Por Edwin Manuel García Maldonado
La situación del Pacto Histórico es preocupante. Crisis de liderazgo, ausencia de iniciativa política, escasa producción teórica, fraccionamiento, desconexión con la gente del común y una democracia interna cada vez más reducida a prácticas clientelares son síntomas que ya no pueden ignorarse. Quienes tenemos la convicción de que es necesario transformar el país haríamos mal en disimularlos.
Durante un tiempo, algunos esperamos que el Pacto encontrara los mecanismos para organizarse y corregir sus errores. Pero después de una campaña parlamentaria que no produjo las mayorías esperadas, de una campaña presidencial con serias dificultades y de la ausencia de espacios formales de autocrítica, ese tiempo parece haberse agotado. Señalar estas dificultades no debería interpretarse como una conducta contra el Pacto. Por el contrario: si existe la intención de preservar y fortalecer un proyecto político transformador, resulta indispensable discutir con franqueza aquello que no está funcionando. De lo contrario, los esfuerzos y la confianza de sus bases terminarán dilapidándose.
Hay, desde luego, diferentes maneras de interpretar esta crisis. Algunas miradas concentran la responsabilidad en la conducta de su principal dirigente, el expresidente Gustavo Petro. Es evidente que existen decisiones y episodios que deben ser examinados críticamente. Los casos de Olmedo López, Ricardo Roa o Juliana Guerrero, entre otros, forman parte de esa discusión. Pero reducir el problema a Petro sería insuficiente. A mi juicio, esos episodios son más bien la expresión de problemas organizativos y políticos de mayor alcance.
El problema de fondo es el predominio del sentido común burgués en el Pacto Histórico. Algunos de sus máximos y máximas dirigentes no logran desprenderse de prácticas políticas que contradicen su pretensión transformadora. Entre ellas están el personalismo, el individualismo, la competencia interna y la búsqueda de posiciones de poder como fines en sí mismos. Es hora de preguntarnos si las pretensiones personales deben privilegiarse cuando se forma parte de un proyecto que afirma tener como horizonte la transformación social.
Con frecuencia se argumenta que tener aspiraciones personales es legítimo y que la dimensión individual no puede desaparecer de la actividad política. Tengo serias dudas al respecto. Pero lo que sí considero con firmeza es que una cosa es reconocer la individualidad y otra muy distinta convertir el interés personal en criterio para tomar decisiones colectivas. Si el proyecto pretende cuestionar las lógicas neoliberales que han hecho del individualismo una regla de conducta, resulta difícil comprender por qué esas mismas lógicas deberían reproducirse dentro de la organización política que pretende transformarlas. No es una discusión exclusivamente teórica, porque sus consecuencias son concretas.
Si la defensa del proyecto personal se convierte en un principio aceptable para la acción política, ¿con qué autoridad se cuestionan después las decisiones discrecionales de otros dirigentes? ¿Cómo criticar que se nombren personas sin el perfil o la experiencia necesarios para determinadas responsabilidades si, al mismo tiempo, se considera legítimo hacer exactamente lo mismo cuando la decisión favorece a los propios círculos? Ese doble rasero constituye uno de los problemas que más daño pueden hacerle a una organización política.
En el Pacto Histórico no son pocos los dirigentes que, a punta de contratación y consecución de empleos, se rodean de grupos de confianza, aduladores o incondicionales. En muchos casos, las relaciones personales terminan pesando más que los procedimientos democráticos, la experiencia o el mérito a la hora de definir responsabilidades.
La pregunta, entonces, no es solamente quién toma una decisión, sino cómo se toma. ¿Qué instancia democrática definió, por ejemplo, quiénes debían asumir responsabilidades fundamentales en la campaña presidencial de Iván Cepeda? ¿Cuánto pesan la experiencia, la capacidad y el reconocimiento de las bases, y cuánto pesa la cercanía personal con quien tiene la capacidad de decidir?
No son preguntas menores. Tampoco son exclusivas de una persona o de una campaña determinada. Son preguntas sobre la cultura política que se está construyendo dentro del Pacto Histórico.
Cuando las relaciones políticas se tejen a partir de favores laborales y clientelismo, se crea una especie de servilismo y subordinación cercanas a la humillación, que termina debilitando la autonomía de quienes se someten a ellas. Y cuando esas relaciones se reproducen en distintos niveles, aparecen pequeñas estructuras de poder que terminan funcionando como compartimentos cerrados. Allí se explica, en buena medida, la dificultad para construir una democracia interna efectiva.
El resultado es paradójico: una organización que nació alrededor de la promesa de ampliar la participación política puede terminar reproduciendo, en su interior, algunas de las mismas prácticas de concentración del poder —o micropoderes— que cuestiona en la sociedad.
Por eso, la discusión sobre la democracia interna no puede reducirse a la realización periódica de elecciones, congresos o consultas. Una organización puede tener procedimientos formalmente democráticos y, al mismo tiempo, mantener estructuras de decisión profundamente concentradas. La verdadera democracia interna supone algo más exigente: que las bases puedan deliberar, incidir, controvertir y participar de manera permanente en las decisiones que definen el rumbo colectivo.
En este punto encuentro una de las principales debilidades actuales del Pacto. La organización parece haber perdido capacidad para producir iniciativa política propia y corre el riesgo de convertir la actividad interna en una carrera desesperada por likes, en una disputa permanente por candidaturas y posiciones de poder. De continuar esa dinámica, puede terminar debilitando incluso los avances que ha conseguido.
El desafío, por tanto, no consiste simplemente en cambiar algunos nombres o redistribuir algunas cuotas. Se necesita una discusión más profunda sobre el tipo de organización política que se quiere construir. Si el Pacto Histórico mantiene la voluntad de ser un proyecto de transformación del país, tendrá que revisar seriamente aquellas prácticas que contradicen esa pretensión. Esto implica una reflexión individual, por supuesto, pero también exige reglas y una modificación de la cultura organizativa. No basta con pedirles a los dirigentes que sean mejores personas si las estructuras internas continúan premiando el personalismo, el amiguismo y la subordinación.
La promoción de dirigentes debería responder a una política de cuadros seria, transparente y estructurada. Las responsabilidades no deberían asignarse simplemente a quienes generan confianza personal, sino a quienes demuestren capacidades, experiencia y compromiso. El mérito no puede ser una palabra reservada para criticar a los demás; debe convertirse en un principio aplicable también a quienes hacen parte del propio proyecto.
Pero hay algo todavía más importante: las bases deben recobrar un papel central y recuperar la política como construcción colectiva. La oxigenación política y organizativa no llegará desde las direcciones. Tendrá que surgir de quienes sostienen el proyecto en los territorios, de quienes participan en las organizaciones sociales y de quienes han depositado en el Pacto una expectativa de transformación. Para ello se necesitan espacios permanentes de deliberación y decisión, no solamente mecanismos para elegir candidaturas o votar en congresos. De lo contrario, la democracia interna seguirá siendo una formalidad destinada a legitimar decisiones previamente tomadas por pequeños grupos.
El primer congreso del Pacto Histórico será, en ese sentido, una oportunidad importante. Pero su valor dependerá menos de la solemnidad del escenario que de la capacidad real de abrir la discusión, permitir la controversia y reconocer que las bases no están llamadas simplemente a ratificar decisiones, sino a participar en su construcción. Esto será posible en la medida que se apliquen metodologías apropiadas para tales fines.
El Pacto sigue necesitando mirarse al espejo para reconocer las contradicciones entre el proyecto que proclama y algunas de las prácticas que ha venido reproduciendo. Necesita discutir el personalismo, el amiguismo, la concentración de decisiones y la ausencia de mecanismos eficaces de deliberación. Y necesita hacerlo antes de que esas prácticas terminen convirtiéndose en una cultura política difícil de modificar.
La historia de los procesos de transformación política enseña que las organizaciones no se debilitan únicamente por sus adversarios. También pueden hacerlo cuando dejan de examinar críticamente sus propias prácticas. Por eso, esta crítica no pretende cerrar una discusión, sino abrirla. El Pacto Histórico necesita una autocrítica que permita revisar las formas de ejercer el poder, de escoger dirigentes y de relacionarse con sus propias bases. Si todavía existe la voluntad de transformar el país, esa discusión no puede seguir aplazándose.
Síguenos en nuestras redes:
Facebook: columnaabiertaweb
Instagram: columnaabierta/
TikTok: @columna_abierta
