Por Fernando Romero
En estos días se pone de moda un tema cuya importancia socio-económica es fundamental para millones de colombianos y colombianas que empiezan a hacer sus cábalas para el próximo año: el incremento del salario mínimo.
Básicamente, el salario mínimo se ajusta para que, en el año siguiente, este sea suficiente para comprar los artículos de la canasta básica cuyos precios se incrementaron el año anterior; por eso, cuando se aborda este tema, la referencia principal es la inflación del último año. Así que, en primer lugar, encontramos que tal incremento está mal bautizado porque es, más bien, una compensación.
Ahora, el mecanismo general del incremento del salario mínimo es el siguiente: el interés de los empresarios es, literalmente, que los trabajadores y sus familias no mueran directamente de hambre, así que calculan el encarecimiento de la canasta familiar durante el año anterior y, con la complicidad del gobierno, suben los salarios 40 mil pesos para compensar esos precios. Sin embargo, la atención pública no se enfoca en los 40 mil pesos de incremento sino en el 5% al que equivalen y, enseguida, los empresarios trasladan el porcentaje a los costos de todas sus transacciones.
Así, por ejemplo, si el salario mínimo es de 800 mil pesos y hay un incremento del 5%, este salario queda en 840 mil para que el trabajador pague los mismos alimentos y arrendamientos del año anterior. Sin embargo, si un empresario tiene utilidades mensuales de 10 millones y el incremento autorizado es del 5%, consigue un incremento de utilidades de 500 mil pesos, de los cuales utiliza 40 mil para que él y su familia no mueran de hambre, y le sobran 460 mil pesos para soportar el incremento once veces más, como si comiera doce veces al día, lo que le permite, a la larga, cambiar sus vacaciones en Disney por unas vacaciones en Marte.
Así que la discusión económica de fin de año debería alejarse del incremento porcentual del salario mínimo que, aunque es un tema necesario, no es el principal. Si queremos una sociedad equitativa, es el momento de poner sobre la mesa el tema de la regulación de los precios; si el gobierno regula los precios de los productos de la canasta familiar, puede mantener los precios estables de los salarios, lo que quita a la inflación del primer plano económico y, sobre todo, permite que el gobierno deje de hacer cuentas con los bolsillos de su pueblo pobre, para hacerlas, más bien, con el valor industrial nacional que va a parar a la corrupción, a Suiza o a Panamá.