Por Carolina Bastidas*
El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha dejado clara su visión del desarrollo para el país: mayor seguridad y presencia de la fuerza pública en el territorio nacional; incentivos a la inversión extranjera y promoción del «emprendimiento» empresarial; y explotación de recursos naturales. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Pacto por Colombia, pretende, en sus tres pilares constitutivos (pacto por la legalidad, por el emprendimiento y por la equidad), crear las condiciones de seguridad y las garantías económicas y jurídicas para la explotación de los recursos naturales, relegando o ignorando los problemas de desigualdad estructural, en la que la naturaleza es una de las principales víctimas.
El componente ambiental estipulado en el PND e inmerso en el «pacto por la legalidad», reduce la problemática ambiental a la presencia de cultivos ilícitos. Es decir, se desconocen los profundos conflictos ambientales ocasionados por la explotación desmedida e irregular de recursos naturales y la transformación de los ecosistemas, desligando de esta forma las responsabilidades del estado y las empresas o multinacionales dedicadas a la extracción de recursos con la naturaleza y los seres humanos que habitan los diferentes ecosistemas.
Más preocupante aún resulta el hecho de considerar que la solución a la presencia de cultivos ilícitos pasa por un proceso de criminalización de los consumidores, el fortalecimiento del pie de fuerza en los territorios, la erradicación forzada y la aspersión con glifosato. Lo que debería ser una política nacional de protección y defensa de los derechos de la naturaleza y la preservación de ecosistemas para la vida, pasa a convertirse en un acápite de la política de lucha contra las drogas. Política que -no está de más decir- no soluciona los problemas de violencia y desigualdad en el que surge la económica de los cultivos ilícitos. Por el contrario, promueve mayor violencia, estigmatización y muerte a causa del glifosato que, como ya lo han evidenciado muchos casos en el mundo, tiene efectos nocivos y perversos en la salud de los seres humanos y el bienestar de la naturaleza.
Lo que debería ser una política nacional de protección y defensa de los derechos de la naturaleza y la preservación de ecosistemas para la vida, pasa a convertirse en un acápite de la política de lucha contra las drogas.
Por otra parte, las licencias ambientales, que deberían medir los impactos sociales, culturales, económicos, físicos y ambientales de los procesos de intervención en los ecosistemas, son modificadas para facilitar los llamados «emprendimientos» empresariales de las grandes multinacionales. La flexibilización de las licencias ambientales y el ataque directo contra la legitimidad de iniciativas sociales como las consultas populares, que en diversos municipios del país intentaron frenar procesos de intervención nocivos contra la naturaleza y los territorios, hacen parte de la estrategia de gobierno para fomentar la economía extractivista.
El discurso que sustenta estas políticas pretende vendernos el imaginario de que los recursos obtenidos de la explotación de la naturaleza servirán para financiar políticas sociales. Nada más alejado de la realidad puesto que, precisamente, el modelo extractivista socava aún más la calidad de vida de los habitantes y los ecosistemas. Las iniciativas de emprendimientos sociales sostenibles y sustentables con la naturaleza, estipulados en los acuerdos de paz, son reemplazados por emprendimientos extractivistas que además de deteriorar los ecosistemas, posibilitan la fuga de capitales y recursos económicos de los territorios.
Las directrices que regulan estos procesos están estipuladas en el pacto minero-energético. En dicho pacto se contempla la explotación de yacimientos no convencionales, que requieren recursos adicionales para su extracción, y nuevas técnicas de intervención, entre las que encontramos el fracking.
El PND plantea dos procesos frente a esta iniciativa. El primero son los proyectos Off Shore, dirigidos hacia la explotación de los océanos del país, y el segundo es el Fracking o fraccionamiento hidráulico, que es una técnica de extracción de recursos en la que «una mezcla de agua, arena y productos químicos es inyectada al subsuelo a alta presión con el fin de fracturar la tierra y liberar los hidrocarburos en forma de gas que están en los esquistos que son la parte más profunda de este subsuelo». (Fuente: Semana sostenible). Por supuesto, se trata de una técnica que altera considerablemente los ecosistemas, empezando por las fuentes de agua, y por la contaminación atmosférica, entre otros impactos.
El ministerio de minas, previo al Plan Nacional de Desarrollo, había emitido dos actos administrativos: el Decreto 3004/2013, que se encuentra en proceso de nulidad, y la resolución 90341/2012. La primera faculta al MinMinas la regulación de los procesos técnicos que se requieren en yacimientos no convencionales, estipulando que en un periodo de seis meses la dependencia debe regular y asignar los requerimientos legales para este tipo de explotación. Por su parte, la Resolución 90341, que cumple este decreto, se enfoca principalmente en los aspectos técnicos del procedimiento, dejando a un lado la regulación de los factores de riesgo socioambientales. Es decir, estas normativas violan el componente de constitución ecológica, el derecho a un medio ambiente sano y desconocen las implicaciones en la salud humana y los efectos perniciosos en la sostenibilidad del medio ambiente.
Es claro que el presidente Iván Duque ha incumplido con su promesa de no implementar el fracking en el país. El Plan Nacional de Desarrollo, no contempla una política integral efectiva del cuidado y preservación de la naturaleza y los ecosistemas. Por el contrario, sumado al interés de desestructurar los acuerdos de paz, se ha enfocado en crear las condiciones jurídicas, económicas y políticas para explotar los recursos naturales sin ninguna consideración social y ambiental.
El presidente Iván Duque ha incumplido con su promesa de no implementar el fracking en el país. El Plan Nacional de Desarrollo, no contempla una política integral efectiva del cuidado y preservación de la naturaleza y los ecosistemas.
Como se dijo, los decretos mencionados anteriormente se encuentra en proceso de nulidad y se estableció una comisión para evaluar la pertinencia del fracking en el país, que estableció cuatro recomendaciones, entre ellas: establecer indicadores ambientales para realizar este tipo de exploraciones; que exista una mayor participación de las comunidades en el proceso de diagnóstico e implementación, así como la formulación de una regulación técnica que evite la contaminación del aire, y la articulación entre los entes territoriales y el gobierno nacional. Sin embargo, estamos lejos de lograr lo que el presidente Duque denomina «un fracking responsable».
Este 7 de junio está programada una movilización social contra el fracking y la minería contaminante, con motivo de la demanda interpuesta contra el consejo de estado por el Grupo de Litigio e interés Público de la Universidad del Norte, que busca la nulidad del Decreto 3004/2013 y la Resolución 90341/2012, que dan vía libre al fracking en el país.
Como lo hemos mostrado, esta práctica hace parte de una estrategia política mayor que no contempla los conflictos socioambientales, la violencia contra la naturaleza y los derechos a un ambiente sano de todos los colombianos. El enfoque del PND, además de socavar el proceso de paz, desarticula los elementos constitutivos del acuerdo con las Farc, donde la naturaleza y el cuidado de los territorios es un elemento esencial. No podemos pensar la paz por fuera del medio ambiente y mucho menos, pensar en un proceso de reconciliación nacional que no reconozca la violencia histórica padecida por la naturaleza en el marco del conflicto armado.
*Activista
Foto: Joshua Doubek, tomada de Wikipedia
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