Mucho revuelo causó la semana pasada, tanto en medios de comunicación y redes sociales, el más reciente «encontrón» entre los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, en el marco de la discusión sobre las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, aunque este nuevo episodio pretenda ser mostrado como un conflicto entre dos personas que se encuentran en orillas ideológicas opuestas (muchas veces banalizado por los medios como una suerte de antagonismo dramático propio de las telenovelas), representa sobre todo la lucha de dos proyectos políticos distintos para el país.
Por el lado del «uribismo», como fue evidente, el proyecto está enfocado hacia un avivamiento del conflicto bélico residual (cuya consecuencia más dramática y tangible es la abultada cifra de líderes y lideresas sociales asesinadas) y la reedición de la muy mal llamada «seguridad democrática», todo ello complementado con una estrategia de descalificación y anulación simbólica del contradictor, un lenguaje repetitivo y meramente propagandístico que busca atizar los odios y capitalizar el miedo y la inseguridad de la población, especialmente urbana.
En contraste, Petro ha optado por la vía argumentativa y el uso de un lenguaje firme pero sereno enfocado a exigir el derecho de los colombianos y colombianas de acceder a la verdad, que es uno de los presupuestos mayores de la JEP. El crudo y violento señalamiento del senador Uribe a su contradictor más incómodo, es prueba del agotamiento de los argumentos de este sector político contra los alcances de la Justicia Especia para la Paz y la posibilidad de la construcción auténtica de memoria y verdad pensada en las víctimas de la guerra.
La confrontación verbal evidencia, por supuesto, esa manida polarización de la que han echado mano -también de forma abusiva y sin matices, reducida, caricaturizada- tanto medios de comunicación como sectores políticos interesados en desconocer el valor de la diferencia y la posibilidad de sus expresiones.
No obstante, al contrario de lo que se ha pretendido imponer en la «opinión pública», creemos que la polarización debe ser entendida como un síntoma de buena salud de la democracia, pues permite la posibilidad del disenso ante un proyecto social, económico y cultural unívoco y totalista, como el que pretende imponer el gobierno, aupado por el uribismo.
En otras palabras, lo ocurrido la semana pasada es una demostración de que efectivamente existe una polarización que, antes que ser condenada, debe vislumbrarse como posibilidad de existencia de la diferencia. Lo contrario significaría la adhesión más o menos cerrada a un proyecto de nación impuesto por el sector político mayoritario, en este caso el uribismo. Está claro que, más que defender su propio proyecto sociopolítico, el uribismo y la élite empresarial en Colombia han cerrado filas ante la posibilidad de que el progresismo se convierta en alternativa real de poder.
«el objetivo principal de la política antidemocrática -dice Zizek- es y siempre ha sido, por definición, la despolitización, es decir, la exigencia innegociable de que las cosas «vuelvan a la normalidad», que cada cual ocupe su lugar…» (Zizek 2012: 26).
Lo más condenable de las desafortunadas declaraciones del senador Uribe radica en su preferencia manifiesta por la guerra antes que por el ejercicio de la política, reiterando su estrategia de criminalización del disenso y el solapamiento de las oscuras maniobras de las élites económicas y políticas del país para ampliar y mantener sus beneficios (Odebrecht, Reficar, etc.). La guerra no solo es un buen negocio sino, además, una efectiva cortina de humo para ocultar los debates y evitar que la verdad salga a la luz. Evitar, en suma, que hablen y se escuche la voz de aquellos que han debido afrontar las nefastas consecuencias de las decisiones de gobierno.
Al fin y al cabo, y citando nuevamente al filósofo esloveno,
«Cuando los «excluidos» (…) protestan contra la élite dominante (aristocracia o nomenklatura), la verdadera apuesta no está en las reivindicaciones explícitas (…) sino en el derecho fundamental a ser escuchados y reconocidos como iguales en la discusión». (Ibíd).
Citas:
Slavoj Žižek, En defensa de la Intolerancia, Sequitur, 2012.
Foto: Kobby Mendez / Unsplash
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