclusivo de Cali. Buena parte de las ciudades colombianas han crecido bajo modelos de planificación que no siempre responden a las condiciones reales de los territorios y que, además, suelen ignorar el conocimiento de quienes los han habitado históricamente.
A ello se suma una dimensión social que resulta imposible ignorar. La planificación urbana reproduce, con frecuencia, las desigualdades económicas mediante la segregación territorial. Mientras determinados sectores de la población pueden acceder a espacios urbanos dotados de infraestructura y condiciones adecuadas, las familias más pobres terminan relegadas a zonas periféricas o de riesgo, muchas veces mediante procesos de ocupación informal.
En ambos extremos opera una misma lógica: el territorio se convierte en mercancía. Allí donde existe capacidad de pago, se construye y se urbaniza; donde no la hay, la población ocupa los espacios que quedan disponibles, incluso cuando son peligrosos. Cuando la urbanización es informal, el problema es mayor: ni siquiera existe, en muchos casos, un acompañamiento técnico básico. Así se configura una ciudad vulnerable, donde las desigualdades sociales y económicas se
encuentran con la fragilidad física del territorio. Los fenómenos naturales solo activan una vulnerabilidad que ya estaba allí. No son, entonces, simples “desastres naturales”: son tragedias en cuya magnitud también intervienen decisiones políticas, administrativas y económicas.
Y cuando esas decisiones están determinadas por la rentabilidad antes que por la seguridad y la vida humana, cabe decirlo sin eufemismos: el capitalismo constituye el verdadero desastre. La alternativa pasa necesariamente por una verdadera gestión del riesgo. Gestionar el riesgo no significa únicamente atender la emergencia después de que ocurre; significa, ante todo, conocerlo, preverlo y prevenirlo. Y allí existe una enorme deuda.
La planificación del territorio debe abrirse democráticamente, de manera que las decisiones no queden determinadas exclusivamente por los intereses del capital inmobiliario y comercial. Las comunidades deben tomar las decisiones, acompañadas por el conocimiento técnico y científico. Solo así será posible construir ciudades menos vulnerables y reducir las consecuencias de fenómenos naturales que, por sí mismos, no tienen por qué convertirse en tragedias humanas.
También debemos preguntarnos por la capacidad real del Estado y de los organismos encargados de atender las emergencias. Resulta inadmisible que quienes están llamados a proteger la vida tengan que enfrentar carencias elementales para cumplir su labor. Si, como han señalado algunos integrantes de organismos de socorro, deben prestarse entre ellos uniformes y botas o asumir de su propio bolsillo los costos de capacitación, estamos ante una expresión más de la precariedad con que el país aborda la gestión del riesgo.
Después de cada catástrofe aparece, además, una aparente solidaridad del sector financiero mediante créditos y “alivios” para los afectados. Sin embargo, lo que existe es un negocio alrededor de la reconstrucción y de las nuevas necesidades de endeudamiento que surgen después de una tragedia. La reconstrucción puede convertirse así en una nueva oportunidad de rentabilidad mientras las familias afectadas asumen las consecuencias económicas de haberlo perdido todo.
Por eso, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto existe un verdadero incentivo para transformar de raíz un modelo de planificación urbana que reduzca los riesgos cuando alrededor de la tragedia también se mueven importantes intereses económicos. Porque si la desgracia produce pérdidas para unos y nuevas oportunidades de negocio para otros, el sistema siempre encuentra la manera de ganar: con sello gana y con cara no pierde.
Quizá sea hora, entonces, de abandonar la cómoda expresión “desastre natural”. Los terremotos no los podemos evitar. Pero sí podemos decidir qué ciudades construimos, dónde las construimos, para quién las construimos y bajo qué criterios. Y, sobre todo, debemos exigir responsabilidades a quienes gobiernan, planifican, regulan y permiten que los intereses económicos prevalezcan sobre la seguridad y la vida humana.
La naturaleza puede desencadenar el fenómeno; pero son los intereses económicos y las decisiones del poder político las que lo convierten en desastre.
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