Camilo Salazar Ortega
Si en algo se expresa el cambio en Colombia es en el tratamiento del gobierno de Gustavo Petro a la protesta social. Salvo un acto, el manejo de los conflictos nunca ha sido represivo. El paro de transportadores, que el oportunismo de la derecha pretendía convertir en móvil para impulsar su estrategia de desestabilización y golpe, culmina exitosamente desde la interlocución sincera para favorecer a los sectores más débiles. Este gobierno ha dado un giro radical de la violencia y el sometimiento por la fuerza a la protesta que era la regla, hacia el dialogo como forma de resolver conflictos. Se ratifica el talante democrático del Presidente y se derrumba la mentira del supuesto carácter autoritario.
El reciente acuerdo con la base de los transportadores de carga es muestra de ello: 14 puntos, entre ellos un aumento de $800 en el costo del ACPM, con gradualidad de $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y los otros $400 a partir del 1° de diciembre; suspensión de alzas adicionales hasta lograr en mesas de trabajo; ajustes estructurales para mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de estos trabajadores…
La pregunta a los depositarios de la mentira es: ¿Quiénes representan la antidemocracia, la tiranía, el totalitarismo? Sin olvidar innumerables hechos, en esta nota hacemos un repaso a algunas de las políticas más agresivas que decretaron los distintos gobiernos de derecha para contener, a veces de forma totalmente violenta, la protesta social en Colombia.
Podríamos decir que uno de los primeros referentes de la violencia estatal contra la protesta social es la Masacre de las Bananeras, ocurrida en diciembre de 1928, y la forma de contener el alzamiento popular por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, en 1948. Solo para la memoria, este país ha sido gobernado con la fuerza al amparo de estados de excepción, estado de sitio antes de 1991, que otorgaron facultades extraordinarias al ejecutivo y marcos jurídicos para la criminalización de la manifestación ciudadana. Mariano Ospina Pérez, por ejemplo, expidió un Código Sustantivo del Trabajo en el que se prohibía el derecho de huelga para el sector de servicios públicos. De allí se pegó el oscuro Laureano Gómez para tipificar la huelga como delito de sedición bajo conocimiento de la justicia militar. Rojas Pinilla amplió estas disposiciones reglamentando como servicio público toda actividad relacionada con la salud, la enseñanza, la vida económica o social.
El primer presidente de una de las creaciones más violentas y autoritarias de la historia (el Frente Nacional), Alberto Lleras Camargo, convirtió en legislación permanente los decretos expedidos en el marco del estado de sitio, entre ellos los relacionados con el derecho a huelga. Por su parte, Guillermo León Valencia tiene el peso de los bombardeos a campesinos que exigían tierra y condiciones dignas de vida: bajo estado excepcional amplió facultades a los militares para mantener el orden público en la intensión de someter el movimiento sindical y estudiantil en ascenso, especialmente el paro cívico en Barrancabermeja 1963. En este gobierno se implementa la política de “Seguridad Nacional,” con el decreto Legislativo 3398 de 1965 como imposición de EEUU.
Carlos Lleras Restrepo se estrena con los decretos 2285 y 2286 de 1966, limitando el derecho de reunión, imponiendo a toda movilización ciudadana contar con permiso de la autoridad local y el sometimiento de ciudadanos a vigilancia policial, las cuales sirvieron para tramitar las manifestaciones por el fraude electoral en 1970 que llevó ilegítimamente a la presidencia a Misael Pastrana Borrero, que asume la presidencia enfrentando un movimiento estudiantil fortalecido. Decreta estado de sitio frente a la movilización en la Universidad del Valle que arrastraba iniciativa de paro de otros sectores sociales en Cali, desatando una fuerte represión con el saldo de dos muertos del movimiento social.
En 1975, Alfonso López Michelsen declara estado de sitio por los anuncios de paros cívicos especialmente en Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, posicionando en el lenguaje oficial el concepto de “protestas subversivas”. Bajo esa situación normativa enfrenta el paro del Sistema Nacional de Salud al que se unieron varias organizaciones sindicales, que condujo en septiembre de 1977 al gran paro cívico nacional de 14 y 15 con un saldo de 33 asesinados por la acción represiva del Estado.
La barbarie se recrudece bajo el criminal mandato de Julio Cesar Turbay Ayala. Con facultades de estado sitio expide el infame Estatuto de seguridad (Decreto 1923 de 1978) entregando poder absoluto a las fuerzas militares para el tratamiento del orden público y la protesta social y el cual tipifica como delitos la perturbación del orden público, la alteración del pacífico desarrollo de las actividades sociales y la ocupación de lugares públicos o privados para presionar a autoridades. Las cárceles se llenaron de dirigentes sociales judicializados por tribunales militares en consejos verbales de guerra; la tortura y la violación de derechos humanos crecieron de forma aterradora.
Belisario Betancur enfrenta la protesta social con represión en el marco de medidas de fuerza tomadas con fundamento en el estado de sitio (Decreto 1038 de 1984) para encarar el paro nacional de 20 de junio de 1985, brutalmente reprimido y caracterizado por militarización total del territorio en los días previos, cientos de dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles y agrarios detenidos, muchos desaparecidos. Este periodo recrudece la guerra sucia desde el Estado contra la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el movimiento A Luchar, así como contra defensores de derechos humanos; la masacre de estudiantes de la Universidad Nacional, en mayo de 1984, que protestaban por el asesinato del dirigente Jesús León Patiño, fue uno de los episodios más oscuros de su mandato.
Virgilio Barco, con potestades del estado de sitio, reedita el Estatuto de seguridad de Turbay mediante Decreto 180 de 1988, el cual se denominó “Estatuto para la defensa de la democracia”, profundizando la criminalización de la protesta social la cual es equiparada a la acción subversiva y terrorista. Otorga plenas facultades para el arresto, el allanamiento, el registro y la intercepción de teléfonos, sin necesidad de orden judicial. Se juntan la acción del paramilitarismo y Estado, en el exterminio de opositores sociales, junto a la represión brutal a toda forma de movilización.
Tiempos oscuros, de terrorismo oficial, de acción mafiosa y miedo. En este gobierno son asesinados varios candidatos presidenciales de izquierda: Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo en 1990, ambos de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro León Gómez, del M-19. Con ese estatuto reprimió ferozmente el paro campesino del nororiente que tomó como consigna “El pueblo habla, el pueblo manda” e intensificó la persecución contra el movimiento político A Luchar.
Cesar Gaviria Trujillo se posesiona en agosto de 1990 en vigencia del estado de sitio de 1984 y aprovechó las potestades extraordinarias hasta julio de 1991. Con el Decreto 2790 de 1990 crea la justicia sin rostro, que dio pie a arbitrariedades contra el movimiento social. La nueva carta autorizó convertir en legislación permanente normas expedidas en estado de sitio. La Constitución de 1991 permitió que las acciones represivas contra la movilización social disminuyeran.
El movimiento universitario sintió el rigor de la represión de Gaviria Trujillo, en el escenario de las movilizaciones de rechazo a la ley 30 de 1992 fruto de la implementación radical del modelo neoliberal, que desató el auge de luchas sociales, especialmente indígenas y campesinas, sindicales contra la privatización, todas perseguidas y amenazadas por acción oficial y para estatal.
A Ernesto Samper Pizano se le recuerda por la forma de contener a las marchas campesinas en 1996. Las movilizaciones cocaleras del Guaviare, Putumayo y Caquetá fueron brutalmente reprimidas por el Ejercito, a cargo del General Harold Bedoya. Bajo estado de conmoción interior de 1995 los reclamos de los campesinos fueron respondidos entregando a las Fuerzas Militares potestades absolutas para el control de territorios y poblaciones, creando un nuevo orden territorial con las denominadas «zonas especiales de orden público», para conjurar las protestas por la aspersión aérea con glifosato. La desatención del gobierno a las demandas del sector agrario en un mes de movilización culminó con una masacre de campesinos en Puerto Asís a manos de las Fuerzas Armadas, las cuales dispararon a manifestantes que ingresaron a la pista del aeropuerto.
Andrés Pastrana Arango se posesiona en medio de un fallido acuerdo de paz, pero su gobierno se caracterizó por el ataque a los sectores de la educación que habían mostrado una elevada capacidad de movilización contra el Plan de desarrollo, el cual pretendía desaparecer el carácter público de la educación al modificar los aportes del Estado y limitar la autonomía universitaria. El paramilitarismo infiltra la Universidad con ayuda oficial en la tarea de frenar su avance, individualizar y señalar a dirigentes estudiantiles como guerrilleros y terroristas y legitimar el asesinato, la detención y la amenaza. Enfrenta con fuerza desproporcionada el paro del suroccidente colombiano ubicado sobre la Panamericana en el sector de Rosas, en 1999. Bajo este gobierno es asesinada Adriana Benitez, estudiante de la Universidad de Nariño. En 1999, se crea el Esmad, uno de los aparatos más sanguinarios para la represión.
La “seguridad democrática” fue el nuevo rostro de la vieja doctrina de la “seguridad nacional”, en los tiempos de terror de Álvaro Uribe Vélez, un período de persecución, interceptaciones telefónicas, seguimientos, perfilamientos y amenazas a dirigentes sociales y defensores de DDHH, orquestadas desde el DAS, en alianza con el paramilitarismo. En medio de este clima político es asesinado Jaime Garzón, mientras en nuestra Universidad de Nariño, son asesinados Jairo Moncayo, Tito Libio Hernández, Marcos Salazar.
Según el Cinep, en los ocho años de Uribe fueron asesinados 557 sindicalistas, más siete defensores de derechos humanos y líderes campesinos, además de varias detenciones masivas. Vale recalcar las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de personas reportadas como guerrilleros dados de baja en combate entre 2002 y 2008. En Nariño, se recuerda la represión de la marcha campesina de la Cordillera, en mayo de 2006, en corregimiento de Remolino sobre la Panamericana, la cual fue combatida con exceso de fuerza por el Esmad y la Policía Militar; los manifestantes debieron regresar a la ciudad de Pasto para proteger su vida. El país se conmovió por la desproporción en contra la Minga Indígena movilizada en la María, Cauca.
No se olvida la acción violenta del gobierno de Juan Manuel Santos a la movilización campesina durante el Paro nacional cafetero, en marzo del 2013, y en agosto en el marco de Paro nacional agrario, que dejó miles de mutilados, detenidos, desaparecidos y asesinados por fuerza represiva del Estado.
Iván Duque, el último presidente de la oligarquía, tramita el conflicto con la fiereza de una guerra. Durante el llamado «estallido social», que va de 2019 a 2021, se reportaron varias muertes, en su mayoría de jóvenes; 2.110 casos de agresión por la Fuerza Pública, de los cuales 362 fueron víctimas de violencia física; 39 homicidios; 1.055 detenciones arbitrarias; 442 intervenciones violentas; 30 víctimas con lesiones oculares; 133 casos de disparos de arma de fuego; 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género.
Así entonces, los autoritarios, los de sesgo dictatorial son otros, aquellos que llevan en sus espaldas los dolores de la represión contra la protesta social en años de hegemonía. No el actual gobierno en dos años de mandato abierto al diálogo sin represión y sin estados de excepción.
Claro que Colombia empezó a cambiar.
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