Por Gustavo Montenegro Cardona
El lenguaje del poder es, fundamentalmente, un acto de delimitación de la realidad. Cuando un mandatario electo escoge las palabras que inaugurarán su gestión, siembra las coordenadas simbólicas con las que la ciudadanía interpretará su porvenir. En este escenario, la reciente apelación de parte del nuevo gobierno colombiano electo a la metáfora bíblica del «Arca de Noé» abre un debate que desborda la simple anécdota retórica para instalarse en el terreno de la semiótica política.
Traer al discurso administrativo contemporáneo una imagen de salvamento místico —donde el entorno es asumido como una tormenta destructiva e inevitable— entraña profundos riesgos comunicativos. Lejos de consolidar un relato de unidad, este tipo de figurismos apocalípticos saturan el debate público de binarismos innecesarios y acelera un desgaste semántico riesgoso, justo en el momento en que el país requiere transitar de la lírica de la supervivencia a la prosa concreta de la administración del Estado.
La trampa de la exclusión selectiva
Como bien explicaban George Lakoff y Mark Johnson en su clásica obra sobre el análisis de las metáforas conceptuales, los tropos que utilizamos para estructurar el pensamiento político definen nuestras acciones y configuran las políticas públicas. En ese sentido, las metáforas actúan como filtros conceptuales: iluminan ciertos aspectos de la realidad mientras ocultan otros de manera deliberada.
Desde una perspectiva semiótica, toda metáfora arrastra consigo su estructura de origen y la del relato del Génesis contiene una trampa conceptual severa para el ejercicio democrático contemporáneo: la lógica de la exclusión voluntaria. En la narrativa teológica, el arca no es un vehículo de salvación universal; es un refugio selectivo diseñado exclusivamente para una minoría considerada «justa», mientras que el resto de la creación es abandonada a la purga del diluvio.
Al trasladar este esquema al plano de la gobernanza de una nación plural, el significante «arca» activa un subtexto de segregación implícita. Aquí vale la pena preguntar: ¿quiénes poseen el boleto de entrada a este refugio gubernamental y bajo qué criterios se define a los que se quedarán fuera, a merced de las aguas? La metáfora, así, fractura el principio republicano según el cual el Estado debe ser la casa común, no un bote salvavidas para un sector específico.
Epistemologías premodernas en el siglo XXI
El riesgo principal de esta figura estriba en su carácter retardatario e incompatible con la gestión de la administración pública moderna. El mito del arca responde a una epistemología premoderna, vertical y teocrática, donde los problemas no se gestionan mediante el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo, sino que sobreviven por obra y gracia de la sumisión a un orden providencial.
En esa línea, la politóloga Chantal Mouffe ha advertido ampliamente sobre los peligros de trasladar la política al plano de la moral o la religión, un fenómeno que denomina la «moralización de la política». Para Mouffe, una democracia saludable debe transformar los antagonismos irreconciliables en relaciones agonistas, donde los bandos enfrentados se reconocen mutuamente como «adversarios» con derecho a existir, mientras que la moralización destruye este principio al tratar al oponente como un enemigo que debe ser aniquilado, borrado de la faz de la tierra por causa de un diluvio universal enviado por Dios para que la humanidad se restablezca.
Cuando la deliberación democrática se desplaza de la confrontación de ideas al eje del bien contra el mal bajo la rúbrica de «los elegidos del arca» frente a «los condenados del diluvio», el adversario político deja de ser un competidor legítimo y se convierte en un enemigo absoluto que debe quedar fuera del diseño institucional. Así, una figura que pretende presentarse como un símbolo de salvación y unidad se convierte, mediante su decodificación semiótica, en un dispositivo de división radical que dinamita los puentes del consenso necesarios para la gobernabilidad.
Peligrosa manera de proceder y narrar porque sólo unos días atrás el presidente electo ya se había manifestado, en comunicación pública, sobre la disposición de gobernar para todas y todos los colombianos.
El peligro de deshumanizar al contradictor
Por otra parte, este riesgo de atomización se agudiza cuando el ecosistema político se codifica bajo la figura de la tormenta, asignando de forma implícita esa carga semiótica a la figura de Gustavo Petro. Al personificar el fenómeno meteorológico en el adversario ideológico, el discurso abandona lo que el semiólogo argentino Eliseo Verón denominaba el «colectivo de identificación» democrático —donde los actores compiten dentro de las mismas reglas de juego— y se interna en las llanuras del pensamiento maniqueo.
A la luz de la teoría de la comunicación estratégica, equiparar la gestión o la postura de un contradictor con un cataclismo natural anula cualquier posibilidad de deliberación, pues a las tormentas no se les refuta, no se les confronta con argumentos técnicos ni se negocia con ellas; ante las tormentas solo cabe la resistencia, la aniquilación o la huida.
Esta deshumanización del debate traslada la discusión desde la sana contradicción democrática hacia un escenario mitológico, una narrativa mesiánica que simplifica peligrosamente la complejidad estructural de los problemas nacionales y exime a la administración de ofrecer diagnósticos basados en datos empíricos, que se supone serán diseñados durante la etapa del denominado “empalme anticorrupción”.
De la lírica de campaña a la prosa del presupuesto
Más allá de las lecturas erráticas que suscita esta polarización simbólica, existe un peligro estrictamente estratégico para la efectividad y credibilidad del nuevo gobierno: se trata de la inflación y el subsecuente desgaste de los figurismos.
El lenguaje de la campaña electoral y el de la transición gubernamental suele ser rico en mitos y horizontes utópicos porque apela a la movilización de las emociones. Sin embargo, la gestión pública se rige por la ley de la concreción y la racionalidad técnica. El ciudadano no puede habitar, educarse ni encontrar empleo dentro de una alegoría bíblica.
Cuando el discurso místico de la supervivencia se prolonga de forma innecesaria en el ejercicio del poder, se genera una brecha insalvable entre la expectativa lírica y la realidad presupuestaria. Es decir, el nuevo gobierno no puede concentrarse en fundar su acción comunicativa a punta de lemas, eslóganes y frases publicitarias para tratar de conservar un ámbito de conexión con su electorado, pues resuelta la campaña llega la hora de establecer otras maneras de gestionar la relación amplia y plural con la contracara de los elegidos.
Tarde o temprano, la opinión pública satura su capacidad de asombro ante los símbolos y empieza a exigir lo que el académico Joan Subirats define como la dimensión operativa de las políticas públicas que se condensan en el lenguaje frío, técnico y medible de la administración, es decir, presupuestos debidamente asignados, decretos viables, planes de desarrollo con enfoque territorial e indicadores de ejecución evaluables.
Así pues, para que el mandato que inicia sea viable en términos de comunicación estratégica, el arca de la retórica debe encallar lo antes posible en los terrenos de la realidad material. La madurez de una democracia se mide también por la sobriedad y la laicidad de su lenguaje oficial.
Abandonar las narrativas de catástrofe y salvación selectiva no implica restarles emoción o liderazgo a las metas del nuevo gobierno, sino honrar la complejidad de un país diverso que no puede ser gobernado bajo la lógica de náufragos y elegidos. El verdadero desafío comunicativo y administrativo para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, será demostrar qué tan capaz es su equipo de gobernar a ras de tierra, utilizando la claridad de la norma jurídica, el respeto al pluralismo y el conocimiento del Estado como sus verdaderos símbolos de gestión pública.
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