Por César Junca
El actual Gobierno de Colombia parece que va de sobresalto en sobresalto. Esto según los grandes medios de desinformación, esas industrias culturales de los grandes conglomerados económicos que son parasitarios del trabajo explotado de la mayoría de los colombianos. Pero la realidad es que este es el inicio de un proceso de recomposición de las relaciones sociales, económicas y políticas desde el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto a la vida. Además, parece que este gobierno viniera a continuar algo que se acercara a lo que occidente llama «democracia moderna»-esa forma de organizar y garantizar la dinámica del mercado desde la estructura política y legal del estado-nación-, pero lo cierto es que viene a atravesarse a la estructura de poder criminal del narcotráfico que sigue teniendo el poder económico, social y político del país.
Pareciera que el Gobierno se desenvuelve en un paraíso de leche y miel pero se mueve en la guerra sempiterna que cumple más de un siglo de persecución y de estigma hacia la organización popular, campesina, trabajadora, negra e indígena que busca ser sujeto de su propia historia y ciudadanía activa. La dinámica social, económica y política en la presente coyuntura histórica colombiana se da en medio de la inercia de una vida colectiva sometida a la égida del narcotráfico. Por lo tanto, estar en el Gobierno es solo una parte -importante, pero insuficiente- para transformar las condiciones impuestas por la mafia. Estas gentes de bien se unen para proteger el modo de explotación que han sostenido como si fuese la manera natural de vínculo humano y, en consecuencia, quieren socavar el proyecto político que adelanta cambios en esa realidad injusta, a través del golpe de estado blando que llevan a cabo a diario.
Antes de comenzar este Gobierno, esas gentes de bien se organizaron para hacer imposible cualquier cambio de las formas de relación social y dispusieron parte de los recursos económicos para oponerse al Gobierno, mantener la tensión, la preocupación, la crispación, la angustia y la zozobra -posición que difunden a través de sus medios de desinformación con sus periodistas sumisos, sus expertos parcializados y sus antiguos funcionarios públicos- y promover el guion del golpe blando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos les brindó como defensa y restauración de la democracia continental.
Esos demócratas sempiternos, que gustan de mantenerse copando el poder del Estado para el beneficio del capital, arrebatan cuando pierden una pizca de ese destino de clase que les hace creer que la mayoría somos sus siervos y ellos los patronos que tienen el derecho divino de dirigir y mandar. Ellos son demócratas cuando controlan todo y ultras furiosos cuando se escapa a su saqueo algo del Estado que han ordeñado por siglos.
En esa tradición de saqueo de las gentes de bien se dice que «aquí no pasa nada» y que lo que el país necesita «es uno que otro ajuste», que los grandes problemas solo pueden ser tratados con la profundización de la iniciativa privada de los gremios en el sector público, afianzar lo que han hecho durante décadas: mantenerse con todo el poder económico, social y político. Continuar con el país a su servicio, al servicio del narcotráfico.
Entonces, este Gobierno es calificado diariamente como fracaso anticipado, incertidumbre pronosticada, imposición prevista y mediocridad suprema. Este el contenido continuo de los «análisis» sobre el Gobierno que los representantes de esta democracia sangrante difunden para que el país no cambie, para que el cambio del país sea el retorno a lo mismo: tradición, cartel y propiedad. Nada más amenazador para una sociedad que criminales avezados con miedo, ultras rabiosos. La clase que capturó la vida social en el país no quiere ser responsable del salvajismo que instauró como democracia nacional. Quiere impunidad judicial, continuidad política, olvido ético y agradecimiento de las víctimas.
Esas gentes de bien han espejado su visión electoral y se la han endilgado, como meta, al proyecto político del cambio: el Pacto ha de arrasar en las elecciones regionales y copar la mayor parte de los entes administrativos y legislativos regionales. Si ello no pasa, este Gobierno habrá fracasado y, por lo tanto, se deberá volver a las manos de la mafia de bien, a sus garras. Es una mentira creada con el fin de avanzar en el golpe de estado blando: este Gobierno no tiene apoyo popular, la gente le dio la espalda, no concita la unidad nacional, ha polarizado la vida social, ha generado violencia y, por lo tanto, como habían dicho sus «analistas», finalizó antes de comenzar.
El proyecto político por la vida está comenzando en medio de la inercia de miedo, odio y barbarie que amenaza y socava la participación popular, la mayoritaria. Hay, por lo tanto, que seguir abriendo trocha en medio de un contexto abigarrado de criminales, narcotraficantes y embaucadores que se presentan como demócratas preocupados por las mayorías. El mafioso solo puede ver en el pobre un instrumento para el aumento de su ganancia, ese es el rasgo que lo emparenta con el capitalista típico. Entonces, la tarea es seguir transformando las condiciones sociales, económicas, culturales, históricas y políticas, es acabar con la pobreza que es producto de la abulia de una clase capitalista rapaz y violenta.
Acabar esta dinámica nacional es lo que está en juego en el actual momento histórico, es decir, estamos convocados a la movilización para confirmar el proyecto político del cambio. La confirmación del cambio trasciende el momento electoral, pero se asienta en él, esa es la paradoja de la presente coyuntura: no basta con el avance o la profundización electoral, pero todo paso social, político, económico y cultural es importante para afianzar el proyecto político por la vida. Este proyecto político del cambio reposa en la conciencia y la organización de los sectores sociales empobrecidos y excluidos del país.
Colombia ha sufrido la persecución explícita, amplia y continua a la organización de los sectores populares, indígenas, negros, campesinos y de trabajadores que se oponen al modo de explotación y despojo y ahora esos sectores cuentan con un proyecto político viable y cierto y que requiere ser apoyado, confirmado e impulsado continuamente.
Esta democracia genocida hizo de la mayoría pobre el enemigo interno, requerido para mantener la guerra como adoctrinamiento político en contra de cualquier movimiento social respetuoso de la dignidad humana y la vida. Las comunidades se mantuvieron firmes enfrentando la persecución estatal, su señalamiento y su exterminio, y ahora se presentan como alternativa política en favor de la vida y la dignidad humana, mantener el proyecto político del cambio es mantener la resistencia y profundizar la construcción política de la alternativa popular.
El proyecto político del cambio, más allá de las elecciones, puede avanzar en la tarea de que la población colombiana comprenda que su participación es fundamental para la construcción de otro proyecto de país, uno que necesita cimentar otro tipo de relación social, de estructura económica y de pacto político. De que reconozca que la dinámica de la guerra debe ser superada, con reconocimiento de responsabilidad, reconciliación en justicia y resarcimiento social, ético y político. De que se disponga a saberse parte de la creación de otro país donde las relaciones sociales, económicas y políticas no sean impuestas por el autoritarismo y la barbarie. Es decir, de que participe en la creación de un país donde los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales sean, por primera vez, garantizados por el Estado.
En el contexto político actual, la creación de ese otro país pasa por avanzar en el proceso de paz. Terminar con la guerra es esencial para que la vida se amplíe más allá del odio, la amenaza y el exterminio político y social que ha sido la práctica tradicional de las gentes de bien, de la mafia de bien, para imponer su proyecto de nación. Finalizar la guerra deja por fuera de la discusión política la balacera que encubre la práctica para-estatal de persecución y asesinato de actores sociales como modo de silenciar a la oposición popular. La paz es una necesidad para avanzar en la construcción de un país donde el narcotráfico no determine la vida biológica, material, social, económica, cultural y política, es la ventana histórica para darle justicia a las víctimas de esa democracia brutal que se impuso en el país desde mucho antes del siglo pasado. Entonces, el voto regional debe considerar la opción por la paz como un criterio para la confirmación del proyecto político del cambio: sí a la paz.
Crear otro país pasa por cumplir la Constitución a través de una política que haga real el Estado Social de Derecho, lo que implica profundizar las acciones del Gobierno para garantizar los derechos públicos, universales y gratuitos de salud y educación, que actualmente, todavía, están en las garras de las mafias de bien para proteger los intereses mercantiles del sector privado, es decir, del mercado y de la ganancia. Pasa por crear condiciones sociales que garanticen empleo amplio y digno, que reconozcan los derechos laborales y la dignidad del trabajador y que protejan el proceso económico social de la explotación capitalista, de su ambición, egoísmo y despojo connatural. Pasa por avanzar en el acceso, amplio y democrático, a la vivienda, con condiciones de financiamiento público de carácter universal. Pasa por garantizar el derecho a la alimentación, desde la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Entonces, el voto regional debe profundizar una política social que permita hacer del Estado el garante de los derechos humanos en todo el territorio nacional: sí a la justicia social.
Tomar por el camino de ordenar el desarrollo de los departamentos y los municipios según el agua, los recursos sostenibles y la armonía con la naturaleza es disponerse a crear otros modos de producción y orientar los existentes para que la vida sea posible y, por lo tanto, se pueda avanzar en mejorar sus condiciones, considerando a la madre tierra como centro de la vida. Eso parece extraño para una sociedad que ha sido obligada, bajo amenaza, a considerar que hay que hacer plata a como sea y, preferentemente, de manera delictiva; en un país donde los criminales se pavonean mostrándose como ejemplos de imitación, donde el cinismo de la barbarie se vocifera en los grandes medios de desinformación, donde la destrucción del medio ambiente se tasa en la bolsa del soborno y donde los grandes políticos, con experiencia en robo, se rasgan las vestiduras porque los permisos y las licencias que antes compraban fácilmente, ahora se están revisando con detenimiento y con la necesaria consulta popular, el voto por el cambio es una necesidad vital. Entonces, el voto regional debe expresar la decisión de arrebatarle el desarrollo económico y social a la rapiña de las gentes de bien que presentan su avaricia como bien y fin público, es confirmar la opción por la vida y el cuidado y la protección de la naturaleza como legado para las próximas generaciones: sí a la vida.
El pacto por el cambio histórico es una propuesta popular por comenzar a construir una república digna y humana, este gobierno es el primero de muchos que las comunidades indígenas, negras, campesinas y de trabajadores y del sector popular que han esperado por siglos y hoy, que empiezan a crearlo, esperan mantener por siglos, es el primero de los muchos gobiernos del pueblo.
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