Por Edwin Manuel García Maldonado

Del paro armado y la ausencia estatal

No deja de llamar mi atención que, desde altas esferas del gobierno —tanto local como nacional—, se anuncie con bombos y platillos el “restablecimiento del orden público” en Santa Marta, como si esto fuese un gran logro. Después de varios días de un “paro armado” por parte de un grupo al margen de la ley, las autoridades se ufanan de lo que debería constituir el normal transcurrir de los acontecimientos, demostrando, en realidad, su propio fracaso. No es otra cosa que el reconocimiento de la incapacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en esta ciudad y en la Sierra Nevada.

Pero esta situación no es exclusiva de Santa Marta y sus zonas aledañas. Este fue el turno de Santa Marta, pero antes ocurrió lo mismo en otras ciudades y regiones. Y hoy sucede en muchos lugares del país donde la institucionalidad estatal es débil o prácticamente inexistente y, en su lugar, son grupos de diferente naturaleza los que terminan imponiendo las reglas de la vida cotidiana.

Por eso, al parecer, en Colombia la normalidad consiste en que el orden público y buena parte de la vida cotidiana sean determinados por particulares y no por el Estado. No es descabellado pensar que, con excepción de las zonas céntricas de las grandes ciudades, sean factores ajenos a la institucionalidad estatal los que establezcan las reglas que rigen la vida en sociedad.

Quienes nunca han salido de las burbujas elitistas o de las comodidades de la clase media pueden creer que lo normal en el territorio nacional es el imperio de la ley y la institucionalidad. Nada más alejado de la realidad de buena parte del país.

Lo que ocurre en Colombia ya ha sido diagnosticado: demasiado territorio y poco Estado. Es un problema complejo que puede ser tratado con espectáculos mediáticos y pantomimas —como lo hace el gobierno actual—, pero que jamás podrá resolverse mientras no se atiendan las causas estructurales que lo producen.

Una de ellas tiene que ver con la forma como está organizado el Estado colombiano: un centro desde el cual se pretende que emanen la legalidad, la autoridad y buena parte de las decisiones que deben hacerse efectivas en territorios demasiado extensos y diversos. El resultado es previsible: la institucionalidad tarda demasiado en llegar a muchas zonas del país o, sencillamente, nunca llega.

Esto se traduce en una ausencia efectiva de derechos. Cuando la ley no representa, protege ni reconoce a una población, surgen poderes de facto y formas de regulación al margen de ella. Estos fenómenos no necesariamente se infiltran desde afuera: muchas veces surgen del seno mismo de comunidades a las que el Estado nunca llegó.

Aquellos que conforman los grupos ilegales, a quienes esa misma ley califica como “delincuentes”, son también hijos e hijas de los territorios que la institucionalidad ha dejado atrás. Esto es importante para comprender las dinámicas de violencia y confrontación que viven nuestras regiones. “Bendito Menor” no fue importado desde Irán o Rusia; no era un infiltrado norcoreano ni de la KGB. Era un joven nacido en La Guajira, en un territorio al que el Estado muchas veces solo llega para reprimir a quienes durante generaciones han padecido su abandono.

Esto no constituye una apología de los grupos ilegales. Es, simplemente, un intento por mirar de frente la cruda realidad de nuestros territorios.

Habiéndome criado en un barrio pobre, mi infancia transcurrió al lado de niños y niñas con quienes compartía ilusiones e inocencia. Algunos de ellos hoy deambulan por las calles porque sucumbieron ante las drogas; otros tomaron el camino de la ilegalidad. Conozco el dolor de sus madres y familiares, quienes jamás desearon ese destino para sus seres queridos. Aunque la prensa y las autoridades los presentan muchas veces como seres indeseables, sé que aman, ríen, lloran, sienten miedo, son solidarios y, las más de las veces, cargan con el arrepentimiento de no haber tenido la fuerza necesaria para resistir un destino que la pobreza y la exclusión hicieron más probable.

Por eso considero que la cuestión de las violencias en Colombia no puede resolverse exclusivamente con presencia militar. ¿Cuántos soldados se necesitarían para copar cada barrio popular del país? ¿Cuántos pelotones para controlar la Sierra Nevada? El solo cálculo resulta difícil ante la heterogeneidad de las superficies, la complejidad geográfica, las variables poblacionales y, en el caso de la Sierra, su condición de territorio ancestral. No puede pensarse en un control militar absoluto del territorio. Lo que sí debería pensarse es en dejar de ver a sus habitantes como parias o enemigos y a sus territorios como áreas que deben ser simplemente sometidas.

La situación de Santa Marta y la Sierra Nevada, como la de Barranquilla, el Catatumbo o el Chocó, es expresión de un Estado que tarda demasiado en llegar o que, cuando llega, lo hace de manera insuficiente para resolver las situaciones que enfrenta la población. Y en esos vacíos surgen los “Bendito Menor”.

Todo esto constituye una expresión de la crisis del Estado nacional mirado desde adentro.

La solución, por tanto, debe ser tan profunda como el problema. Colombia necesita replantear la forma como organiza el Estado: volver a armarlo, pero esta vez no desde el centro, sino desde los territorios.

La cuestión no debería ser llevar el Estado hasta cada rincón del país. La cuestión debería ser que cada rincón del país sea Estado.

Ahí está, a mi juicio, una de las claves de la transformación que Colombia necesita: fortalecer el municipio y distribuir efectivamente el poder en las regiones. No se trata simplemente de trasladar oficinas, funcionarios o programas del Gobierno central hacia los territorios. Se trata de reconocer que en los territorios, a través de los municipios, debe encontrarse la primera expresión efectiva del Estado frente al ciudadano: allí deben garantizarse los derechos, resolverse buena parte de los problemas colectivos y construirse ciudadanía.

Esto supone que las comunidades tengan capacidad real de decisión sobre sus propios asuntos y que las funciones legislativas, administrativas y fiscales tengan una dimensión territorial efectiva. Supone, también, que las instituciones puedan responder de manera oportuna a las necesidades, particularidades e idiosincrasia de cada población.

Municipalizar y regionalizar la vida nacional significa, en última instancia, invertir la lógica del Estado colombiano. En lugar de esperar que desde Bogotá se decida qué necesita cada territorio y hasta dónde puede llegar la respuesta institucional, se trata de construir un Estado capaz de escuchar y decidir desde los territorios. Un Estado que no tenga que llegar a cada rincón porque cada rincón tenga capacidad efectiva de producir Estado.

Esto exige, por supuesto, articulación institucional. Pero también exige comprender que la presencia del Estado no puede reducirse a sus expresiones represivas. Educación, salud, justicia, infraestructura, cultura, oportunidades económicas, seguridad y participación política también son formas de presencia estatal. Y son, probablemente, las que permiten construir una institucionalidad más sólida y duradera.

En ese sentido, aunque el experimento de la paz total, con su componente de paz territorial, no haya producido los resultados esperados y sea susceptible de profundas mejoras, considero que la construcción de paz desde los territorios sigue siendo el camino necesario para enfrentar nuestros conflictos. Esto supone dialogar con los actores armados, pero también con los componentes sociales y comunitarios que hacen vida en las zonas de conflictividad. El Estado debe construirse con ellos, no tratándolos como factores despreciables, sino reconociéndolos como actores del territorio que tienen algo que decir y aportar a la democracia, precisamente frente a un Estado que históricamente no los ha representado.

Y esto difícilmente podrá ocurrir si quienes son puestos al frente de esos procesos siguen siendo, también, importados desde el centro hacia las regiones. La paz debe ser encabezada por quienes conocen el territorio y padecen sus conflictos.

Estas situaciones complejas constituyen, al mismo tiempo, una oportunidad para recomponer el camino de un Estado que ha demostrado ser insuficiente para buena parte de sus ciudadanos. Una oportunidad para construir el porvenir sin exclusiones y sin burbujas, con la gente que habita los territorios.

Porque Colombia no es solo Chapinero y Teusaquillo, ni el barrio Paraíso en Barranquilla. Colombia también es Ciudad Bolívar, la Comuna Trece, Tumaco, el Cauca, los Montes de María, la Sierra Nevada y todos esos territorios y sus poblaciones que, aun dos siglos después, no se han incorporado plenamente a esa ficción llamada República de Colombia.

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