Por Edwin Manuel García Maldonado

El Gobierno actual amenaza importantes valores del modelo constitucional establecido en 1991. Desconoce la presunción de inocencia de personas procesadas mucho antes de que sean vencidas en juicio; atropella la dignidad humana de los detenidos, sometiéndolos al escarnio público e incluso ordenando cortarles arbitrariamente el cabello; señala de corrupción a autoridades locales sin que medien investigaciones de los organismos de control o de las autoridades judiciales. Y, quizá lo más grave, ha planteado la necesidad de abrir una discusión sobre el gasto económico que supone atender las promesas sociales de la Constitución, sugiriendo desmontar derechos y garantías elevados a rango constitucional.

Tengo una convicción particular sobre la relación entre las constituciones y el tiempo. No soy de quienes creen en su intocabilidad. Por el contrario, considero que el país debe dar una discusión profunda sobre su marco constitucional, pues las constituciones no pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo social. Sin embargo, esa discusión no puede abrir la puerta a medidas regresivas que desconozcan los avances alcanzados a través de la actual carta política. No podemos olvidar que la Constitución de 1991 representó conquistas importantes frente al régimen constitucional de 1886.

Si pensamos en la necesidad de un nuevo marco constitucional, este tendría que orientarse a profundizar los alcances del Estado social de derecho, fortalecer la democracia, avanzar en la construcción de la paz y distribuir el poder en los territorios. Pero, sobre todo, debería contribuir a superar las distancias existentes entre la parte dogmática de la Constitución —su catálogo de derechos y garantías— y la parte orgánica, la cual mantuvo buena parte de las estructuras de poder excluyentes que, a la postre, han dificultado la materialización de los postulados de justicia social. No tendría sentido promover una transformación constitucional que niegue derechos, vulnere garantías o desmonte las conquistas que nos han puesto en la ruta de construcción de un Estado social de derecho. Una regresión de semejante naturaleza sería inadmisible.

Ahora bien, me pregunto si esta convicción sobre la inadmisibilidad de la regresión y el desmonte de derechos es realmente compartida por los constitucionalistas y juristas de nuestro país. La inquietud surge al advertir el silencio de numerosos colegas y de las facultades de Derecho de prestigiosas universidades, especialmente algunas instituciones privadas y de alto costo que tanto se precian de su defensa del orden jurídico. No conozco pronunciamientos contundentes de estos sectores para rechazar las amenazas que se ciernen sobre el actual modelo constitucional. ¿Acaso aplica aquí aquella máxima según la cual quien calla otorga? ¿Ese silencio termina avalando, por omisión, semejantes amenazas?

Esta coyuntura representa una oportunidad para demostrar que el apego a la Constitución no depende de las circunstancias políticas y que la defensa del orden jurídico debe manifestarse frente a cualquier gobierno, independientemente de los intereses que represente. Pero también debería llevarnos a una reflexión más profunda: ¿por qué la defensa y la construcción del pensamiento constitucional siguen siendo, en buena medida, asuntos reservados a los círculos académicos y a las élites jurídicas? ¿Por qué las comunidades continúan ocupando un lugar marginal en una discusión que compromete directamente sus derechos y sus condiciones de vida?

Es necesario superar esos límites y sacar el debate constitucional de los claustros universitarios y de los espacios exclusivamente académicos e intelectuales. No se trata de restarle importancia al conocimiento especializado, sino de reconocer que la Constitución no puede ser un asunto exclusivo de quienes la estudian, interpretan o aplican profesionalmente. Su defensa y transformación requieren una sociedad que conozca sus contenidos, se apropie de sus conquistas y participe activamente en la discusión sobre su presente y su futuro.

Para ello, el pensamiento constitucional necesita democratizarse y construirse también desde los territorios y con sus comunidades, de manera que pueda reflejar verdaderamente la composición nacional, su diversidad y su complejidad. Necesitamos un pensamiento constitucional situado, capaz de reconocer las condiciones particulares que deben atender la Constitución y las leyes, así como las variables territoriales que determinan su aplicación. Un precepto constitucional o legal interpretado y aplicado en abstracto, sin considerar las realidades concretas en las que debe operar, puede terminar siendo profundamente inadecuado.

Basta de que las comunidades sean únicamente destinatarias del conocimiento, fuentes de información u objetos de estudio. Es necesario construir conocimiento con ellas, a partir de sus experiencias, prioridades y relaciones con los territorios que habitan. Esto no significa despreciar el conocimiento técnico y científico, ni idealizar el saber comunitario como si fuera perfecto y estuviera exento de contradicciones. Tampoco supone establecer una oposición entre ambas formas de conocimiento. Se trata, más bien, de poner el conocimiento técnico y científico al servicio de los saberes populares, reconocer su valor, sistematizarlos honestamente y contribuir a traducirlos en formulaciones teóricas capaces de fundamentar el horizonte constitucional.

El constitucionalismo tradicional, que se ha situado por encima de las comunidades para regular sus relaciones y sus formas de vida, ha carecido con frecuencia del contacto directo con los fenómenos sociales y ha desconocido las condiciones del país profundo y diverso. En no pocas ocasiones, sus interpretaciones se han construido sobre buenas intenciones, referencias teóricas, especulaciones o intuiciones, sin el conocimiento suficiente de las realidades sobre las cuales pretenden intervenir. Y es que una cuestión que determina la vida de las personas no puede quedar librada a la posibilidad de acertar por aproximación. Requiere la certeza que proporciona la presencia en los territorios y el conocimiento profundo de sus condiciones. Ese viejo constitucionalismo debe dar paso a uno enraizado en las realidades de las comunidades, en sus formas de vivir y sentir, en sus carencias y frustraciones, pero también en sus esperanzas y motivaciones.

Llamémoslo constitucionalismo vivo y popular. Esta manera de comprender y practicar el derecho constitucional nos sitúa en la senda de una verdadera democratización del país. Solo así el debate constitucional podrá convertirse en un asunto de todos y todas, y dejará de ser patrimonio exclusivo de una élite intelectual que, en el mejor de los casos, pretende interpretar al pueblo, cuando lo que realmente necesitamos es involucrarlo activamente en la construcción cotidiana de las instituciones, en la aplicación dinámica de los valores constitucionales y, sobre todo, en la defensa de sus conquistas sociales y sus derechos.

La democracia profunda, arraigada en las comunidades y construida desde los territorios, es uno de los principales antídotos frente a cualquier pretensión autoritaria de desmontar el Estado social de derecho. Porque la defensa de la Constitución requiere una ciudadanía que se sienta representada en ella, reconozca sus conquistas como propias y esté dispuesta a defenderlas. El derecho constitucional debe ser un vehículo para trasladar las aspiraciones y el sentir popular al orden constitucional. De ese modo, la Constitución podrá convertirse en un verdadero pacto social que nos involucre a todos y todas, construido y apropiado por las mayorías desde sus territorios. Es esa profunda identificación con los valores constitucionales la que puede hacer del Estado una representación más fiel de nuestra diversidad y complejidad sociocultural.


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