Por Julio da Silveira Moreira*
La migración transforma la vida de quienes parten, sin borrar sus vínculos con el país de origen. Muchos brasileños mantienen relaciones estrechas con sus familiares y comunidades en el país mientras construyen su vida en el exterior. Las asociaciones y redes comunitarias también brindan apoyo a quienes llegan y organizan reivindicaciones por sus derechos. Estas perspectivas ayudan a comprender que quienes viven fuera no están apartados de la sociedad brasileña, pues participan en más de un espacio social y político.
El comportamiento electoral de la diáspora brasileña evidencia que la opción por candidaturas de izquierda se encuentra estrechamente articulada con el activismo comunitario y el compromiso con la transformación social. A través del denominado transnacionalismo político “desde abajo”, los emigrantes movilizados por agendas progresistas buscan mantener un vínculo activo con su país de origen, impulsados por la defensa de los derechos humanos, la reducción de las desigualdades socioeconómicas y la promoción de políticas públicas inclusivas (Frizzo; Mascitelli, 2020). Asimismo, la vivencia cotidiana en sociedades receptoras que garantizan altos niveles de bienestar e igualitarismo fortalece la afinidad con plataformas políticas orientadas a la justicia redistributiva y a la protección de las poblaciones más vulnerables (Marques; Simões; Oliveira, 2024).
Por otra parte, la inclinación al voto por opciones de derecha en determinados segmentos de la diáspora se encuentra vinculada a contextos de mayor vulnerabilidad social, aislamiento cultural y dinámicas de alienación política en los países de acogida (Frizzo; Mascitelli, 2020; Marques; Simões; Oliveira, 2024). En regiones como América del Norte y Asia, caracterizadas por una alta proporción de migrantes insertos en empleos precarios o en situación de irregularidad documental, la desconexión con los debates públicos de la patria de origen genera un electorado más permeable a discursos individualistas y de ley y orden (Rodrigues, 2024). Asimismo, las barreras lingüísticas y la segregación social alimentan visiones ideales sobre la meritocracia y el éxito económico, favoreciendo la adhesión a plataformas conservadoras que prometen seguridad frente a la inestabilidad y el desarraigo experimentados en la cotidianeidad del proceso migratorio.
El comportamiento electoral de la diáspora brasileña evidencia que la opción por candidaturas de izquierda se encuentra estrechamente articulada con el activismo comunitario y el compromiso con la transformación social (…) la inclinación al voto por opciones de derecha en determinados segmentos de la diáspora se encuentra vinculada a contextos de mayor vulnerabilidad social, aislamiento cultural y dinámicas de alienación política en los países de acogida
Durante la crisis política de 2015 y 2016, la comunidad brasileña en el exterior protagonizó una movilización transnacional inédita al organizarse en diversas ciudades del mundo en contra del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, proceso caracterizado en la literatura especializada como un golpe parlamentario. Diversos grupos de emigrantes salieron a las calles en países de Europa, América y Oceanía para denunciar la ruptura constitucional, rechazando las medidas de austeridad, el congelamiento del gasto público y los retrocesos en los derechos laborales que afectaban a las clases populares (Frizzo; Mascitelli, 2020). Estas manifestaciones, articuladas mediante redes digitales y difundidas por la prensa internacional, marcaron la transición de una diáspora tradicionalmente distante hacia un actor visible de denuncia y resistencia democrática desde el extranjero.
La trayectoria migratoria puede incluir situaciones de vulnerabilidad, como la explotación laboral, la detención y la deportación. En Estados Unidos, datos gubernamentales divulgados por la prensa registraron la detención de 157 menores brasileños en 2025 (Boldrini, 2026). El dato muestra cómo las políticas migratorias del país de residencia pueden afectar directamente a las familias brasileñas.
Las redes comunitarias brindan apoyo, pero la protección de los brasileños en el exterior también depende de la actuación del Estado y de las decisiones políticas que se toman en Brasil. Es necesario preguntarse qué condiciones ofrece el Estado brasileño a sus ciudadanos fuera del país y qué proyecto político está en mejores condiciones de defender sus derechos y su dignidad.
El gobierno de Donald Trump intensificó las políticas de persecución contra los migrantes. Su administración buscó acelerar las deportaciones sin garantizar a las personas afectadas una oportunidad efectiva para impugnar su expulsión ni los riesgos de ser enviadas a terceros países. El efecto político trasciende las fronteras estadounidenses: cuando el gobierno de una potencia presenta a los migrantes como una amenaza y trata sus derechos como obstáculos, respalda a fuerzas que defienden medidas similares en otros países. Así, la política de Trump contribuye a consolidar un patrón global de negación de derechos y debilitamiento de las garantías de protección de las personas migrantes.
En Minneapolis, las operaciones federales del ICE extendieron el miedo a las detenciones y a las separaciones familiares por los barrios donde vivían comunidades migrantes. Los residentes respondieron organizando redes de alerta y seguimiento de las acciones de la agencia. También crearon formas de ayuda mutua para atender las necesidades inmediatas de las familias y proteger a los niños ante el riesgo de detención. Renée Good y su esposa observaban las operaciones y usaban silbatos para alertar a sus vecinos; Alex Pretti murió cuando intentó socorrer a una mujer derribada por agentes. La actuación de estas personas muestra cómo la respuesta comunitaria se convirtió en parte de la defensa cotidiana frente a la ofensiva del ICE. El gobierno intentó criminalizar estas iniciativas, pero ellas sostuvieron formas de protección colectiva ante la amenaza de deportación (Moreira; Pérez-Bustillo, 2026).
Por su parte, los vuelos de deportación son cada vez más numerosos y muestran cómo la política de Trump convirtió la deportación en una operación de gran escala y casi diaria. Una investigación de The Guardian identificó más de 1.700 vuelos de una empresa contratada por el ICE en unos cien días, incluidos traslados de detenidos dentro de Estados Unidos y vuelos de deportación a otros países (Singh; Craft, 2025). En el caso brasileño, la Policía Federal registró 37 vuelos chárter y 3.526 personas deportadas en 2025 (TNOnline, 2026). Las críticas se centran en la escala de la operación y en el trato dado a las personas deportadas. Es habitual que brasileños viajen esposados e inmovilizados durante los vuelos (Reuters, 2025).
El Estado brasileño carece de jurisdicción para interferir directamente en la aplicación de las leyes migratorias de terceros países, pero tiene la obligación y la prerrogativa de brindar protección diplomática y asistencia consular a sus nacionales, especialmente en contextos de vulnerabilidad, detención, deportación o violación de derechos humanos. Conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y al marco de garantías reconocido en la Nueva Ley de Migración (Ley nº 13.445/2017), la función consular abarca la salvaguardia de los intereses del Estado y de sus ciudadanos, la facilitación de su representación ante las autoridades locales y el auxilio ante emergencias o vacíos de protección jurídica. Para responder a la complejidad de una diáspora que supera los 4,9 millones de personas, la acción protectora ha debido trascender la burocracia tradicional para incluir negociaciones políticas bilaterales y operaciones humanitarias extraordinarias en favor de las comunidades en el extranjero.
En este marco, el fortalecimiento estructural de la red consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) constituye una política pública indispensable de protección social e inclusión cívica. Ello exige adecuar el presupuesto y el personal a la distribución geográfica real de la población emigrante, consolidar herramientas de alcance como los consulados itinerantes para atender zonas alejadas y simplificar los trámites administrativos críticos para la obtención de pasaportes e identificación. Asimismo, resulta fundamental la articulación con los Consejos de Ciudadanos, el Consejo de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE) y las organizaciones comunitarias, cuya mediación ha demostrado ser determinante para impulsar acuerdos bilaterales de regularización migratoria, brindar asistencia jurídica y defender los derechos de la población indocumentada. La capacidad operativa de la red consular depende directamente de los recursos asignados, la planificación logística y la prioridad política otorgada a la ciudadanía transnacional.
Se necesita soberanía para proteger los derechos
La soberanía nacional es la capacidad del país para decidir su rumbo sin subordinar el interés público a las conveniencias de gobiernos extranjeros. También se expresa en la defensa de los derechos de los brasileños dondequiera que estén y en la disposición a actuar en su favor frente a presiones externas. Para quienes viven en el exterior, esto significa poder contar con un Estado que represente a sus ciudadanos y asuma su protección como una responsabilidad permanente.
El gobierno de Jair Bolsonaro dio reiteradas muestras de desprecio por los intereses soberanos del país. En 2019, retiró a Brasil del proceso de implementación del Pacto Mundial para la Migración. Años después, sus hijos llevaron a Washington disputas políticas brasileñas. Eduardo Bolsonaro buscó apoyo estadounidense para imponer sanciones a autoridades brasileñas durante el proceso contra su padre. En 2026, Flávio Bolsonaro pidió a Estados Unidos que aplazara la aplicación de los aranceles propuestos contra Brasil hasta después de las elecciones. Estos episodios revelan a una familia dispuesta a recurrir a la presión de una potencia extranjera en favor de sus propios objetivos políticos, exponiendo la autonomía del país y los intereses de la población a esas disputas.
La elección de 2026 también implica decidir qué proyecto político debe conducir Brasil. Es necesario fortalecer a quien afirma la autonomía nacional y asume la defensa de los derechos de los brasileños en el exterior como un compromiso de Estado. Está en juego la capacidad del país para formular su política exterior sin subordinación y representar a sus ciudadanos dondequiera que vivan.
En 2022, alrededor de 697.000 brasileñas y brasileños estaban habilitados para votar fuera del país, y 298.169 acudieron a las urnas, aproximadamente el 42 % del electorado registrado. Para 2026, el TSE informó que más de 918.000 electores están habilitados para votar en el exterior.
Las elecciones recientes de América del Sur muestran cómo los márgenes estrechos pueden hacer que cada voto sea relevante. En Perú, la diferencia oficial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez fue de apenas 49.641 votos, y los votos en el exterior fue decisivos para la victoria de Fujimori. El Colombia han pasado situaciones similares. Esto refuerza la importancia política de la participación de comunidades brasileñas dispersas en distintos países.
La condición de los brasileños en el exterior debe formar parte del debate sobre el futuro de Brasil. Su defensa exige una red consular activa y un Ministerio de Relaciones Exteriores capaz de negociar con autonomía. Con este criterio, debe ganar fuerza un proyecto político que vincule la soberanía nacional con la protección de quienes viven fuera del país. La participación en las urnas puede fortalecer este compromiso, que también depende de exigir políticas públicas dirigidas a los brasileños en el exterior.
La movilización social y la construcción de la Ley de Migración
La condición de los brasileños en el exterior también requiere una política migratoria integral. Es necesario apoyar a quienes enfrentan procesos de deportación y preparar respuestas para el retorno, incluido el acceso a documentación, servicios públicos y oportunidades de reinserción. La asistencia debe ser continua, con información preventiva y canales regulares de orientación antes de que una crisis alcance repercusión pública. La experiencia migratoria es diversa, y las políticas adecuadas deben tener en cuenta las diferencias de género, raza, clase, situación documental, responsabilidades familiares y país de residencia.
La Ley n.º 13.445/2017 fue resultado de un proceso que reunió elaboración técnica, debate parlamentario y movilización de migrantes y organizaciones de la sociedad civil. En 2013, el Ministerio de Justicia creó una comisión de especialistas para formular un anteproyecto de ley sobre migraciones y derechos de los migrantes. En 2014, la primera Conferencia Nacional sobre Migraciones y Refugio, la COMIGRAR, reunió propuestas elaboradas en 202 etapas preparatorias, con alrededor de 5.000 participantes. Hubo conferencias convocadas por gobiernos y encuentros libres organizados por entidades de la sociedad civil y universidades. A este proceso se sumaron otros espacios de debate, como el Foro Social Mundial de las Migraciones, los diálogos en el Consejo Nacional de Inmigración y las audiencias realizadas durante el trámite legislativo.
El proyecto se tramitó en el Senado como PLS n.º 288/2013, pasó a la Cámara como PL n.º 2.516/2015 y fue aprobado en 2017 como Ley n.º 13.445. La nueva ley derogó el Estatuto del Extranjero, de 1980, instituido durante la dictadura militar y marcado por la lógica de la seguridad nacional. Entre los principios del nuevo marco están la no criminalización de la migración, el rechazo a la xenofobia y la protección de los brasileños en el exterior. La aprobación representó un cambio importante, aunque los vetos y las disputas en torno a la reglamentación limitaron algunas expectativas de los movimientos sociales.
El Pacto Mundial para la Migración y la elección de política exterior
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue adoptado en Marrakech en diciembre de 2018 y respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Brasil apoyó el proceso ese año. El instrumento es un marco de cooperación política no vinculante, cuyos objetivos incluyen reducir las vulnerabilidades durante la migración, combatir la trata de personas, ampliar el acceso a documentos y servicios, proteger los derechos laborales y fortalecer la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino. El propio Pacto afirma que respeta la soberanía de los Estados y las obligaciones ya asumidas en el Derecho Internacional.
En enero de 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro anunció que Brasil retiraba su apoyo al Pacto y dejó de participar en las iniciativas relacionadas con su implementación. Esta decisión tuvo un profundo significado político: alejó a Brasil de un espacio multilateral dedicado a la cooperación sobre migración y adoptó una retórica que presentaba la migración como una amenaza a la soberanía. La contradicción es relevante para los brasileños en el exterior, pues la cooperación internacional no elimina la autonomía de los Estados; puede ser precisamente un medio para proteger a sus nacionales y defender sus intereses frente a decisiones tomadas por otros países.
En enero de 2023, el gobierno de Lula comunicó oficialmente la reincorporación de Brasil al Pacto. Itamaraty vinculó esta decisión con el compromiso de proteger y promover los derechos de los brasileños que viven en el exterior. Este retorno recuperó una posición de cooperación internacional y reconoció que la política migratoria incluye tanto a los brasileños emigrados como a las personas que llegan a Brasil.
En 2026, el voto de los brasileños en el exterior debe ser un voto firme por la democracia y contra el bolsonarismo, que retiró el apoyo de Brasil al Pacto Mundial para la Migración y recurrió a Washington para presionar a las instituciones brasileñas en defensa de intereses familiares, poniendo en riesgo a la economía y a toda la comunidad de brasileños ya sea en Brasil y en el exterior. Quienes trataron la soberanía como moneda de cambio y se apartaron de la cooperación internacional carecen de autoridad para prometer protección. Ante quienes convierten a los migrantes en blanco de persecución y a Brasil en instrumento de sus disputas, la respuesta debe ser política y contundente: más derechos, más protección, más compromiso social, más defensa soberana de los ciudadanos.
* Profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Doctor en Sociología con estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Sociología de las Migraciones; licenciado en Derecho por la UFG y posdoctor en Filosofía. Coordina el Grupo de Investigación sobre Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y Descolonización del Derecho e integra al Tribunal Internacional de Consciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM).
Referencias
BOLDRINI, Angela. U.S. immigration detained 157 Brazilian minors in 2025. Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 feb. 2026. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/world/2026/02/us-immigration-detained-157-brazilian-minors-in-2025.shtml. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
BRASIL. Decreto nº 61.078, de 26 de julio de 1967. Promulga la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Diário Oficial da União: sección 1, Brasília, DF, 28 jul. 1967. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d61078.htm. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Diário Oficial da União: sección 1, Brasília, DF, 25 mayo 2017. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Retorno do Brasil ao Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular. Brasília, DF, 5 ene. 2023. Disponible en: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/retorno-do-brasil-ao-pacto-global-para-migracao-segura-ordenada-e-regular. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar nas Eleições 2026. Brasília, DF, 20 jul. 2026. Disponible en: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Julho/mais-de-158-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-votar-nas-eleicoes-2026. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
FRIZZO, Denise; MASCITELLI, Bruno. Brasileiros no exterior: voto emigrante e participação política. Traducción de Taís Cristine Ernst Frizzo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2020.
MARQUES, Teresa Cristina Schneider; SIMÕES, Bárbara Bruna de Oliveira; OLIVEIRA, Augusto Neftali Corte de. Participação política e voto no exterior: insights da eleição para presidente do Brasil de 2022. Revista de Estudos Internacionais, v. 15, n. 2, p. 121–145, 2024.
MOREIRA, Julio da Silveira; PÉREZ-BUSTILLO, Camilo. Intervenções federais do ICE em Minneapolis (EUA): abolicionismo migrante e estratégias de defesa comunitária. Revista Culturas Jurídicas, Niterói, v. 12, n. 33, p. 33–53, set./dez. 2025. Publicado em: 11 feb. 2026.
REUTERS. Brazil will not use its air force for U.S. migrant deportations. Reuters, 28 ene. 2025. Disponible en: https://www.reuters.com/world/americas/brazil-will-not-use-its-air-force-us-migrant-deportations-2025-01-28/. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
SINGH, Maanvi; CRAFT, Will. Plane to purgatory: how Trump’s deportation program shuttles immigrants into lawless limbo. The Guardian, 10 sept. 2025. Disponible en: https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/sep/10/trump-globalx-airline-deportation-immigration. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
TNONLINE. MG lidera destino de brasileiros deportados dos EUA em 2025; PR é o 10º. TNOnline, 31 ene. 2026. Disponible en: https://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/mg-lidera-destino-de-brasileiros-deportados-dos-eua-em-2025-pr-e-o-10-1061458. Fecha de consulta: 28 sept. 2026.
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