Por Diana Martínez Cabrera
Después de la masacre registrada el 16 de agosto de este año en el municipio de Samaniego, el pasado sábado 22 el Presidente Iván Duque hizo por fin su arribo al territorio: una multitud de samanieguenses recibieron al mandatario con rechiflas, gritos de «queremos paz» y algún reclamo puntual para que cumpla con los compromisos del Acuerdo de Paz. Como era de esperarse, Duque hizo convenientemente oídos sordos a todo y, en cambio, se pavonéo por las calles del municipio y se dirigió en plaza pública a los y las asistentes que esperaban una respuesta institucional a la gravísima crisis humanitaria. Y la respuesta llegó, claro que sí: después de una andanada de críticas y reproches al gobierno Santos, el presidente sacó su as bajo la manga y ofreció… ¡la construcción de un estadio!
En un municipio en donde la juventud vive diariamente con el terror y la guerra, en donde el simple hecho de sobrevivir ya es un acto de valentía y en donde los jóvenes, si bien necesitan espacios recreativos, necesitan sobre todo inversión social para la generación de oportunidades para que puedan construir un futuro mejor y puedan alcanzar sus sueños, vale la pena preguntarse si con la construcción de un estadio se resolverán los problemas históricos de las y los jóvenes de Samaniego y de los demás municipios acosados por el regreso de las masacres. ¿O será que Duque busca construir un estadio para que los grupos armados tengan, ahora sí, donde tirar los muertos?
Duque se pavonéo por las calles de Samaniego y se dirigió en plaza pública a los y las asistentes que esperaban una respuesta institucional a la gravísima crisis humanitaria. Y la respuesta llegó: después de una andanada de críticas y reproches al gobierno Santos, el presidente sacó su as bajo la manga y ofreció… ¡la construcción de un estadio!
Como si fuera poco, en su alocución desde la capital de Nariño, negó la ocurrencia de masacres en el país, prefiriendo el bonito y conveniente eufemismo de «homicidios colectivos. Vale aclarar que, si bien la categoría de «masacre» no está tipificada en el Código Penal Colombiano, la falta de tipificación no puede eximir a los perpetradores de sanciones jurídicas; pero aún más, en Colombia es claro que el debate no puede agotarse sobre la base de argumentaciones jurídicas, sino atendiendo las realidades sociales, políticas y económicas de los territorios.
Según el Manual de calificación de conductas violatorias de derechos humanos de la Defensoría del pueblo, “se considera masacre la muerte simultánea de tres o más personas en un mismo hecho de violencia”. El mismo Manual establece además que
aunque existe un consenso mayoritario en que constituye masacre la muerte de varias personas en un mismo hecho, el número preciso de víctimas no es un criterio objetivo ni suficiente para calificarla. Ninguna definición ofrece elementos de convicción para señalar que son tres, cuatro o cinco los muertos para determinar cuándo se está o no ante una masacre.
Más importante aún, el mismo Manual refiere que
además del elemento cuantitativo –el que sea masivo–, para que se configure una masacre se requiere un elemento cualitativo: que la muerte haya sido ocasionada de manera cruel o bárbara contra personas indefensas. La simple muerte violenta de varias personas no constituye pues una masacre, un hecho de estas características es una ejecución extrajudicial o arbitraria de carácter colectivo; lo que diferencia este tipo de ejecución colectiva de una masacre, es pues ese elemento de sevicia junto con el estado de desprotección de las víctimas.
A tal efecto, los hechos ocurridos estas últimas semanas en Llano Verde en Cali; Magüí Payán, Samaniego, Ricaurte y Llorente en Nariño; el sector de El Caracol en Arauca, El Tambo en Cauca y, el día de ayer, en el municipio de Venecia en Antioquia, constituyen claramente la consumación de MASACRES, las cuales, de acuerdo al informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz entran a sumar la escalofriante cifra de 45 casos, siendo 182 personas asesinadas por estos hechos y ubicando a Antioquia, Nariño y Cauca como los departamentos con mayor número de masacres en lo corrido del 2020. En este orden, también es importante señalar que, según el citado Instituto, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica, desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta el 21 de agosto del presente año, han sido asesinados 1000 líderes y defensores de derechos humanos, 194 de estos asesinatos selectivos en lo que va corrido de este año.
de acuerdo al informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia ha habido la escalofriante cifra de 45 casos de masacres, siendo 182 personas asesinadas por estos hechos y ubicando a Antioquia, Nariño y Cauca como los departamentos con mayor número de casos en lo corrido del 2020
Sin embargo, el gobierno nacional sigue empeñado en encubrir con eufemismos la realidad de estos crímenes, más preocupado por los calificativos y términos legales que por atender las reales problemáticas sociales, políticas y económicas y frenar la ola de violencia y muerte que aqueja a nuestras comunidades. Es indignante que ante la crisis humanitaria que se evidencia en todo el país el gobierno Duque siga empeñado en fortalecer una política de seguridad pensada para la guerra y, como si esto fuera poco, ha enfocado sus esfuerzos en desconocer, deslegitimar y hacer trizas los acuerdos de paz. Su estrategia ha sido la de paz con legalidad, incremento de pie de fuerza y consolidación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral – ZEII o Zonas Futuro, que son duplicados de las zonas de consolidación territorial, en las cuales existe mayor debilidad institucional y abandono social.
Pero en la práctica los escenarios de guerra se mantienen, así como la presencia de grupos armados que se disputan los territorios, la agresión a las comunidades, las amenazas y los asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes de FARC en proceso de reincorporación. En suma, el abandono estatal sigue siendo una constante y la gente en las comunidades la tiene clara: “nos regalan miedo para luego vendernos paz”.
La visita protocolaria de Duque para tomarse la foto y dejar el precedente de su viaje no es más que otra pantomima en su estrategia de mejorar y posicionar su imagen. Es claro que a este gobierno no le duelen las y los muertos que va dejando el conflicto armado y parece más preocupado por mostrar cifras y contrastarlas con los gobiernos pasados que en ponerse en los zapatos de las comunidades y solidarizarse con el dolor de las familias de las personas asesinadas. Pareciese que en este país se nos volvió costumbre sembrar muertos.
Por nuestro lado, seguimos indignadas e indignados, ante esta horrible noche que no cesa; pero seguimos también confinados, con la impotencia que produce acostarse y levantarse todos los días escuchando que nuestra Colombia se sigue desangrando, que los señores de la guerra siguen cobrando sueños, que aquí la vida ya no vale nada.
El sábado, mientras Duque caminaba por las calles de Samaniego, la comunidad gritaba: ¡Justicia! ¡Cumpla los Acuerdos de Paz!; esas son las voces de quienes han vivido en medio de la guerra y exigen el respeto por la vida y su derecho de vivir en paz. Por eso se hace necesario seguir tercas y tercos en el empeño de la vida, es vital juntar todas las voces en una sola que resuene en todo el país para exigir que pare la guerra.
La agrupación Tumaqueña Plu con Pla en una de sus canciones, con el dolor de esta tierra olvidada por el Estado, pero también con el sabor y la alegría que caracteriza a nuestra Costa Pacífica nariñense, dice: “No queremos más muertos, no queremos más entierro, que no disparen más armas, no queremos más velorio”. Nos sumamos a esta proclama de paz y decimos, DUQUE: ¡NO QUEREMOS MÁS VELORIOS!
Síguenos en nuestras redes:
Facebook: columnaabiertaweb
Twitter: @Columna_Abierta
Instagram: columnaabierta/
