Por Edwin Manuel García Maldonado
Dos siglos buscando tutores: anexionismo, dependencia y soberanía
Recientemente, Luis Carlos Vélez, columnista de Semana, celebraba con entusiasmo la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos hiciera sentir toda su fuerza en los rincones del país. En su artículo, titulado «Santa Marta es solo el comienzo», este personaje parecía encontrar motivos de celebración en una eventual intervención militar extranjera, a propósito de una problemática local.
El recurso argumentativo no es novedoso: convertir una dificultad interna en justificación para reclamar la intervención de una potencia extranjera. Tampoco lo es la aspiración de ciertos sectores de las élites colombianas de buscar en Estados Unidos la protección que no encuentran —o que dicen no encontrar— en sus propias instituciones. La injerencia extranjera tiene una larga historia entre nosotros y, en algunos momentos, la subordinación ha llegado a expresarse en propuestas abiertas de incorporación de nuestro territorio a la Unión Americana.
Un breve recorrido por algunos episodios de nuestra historia republicana permite reconocer los antecedentes de esta mentalidad.
Florentino González, uno de los dirigentes liberales más influyentes del siglo XIX, llegó a plantear la posibilidad de incorporar los estados granadinos a Estados Unidos. En su correspondencia con el general Pedro Alcántara Herrán preguntó por la anexión de los «ocho Estados Granadinos» a la Unión Americana y señaló que aquella idea circulaba entre personas influyentes. La anexión aparecía así como una alternativa para garantizar la seguridad y el orden.
Los conservadores tampoco estuvieron al margen de estas aspiraciones. La historiografía ha recogido referencias al entusiasmo de sectores de negociantes antioqueños por la idea de anexar la República a Estados Unidos, como medio de conseguir seguridad, una aspiración que también encontró eco en el entorno político de Mariano Ospina Rodríguez. La inclinación hacia una potencia extranjera, por tanto, no fue patrimonio exclusivo de una corriente política: atravesó sectores distintos de las élites del siglo XIX.
Detrás de estas propuestas había una concepción del país y de su lugar en el mundo: ante las amenazas externas y las dificultades internas, la solución no consistía en fortalecer la autonomía nacional, sino en acogerse a la tutela de una potencia extranjera.
La cuestión no se limitaba a la seguridad militar. También comprendía una determinada concepción del desarrollo económico y del papel que debía desempeñar el país en la división internacional del trabajo. En su libro Rafael Núñez, Indalecio Liévano Aguirre recoge declaraciones de Florentino González que permiten comprender esa perspectiva.
González sostenía que las leyes no debían fomentar industrias que apartaran a los habitantes de la agricultura y la minería. Consideraba que los granadinos no podían competir en las manufacturas con europeos y norteamericanos y que, por tanto, debían concentrarse en la producción agrícola y minera. Su conclusión era explícita: «Debemos ofrecer a la Europa las primeras materias, y abrir la puerta a sus manufacturas».
No se trataba simplemente de reconocer las dificultades económicas de una república naciente. Se defendía una orientación para el desempeño nacional: aceptar la especialización como proveedores de materias primas y consumidores de manufacturas extranjeras, en lugar de asumir el desafío de construir una capacidad industrial propia.
Esta concepción contribuyó a definir el lugar de nuestro país en el mundo: no como una nación llamada a producir conocimiento, industria y autonomía, sino como una economía subordinada a los centros industriales. Mientras proclamábamos la independencia política, algunos de nuestros dirigentes defendían un modelo económico que reproducía la dependencia. Los vínculos comerciales y los capitales extranjeros adoptaron nuevas formas, pero buena parte de las élites nacionales encontró en esas relaciones oportunidades para preservar sus privilegios.
Así se fue configurando una paradoja histórica: conquistamos la independencia formal, pero no logramos desarrollar una autonomía económica y política capaz de sustentarla plenamente. La subordinación no ha sido únicamente una imposición de las potencias extranjeras; ha contado, sobre todo, con la disposición de sectores internos que, por incapacidad de pensamiento propio o por la defensa de sus intereses particulares, han preferido buscar tutores antes que construir un proyecto soberano.
Frente a esa mentalidad, la figura de Simón Bolívar representa una concepción distinta de la independencia. Su proyecto no se limitaba a romper los vínculos con España: aspiraba a que las nuevas repúblicas pudieran decidir su destino y actuar con autonomía en el escenario internacional.
El 12 de octubre de 1818, durante su controversia diplomática con Juan Bautista Irvine, agente de Estados Unidos en Venezuela, Bolívar expresó una convicción que resume esa postura: «Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende».
Años después, en una carta dirigida a Santander desde Potosí, el 21 de octubre de 1825, manifestó su rechazo a lo que consideraba una actitud excesivamente complaciente frente a los estadounidenses: «Aborrezco a esa canalla de tal modo, que no quisiera que se dijera que un colombiano hacía nada como ellos». Más allá del tono propio de la correspondencia política de la época, estas palabras expresan su determinación de impedir que la independencia recién conquistada se transformara en subordinación frente a otra potencia.
Esa concepción de la soberanía tampoco se agotaba en la defensa de los intereses inmediatos de la propia república. Ante la posibilidad de una agresión española contra México, Bolívar manifestó su disposición a movilizar tropas colombianas y peruanas en su defensa. La independencia de las nuevas naciones americanas constituía, para él, una causa compartida, cuyo destino no podía desligarse de la suerte de las demás repúblicas.
En esa perspectiva, la soberanía no era una consigna retórica ni un simple atributo jurídico. Implicaba defender la integridad territorial, rechazar las imposiciones extranjeras y construir una comunidad política capaz de actuar por cuenta propia. Colombia llegó a representar algo que desbordaba sus fronteras: la posibilidad de que las antiguas colonias americanas se convirtieran en protagonistas de su propia historia.
Ese proyecto chocó con los intereses de sectores dirigentes que anteponían sus intereses particulares a la construcción de una nación unida y soberana. La conspiración del 25 de septiembre de 1828, cuando un grupo de adversarios intentó asesinar al Libertador, fue una expresión dramática de aquella confrontación.
Los conspiradores no consiguieron asesinar físicamente a Bolívar, pero triunfaron políticamente: lo condujeron a una derrota moral de la que ya no se recuperaría y contribuyeron al desmoronamiento de Colombia. La falta de voluntad y convicción política de la élite, sumada a sus intereses económicos y a sus disputas por el poder, dio al traste con la posibilidad de consolidar aquel proyecto. La disolución fue la expresión definitiva de una derrota histórica: se impuso una concepción de país en la que los intereses particulares prevalecieron sobre la unidad y la soberanía.
Por eso, cuando hoy reaparecen voces que celebran la posibilidad de una intervención militar extranjera o depositan en una potencia la solución de nuestros problemas internos, no estamos ante una simple extravagancia individual. Estamos ante una manera de concebir el país que tiene antecedentes históricos y que merece ser examinada críticamente.
La pregunta de fondo es si Colombia debe afrontar sus conflictos fortaleciendo su democracia, ampliando la capacidad de decisión de sus territorios y distribuyendo el poder entre las regiones y los municipios, o si ha de aceptar que su destino dependa de la voluntad de poderes externos. La soberanía exige construir nuestras propias capacidades, no renunciar a ellas en nombre de una protección ajena.
La independencia requiere capacidad para decidir el rumbo económico, desarrollar conocimiento y tecnología, fortalecer las instituciones republicanas y garantizar que la población participe efectivamente en la construcción del destino colectivo. Sin esas condiciones, la autonomía seguirá siendo una promesa incompleta.
Por eso sostengo que la Colombia actual no realiza plenamente su proyecto fundacional y que, aunque el Virreinato de la Nueva Granada fue una realidad histórica, también representa una elocuente metáfora de lo que todavía persiste: un país que conserva formas de subordinación en sus estructuras económicas y en la mentalidad de muchos de sus dirigentes.
Colombia no debería ser apenas el nombre de una república heredada del pasado. Debe ser el proyecto de una nación capaz de pensar y actuar por sí misma, libre de las ataduras que han limitado históricamente su desarrollo; una nación que no busque nuevos tutores, sino que encuentre en la creatividad y en la fuerza de su propia sociedad los medios para superar sus dependencias.
Colombia está por construir.
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