Por Edwin Manuel García Maldonado
La crisis del Estado centralizado y la necesidad de una democracia territorial
La crisis de seguridad evidenciada en Santa Marta hace apenas un mes vuelve a repetirse en Cúcuta y Bogotá. En ambas ciudades, a partir de las propuestas del Gobierno nacional, soplan nuevamente vientos de militarización. Mientras tanto, en Santa Marta y sus zonas aledañas se mantiene prácticamente inalterado el accionar de los grupos al margen de la ley, y en Barranquilla continúa una dinámica de violencia que afecta a sus habitantes desde hace mucho tiempo. Esto, sin mencionar las situaciones que padecen el Cauca, el Valle del Cauca, el Chocó y otros territorios del país.
¡Vuelve y juega! Otra vez el mismo titular, aunque con el nombre de otras ciudades. Y otra vez la misma solución anunciada con bombos y platillos: más pie de fuerza y militarización. Se reitera así esa debilidad que parecen tener las sociedades machistas por el uso de la fuerza: todo queremos resolverlo por esa vía. Y aunque una y otra vez demuestre sus limitaciones, seguimos insistiendo, quizá porque carecemos de memoria suficiente —y si algo nos queda, también quieren arrebatárnoslo— para recordar que esa fórmula, por sí sola, nunca ha resuelto nuestros problemas.
La célebre canción del maestro Rafael Escalona, El Almirante Padilla, contiene una estrofa irreverente en la que el compositor expresa su animadversión hacia aquella fragata insigne de la Armada Nacional. Por supuesto, semejante improperio contra la institucionalidad patria tiene un contexto. En el norte peninsular de nuestro país, durante aquellos años de juventud de Escalona e, incluso, quizá también hoy, el contrabando no era mal visto entre buena parte de sus habitantes. Se trataba de una actividad extendida, de la que subsistían numerosas familias y que mantenía boyante la economía de una región históricamente golpeada por el abandono estatal.
No se entendía muy bien por qué desde el centro del país se miraba con tanto desprecio y se perseguía aquella actividad. O quizá sí se entendían las razones, pero no se compartían. Para los habitantes de la región, el contrabando no parecía afectar sus intereses; por el contrario, constituía una fuente de sustento y una de las pocas alternativas económicas disponibles.
Claro, los cachacos de saco y corbata, con sus cachetes colorados y su decir refinado, explicaban con suficiencia que el contrabando afectaba los intereses del Estado: se dejaban de recaudar impuestos y se debilitaba la inversión social. Pero enseguida aparecía la réplica, formulada a manera de pregunta por quienes defendían aquel comercio ilegal: ¿cuál Estado?, ¿cuál inversión social? Ese Estado por aquí no aparece. Ese Estado no nos representa, ni tampoco sus leyes.
Con algunas variaciones de tiempo y lugar, el problema persiste. El Estado colombiano sigue sin representar a buena parte de sus ciudadanos, y sus leyes continúan resultándoles ajenas. No participan en su construcción ni en la definición de sus contenidos. ¿Por qué habrían de sentir como propio aquello en cuya elaboración no tuvieron ninguna participación? Los entendidos hablan de un contrato social, pero de uno en cuya construcción no se tuvieron en cuenta sus consideraciones, sus opiniones y mucho menos sus maneras de comprender e interpretar la vida.
En Chapinero, Bogotá, el Estado construye vías, garantiza el suministro de energía eléctrica y agua potable, ofrece colegios, hospitales, seguridad y acceso a la justicia. En una vereda de la Sierra Nevada de Santa Marta, en cambio, pueden faltar todas esas cosas. Allí el Estado solo aparece para reprimir.
A un adolescente de las comunas de Medellín o del suroccidente de Barranquilla se le exige cumplir las leyes de un Estado que mató a su padre, que condena a su madre a sobrevivir con un salario de hambre, que le negó oportunidades de educación y salud y que lo empujó a la mendicidad. Ese mismo Estado aparece después en forma de policía para maltratarlo y reducir su dignidad.
¿Por qué no discutimos estas realidades en el Congreso de la República? ¿Por qué no constituyen el centro del debate nacional? ¿Acaso creemos que algunos colombianos son malos por naturaleza? Si en las facultades de Derecho se estudian las leyes, su aplicación y las consecuencias de su incumplimiento, ¿por qué no se examinan también las razones que explican su transgresión recurrente? ¿Por qué no analizamos las causas profundas de la ilegalidad que gobierna extensas zonas urbanas y rurales del país?
Es increíble la miopía —o la maldad— de quienes dirigen el Estado en los ámbitos político y económico. Insisten en una receta que no resuelve el problema y que, por el contrario, contribuye a incrementar los niveles de conflictividad. Se niegan a reconocer que detrás de buena parte de estas situaciones existe un problema estructural que antecede a las respuestas coyunturales de seguridad.
El problema colombiano tiene mucho que ver con la manera como se organizó territorial y políticamente la estructura del poder.
Por una parte, se fragmentó el territorio y su planificación mediante departamentos surgidos, en buena medida, de los intereses de terratenientes y dirigentes políticos regionales, empeñados en asegurar sus respectivos feudos y construir jurisdicciones electorales que les garantizaran representación en el Congreso. Por otra, se centralizó el poder político bajo el argumento de preservar la unidad nacional, consolidando una suerte de cofradía clientelar entre los poderes locales y el poder central. Una alianza que ha terminado por obstaculizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que determinan sus destinos.
La derecha colombiana, encerrada en una interpretación unilateral de nuestra historia y realidad, en una burbuja clasista y en prejuicios dogmáticos, ahora de calibre neofascista, contempla a las comunidades pobres como enemigos indeseables, siempre proclives al crimen y, por tanto, merecedores de sometimiento.
La izquierda, por su parte, parece haberse sometido a una institucionalidad que limita su capacidad de transformación. Carece de inventiva, se muestra plana y repetitiva, como si hubiese renunciado a la posibilidad de pensar y crear —con la excepción de Gustavo Petro-. Parece conformarse con gobernar para los sectores populares, sin comprender suficientemente que el propósito de una verdadera revolución democrática es que estos puedan ejercer el poder. No es lo mismo un gobierno para la gente que un gobierno de la gente.
Ninguno de estos sectores parece dimensionar suficientemente la importancia del ordenamiento territorial, su estrecha relación con las conflictividades que padecemos y, sobre todo, su incidencia en las posibilidades reales de construir democracia.
La crisis del Estado nacional centralizado se manifiesta cotidianamente. Frente a ella, resulta necesario avanzar hacia un Estado regional que transforme las actuales estructuras de poder territorial y modifique la distribución de las competencias políticas. Esto supone distribuir territorialmente las funciones legislativas, así como las competencias fiscales, presupuestales y de planificación, de manera que las regiones se conviertan en nuevos escenarios desde los cuales podamos construir propósitos comunes y fundar una nueva colombianidad.
Pero la regionalización no puede reducirse a una redistribución administrativa del poder: debe estar acompañada de una democratización profunda que permita transferir el poder a las comunidades y garantizarles capacidad efectiva de decisión sobre los asuntos que afectan sus vidas. De lo contrario, solo estaríamos trasladando las estructuras de poder existentes de un escenario a otro, sin modificar su naturaleza.
Esto exige también revisar nuestra organización constitucional. La Constitución de 1991 representó un avance significativo en el reconocimiento de derechos y garantías, pero la organización del poder no experimentó una transformación equivalente. Necesitamos una mayor correspondencia entre los principios y derechos consagrados en su parte dogmática y la estructura institucional de su parte orgánica.
Para ello resulta fundamental fortalecer la figura del municipio, municipalizar el Estado, como expresión institucional inmediata y cercana al ciudadano. Pero también regionalizar la vida nacional, de manera que las regiones, conformadas a partir de identidades geográficas, culturales y socioeconómicas compartidas, puedan asumir la planificación integral y estratégica de sus territorios.
Ahora o después, Colombia tendrá que avanzar por esa nueva senda. Y América Latina también tendrá que transitarla si pretende construir una democracia verdaderamente participativa, con la gente y desde sus territorios. Una nueva teoría del Estado, un nuevo modelo constitucional y una nueva concepción jurídica deben comenzar a iluminar, desde las comunidades y sus particularidades, el porvenir de un continente que pueda reconocerse en su diversidad y construir una nueva era de relacionamiento inter-nacional.
Porque no habrá una verdadera transformación democrática mientras las comunidades sigan siendo, a lo sumo, destinatarias de las decisiones del poder y no protagonistas de su ejercicio. El desafío es construir un Estado en el que los territorios no sean simples espacios de administración, sino escenarios de poder popular y construcción de democracia.
