Por Edwin García

En Colombia los problemas pretenden resolverse con la expedición de leyes, incluyendo las más estúpidas e inservibles. Esta conducta parte de una concepción idealista (ateniéndonos al significado amplio de esta corriente filosófica) que antepone la idea, en este caso la ley, a las realidades concretas; es decir, se pretende encuadrar forzosamente las realidades sociales, políticas y económicas en una “idea-ley”, con lo cual se cree resolver los diversos asuntos: ¡si la realidad no encuadra en la ley, peor para la realidad!

Esa herencia leguleya atribuye vida propia a las leyes, exabrupto similar e igualmente ficticio al que ocurre en economía, cuando se pretende arrogar vida propia al mercado, como si se desenvolviera independientemente de la voluntad humana, lo que no tiene asidero real, porque tanto el marco legal, como la economía y el mercado, están supeditados al albedrío humano y a intereses evidentes.

El problema central es que se legisla sin el conocimiento profundo de las realidades: los legisladores parece que no padecen las problemáticas sociales, ni las conocen, pero pretenden regularlas, a veces, incluso, solo para justificar su jugoso salario proponiendo cualquier babosada que termina siendo ley; así, nuestros códigos son exageradamente abultados pero, en gran parte, insulsos y vacuos. Este problema de nuestros cuerpos normativos parte de la Constitución misma, compendio de buenas intenciones, en el mejor de los casos, y de intereses mezquinos que legalizan la injusticia, las más de las veces.

El problema central es que se legisla sin el conocimiento profundo de las realidades: los legisladores parece que no padecen las problemáticas sociales, ni las conocen, pero pretenden regularlas, a veces, incluso, solo para justificar su jugoso salario proponiendo cualquier babosada que termina siendo ley

La Constitución Política -y todo el cuerpo normativo- se elaboró y promulgó a puerta cerrada, mediante la usurpación que la constituyente hizo de la voluntad del soberano. Pensar que, al ser elegidos mediante el voto, esos constituyentes encarnaban la voluntad popular es ingenuo, al tiempo que desconoce realidades como la abstención, la desconfianza de la población, la violencia, el clientelismo, la corruptela y la buhonería que dominan las elecciones en Colombia, de lo que no escapó ni siquiera la elección a la ANC de 1991. Entonces, la nuestra es una Constitución carente de vida, sin el oxígeno ni la alegría popular; está muerta porque así nació, con poco más que la buena voluntad de algunos constituyentes y el hecho de haber significado un avance si se comparara con la que hasta entonces regía, del año 1886.

Podemos decir que la Carta de 1991 representó un momento político; por consiguiente, una etapa del derecho constitucional que reflejó el carácter restringido de la democracia. Por eso, en estos momentos de mayores flujos de movilización social, dinámica de la opinión pública y anhelo de paz y justicia social creciente, esta Carta se convierte en un muy estrecho corsé que limita la búsqueda de nuevos y mejores estadios de convivencia y desarrollo.

La Constitución, y con ella la institucionalidad toda, va por un lado y la realidad por otro, incluso en contravía. Existe una contradicción cada vez más fuerte entre la democratización de la información (a través de la tecnología) y la estrechez del sistema político colombiano: lo primero exige ampliar la participación ciudadana y el segundo la restringe.

Existe una contradicción cada vez más fuerte entre la democratización de la información (a través de la tecnología) y la estrechez del sistema político colombiano: lo primero exige ampliar la participación ciudadana y el segundo la restringe

Un sistema moderno debe resolver estas contradicciones, para lo cual urge ensanchar el nivel de participación, hacerlo ágil, efectivo y permanente, dándole a la ciudadanía el poder de decidir realmente; se hace necesario armonizar la Constitución, el cuerpo normativo y la institucionalidad, con el sentir social, con el palpitar popular. Las categorías del pensamiento atinentes a la democracia deben reformularse, modernizarse.

Una constitución -tanto como las instituciones morales, políticas y administrativas que dispone-, será viva si es creada por la ciudadanía, si tiene el oxígeno de la plaza pública, la energía y tenacidad de los jóvenes y las mujeres, la valentía de la pluralidad sexual, la laboriosidad del campesino, la fuerza del obrero, el emprendimiento del empresario, las sensibilidades de las comunidades indígenas y afro, la disciplina del maestro; en fin, una constitución será viva si es reflejo directo del pueblo y su diversidad, de modo que sea emanación de la nación. Un augusto cuerpo constituyente debe ser conformado con la representación de cada uno de los sectores sociales de nuestro país, mas no con partidos obsoletos y carentes de legitimidad.

Un augusto cuerpo constituyente debe ser conformado con la representación de cada uno de los sectores sociales de nuestro país, mas no con partidos obsoletos y carentes de legitimidad

Si se piensa bien, no es tan difícil lograrlo si se cuenta con la fuerza del Estado. Este –el Estado- debe promover el entusiasmo y la participación activa del constituyente primario para que le dé vida a la constitución. Toda la potencia del estado, incluido su poder comunicacional, será la palanca necesaria. De tan imprescindible suceso surgiría una normatividad con espíritu nacional, con la savia de nuestro ser profundo; surgiría una institucionalidad que, al ser creada por la ciudadanía, estaría recubierta por el sentido de pertenencia y ya no sería vista como ajena.

Así podríamos establecer una verdadera democracia e inaugurar una nueva y necesaria etapa del derecho constitucional, y del derecho en general, definitivamente inclinada hacia las ciencias sociales, una ciencia jurídica viva y palpitante, dinámica y vernácula, al servicio del ser humano y no como maraña que enreda y afecta al débil.

Todo esto es perfectamente realizable, pero requiere, como ya está insinuado, de un gobierno que ponga el Estado en función de la potencia democrática: el primer paso, entonces, es construir ese gobierno.

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