Por David Paredes

En los últimos meses ha quedado claro que los procesos de organización social pueden ir más allá de la manifestación y la protesta. Lo visto en las jornadas de movilización y en algunos escenarios de resistencia permanente parece anticipar un proceso que podríamos reconocer como reinvención de las estructuras sociales. Así las cosas, puede sobrevenir un período aún más largo de resistencia, que tomará diferentes formas y rumbos y que precisa de reflexiones en torno a la interacción de las fuerzas sociales implicadas.

¿Hay un punto de llegada?

No basta con resistir, desafiar, doblegar a la policía, tomar una tanqueta; no es suficiente con forzar el retiro de un proyecto y la renuncia de un funcionario, ni con saber que somos muchos y que en las próximas elecciones podríamos cambiar el rumbo del país. No basta con nada de eso ni con la suma de todo. El gran desafío que tenemos como proceso popular es encontrar la forma de derrocar a las élites sin recurrir a la violencia, sin legitimar la acción de sus dispositivos “legales” de control social.

No cabe duda de que es preciso ganar en las urnas, asumir que eso será posible, pero hay que considerar también la posibilidad de que en las próximas elecciones apenas consigamos obstaculizar el proyecto de las élites intrincadas con el narcotráfico y el paramilitarismo (el de los años noventa, el de la primera década de este siglo, el de la gente de bien), que sostienen, a golpe de fusil, un régimen autoritario todavía llamado democracia.

También hay que considerar que este gobierno entregará un país en crisis, y que luego, en los siguientes cuatro años (2022-2026), con la complicidad de fuerzas armadas legales e ilegales, con medios de comunicación venales, con mayorías en el Congreso, con los sectores empresariales público y privado contaminados de clientelismo y potentados para alterar el sistema desde dentro, el uribismo va a sabotear al gobierno alternativo, a paralizarlo, y va a terminar de sumirnos en la incertidumbre social y económica que tomará como trampolín electoral. Durante los años siguientes no dejaremos de oír que la supuesta democracia liberal que ellos promueven es la única alternativa ante los totalitarismos.

De modo que la victoria en las urnas es sólo una parte; no es un fin, sino un medio. No creo estar sumando nada nuevo al debate cuando menciono esto, pero es preciso advertir que, si una presidencia progresista es apenas el puente, debemos definir cuál es el verdadero punto de llegada.

«El Estado no me cuida. Me cuidan mis amigas»

Los procesos de organización comunitaria tienen una intención específica: suplir o complementar a nivel local las funciones del Estado; en el caso colombiano, reemplazar a las instituciones excluyentes encabezadas por parapolíticos, banqueros, ganaderos, narcotraficantes, despojadores y acaparadores de tierras, detractores de la diversidad y la equidad, promotores del modelo patriarcal-autoritario, etcétera.

Puede parecer que este proceso es ambicioso y que redundará en caos, pero hemos venido adelantándolo de forma espontánea, con acciones pequeñas y grandes, específicas y generales, todas encaminadas a mitigar la inoperancia, la insuficiencia o la desviación perversa de las instituciones estatales. Porque se supone que el Estado es la entidad que sostenemos entre todos para que administre la riqueza pública y atienda las necesidades naturales y emergentes de la población, pero ¿qué es, por ejemplo, una “donatón”, si no la creación de un presupuesto temporal y paralelo, diferente al que administran los encargados de la hacienda pública? Donatón para Mocoa tras una avalancha, para Providencia tras el huracán, para las personas en situación de desplazamiento del pacífico nariñense, donatón para asistir a las personas que fueron heridas por el ESMAD y se encuentran en proceso de recuperación, donatón para que los niños y las niñas puedan tener un computador y asistan a clases virtuales durante la cuarentena…

¿Quién, si no lo hace la misma comunidad o alguna organización no gubernamental, sostiene económica, logística y organizacionalmente las brigadas de primeros auxilios que brindan atención en medio de las manifestaciones? Y ¿quién, si no lo hace un grupo de personas del común, recolecta, administra, prepara y distribuye alimentos? En fin. Hay colecta ciudadana para cualquier proceso de ayuda humanitaria de emergencia mientras se esfuman billones de pesos por la corrupción, la sobrecarga burocrática o la inoperancia, y mientras la tierra fértil y la riqueza siguen siendo concentradas por los oligarcas.

Hay colecta ciudadana para cualquier proceso de ayuda humanitaria de emergencia mientras se esfuman billones de pesos por la corrupción, la sobrecarga burocrática o la inoperancia, y mientras la tierra fértil y la riqueza siguen siendo concentradas por los oligarcas

Las instituciones del Estado no siempre sirven para regular los asuntos públicos en favor del bienestar común; en cambio, sirven para regularlos en favor del interés privado, es decir, para demorar las investigaciones penales y disciplinarias de congresistas, seguir aplazando el censo rural y legalizar el despojo y la apropiación indebida, o para que prospere el “negocio” del primo de una senadora o para que ciertos productos fluyan sin impuestos por todo el territorio nacional. Bien hacían, entonces, las comunidades que en las primeras semanas de este proceso insurreccional establecieron puntos de control en las carreteras. Garantizaban el paso a los transportadores de alimentos que iban hacia las plazas de mercado y no a aquellos que transportaban los mismos alimentos, procesados e importados, con destino a los almacenes de cadena. Y bien hacían las comunidades que concertaban y establecían lugares y tiempos de mercados campesinos en abierta disputa de espacios con las administraciones municipales.

Es importante que existan cada vez más huertas urbanas para el autoconsumo, pensadas a partir de modelos agroecológicos que impliquen cambiar procesos de explotación por procesos de territorialización. Que existan los fondos de ahorro independiente, las guardias indígenas y civiles, los foros de autodidactas, las redes comunitarias de información y comunicación, porque no se trata de anular las instituciones sociales, sino de refundarlas. Luego dependerá de nosotros refrendarlas, propender por el fortalecimiento de la producción, el comercio y el consumo locales, rechazar los modelos extractivos de explotación y autoritarios de control social.

Los procesos comunitarios de autogestión conciernen a la recuperación de lo público. Esto equivale a recuperar el discurso y los lugares de discusión no sólo en el momento de hacer manifestaciones populares como plantones artísticos y otras vías de hecho; recuperar y habitar los espacios públicos ahora que algunos actores institucionales han decretado que es preciso tener permiso para reunirse, permiso para manifestarse, permiso para permanecer.

Es preciso, pues, suplantar al Estado paramilitar en todos los aspectos que sea posible, no para destruir la democracia, como predica la oligarquía que buenas razones tiene para estar alarmada, sino para construir una democracia más real, para hacer frente a la intensificación del neoliberalismo y para propender por la vida ahora que las instituciones han sido puestas al servicio del crimen y la explotación.

“Sólo el pueblo salva al pueblo”

Si el punto de llegada de todo este proceso insurreccional es la transformación del Estado neoliberal, hay que tener en cuenta, primero, que no sucederá en todo el territorio nacional y mucho menos de golpe, sino en contextos locales específicos, contextos como la comuna 20 de Cali donde, como ha quedado ilustrado en una crónica de la periodista Andrea Aldana, desde hace días o semanas se habla ya de un “subestado”. Allí se instituye el poder popular, un poder defensivo cuya vocación es el cuidado de la vida ante la violencia del paramilitarismo organizado y uniformado, el poder de compartir alimentos con personas y familias que no encontraban la manera de alimentarse, el poder de crear escenarios de educación popular y activismo político, y, sobre todo, el poder de recuperar lo público y administrarlo en congruencia con las necesidades históricamente invisibilizadas.

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