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Por Camilo Parra
El filósofo camerunés Achille Mbembe define la necropolítica como «el poder y Ia capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir». En tiempos en que la neutralidad es una suerte de complicidad con la barbarie cabe mencionar las políticas de la muerte en el complejo contexto latinoamericano. Estados Unidos, bajo el discurso de la libertad y la democracia (la democracia liberal, se entiende), ha mantenido históricamente un discurso y unas prácticas de disciplinamiento acordes a sus intereses geopolíticos; esto especialmente a aquellos países no alineados a sus agendas. El nombramiento de Elliot Abrams para «gestionar la crisis en Venezuela», nombre ligado a sendos golpes más o menos suaves en Centroamérica, muestra una vez más el real proceder pretendidamente democrático de Washington.
Trump pone a un criminal para apoyar el coup d’État en Venezuela. Abrams, sionista y lobista pro-israelí, fue funcionario de Reagan y de Bush padre e hijo, con implicación en la Guerra Fría y las guerras de Libia e Irak, conflictos bélicos vendidos como acciones de «restablecimiento de la democracia» que han dejado como resultado decenas de miles de muertos (en Irak las cifras rondan los 130.000) y países empobrecidos y saqueados.
Sin embargo, la trayectoria de Abrams data de mucho antes. En 1973 hizo parte del lobby de los Chicago Boys, equipo que promovió el experimento neoliberal en Chile en connivencia con las facciones golpistas que derrocaron a Allende e impusieron la dictadura militar de Pinochet, tristemente célebre por sus desapariciones y asesinatos selectivos.
Así mismo, Abrams fue el promotor de los “escuadrones de la muerte”, grupos paramilitares que protegen los intereses de los poderosos a punta de persecuciones y asesinatos a líderes de izquierda o afines a los gobiernos alternativos en Centro y Suramérica. Es el caso, por ejemplo, de la Alianza Anticomunista Argentina (apéndice de la Triple A en Latinoamérica, muy conocida en nuestro país en el contexto de la muerte de Gaitán), una agencia parapolicial de extrema derecha que en los 70s fue la encargada de asesinar sistemáticamente sectores afines al peronismo.
En el Salvador y Guatemala, bajo esa misma denominación se dedicaron a perseguir y asesinar a sectores indígenas, en un contexto de profundas luchas agrarias. En la década de los 80, en Honduras, el Batallón de inteligencia 3-16 operó bajo las mismas lógicas de lo que en Colombia ahora se conocen como Águilas Negras. En suma, los famosos ‘contras’, encargados de contener (vía exterminio) a las guerrillas en Centroamérica: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y en Guatemala a diversos movimientos campesinos y estudiantiles de liberación denominados antiimperialistas.
Malos tiempos para vivir
Aunque los analistas se reservan la hipótesis de una posible guerra en el foco venezolano, Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos que apoyan a Juan Guaidó han manifestado tener «todas las cartas sobre la mesa». La tripleta neoconservadora Duque/Bolsonaro/Macri ha manifestado su intención de liderar las «fuerzas de paz» (así le llaman) tras un golpe victorioso, agenda de sobra conocida y, como ya hemos mencionado, de dilatada tradición en el «patio trasero». En este escenario no es de extrañar que el propio Guaidó invite a los militares venezolanos a levantarse en armas contra Maduro, pues el apoyo de las fuerzas armadas es clave para culminar el plan golpista.
En este clima de odio y recrudecimiento de las confrontaciones surge la cuestión ética sobre el reconocimiento o desconocimiento del «otro», en este caso, el sujeto político «otro». La manida polarización parece desembocar en el caso venezolano en una dinámica confrontacional amigo/enemigo, según la formulación de Schmitt. En otras palabras, la política deviene en necropolítica: la política del exterminio y la muerte. Decía Clausewitz: «La guerra es la continuación de la política por otros medios», pero en este caso cabe decir más bien que la guerra es la negación total de la política, la consagración de la fuerza sobre la posibilidad del diálogo. En últimas, el certificado de defunción de la democracia. Malos tiempos para vivir, como decía Borges en un célebre cuento.
Se preguntaba recientemente el diputado Pablo Bustinduy ante el parlamento Español: “¿Qué van hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó?», a la vez que planteaba las tres posibilidades: golpe militar, insurrección armada o intervención extranjera. Ni qué decir que cualquiera de ellas tendría la misma consecuencia para el pueblo venezolano (y no solo; sus efectos colaterales se sentirían en casi todos los países de la región): la Muerte, así, en mayúsculas, pues la guerra es la consagración de la muerte en todas sus formas.
Quienes hoy deciden sobre el futuro de Venezuela y, sobre todo, juegan con la vida de millones de personas (no solo venezolanas), lo hacen arropados por una suerte de «legalidad bélica», están justificados por un casus belli que les confiere el derecho a decidir quién debe vivir y quién morir. Bienvenidas a la era de la necropolítica.
