La derrota en la Cámara de Representantes del proyecto de objeción de seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP del presidente Iván Duque Márquez es, sin duda, una noticia refrescante en medio del clima de tensión generado por los continuos ataques a la JEP y al Acuerdo de Paz por parte de la propia presidencia, apoyada en la bancada de ultraderecha, representada en el Centro Democrático y su líder natural, el senador Álvaro Uribe Vélez.
No obstante, dicha derrota, aunque significativa -pues podría signar el óbito definitivo del proyecto-, deberá tomarse también con mucha cautela, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año «electoral» y todo movimiento político de los partidos y bancadas deberá leerse siempre como un cálculo de cara a las elecciones de Octubre. Así mismo, habrá que esperar el resultado de la respectiva votación en el Senado, donde las facciones anti-Acuerdo pueden ser mayoritarias.
En este contexto, es interesante observar los movimientos políticos -a veces secundados de forma grosera por la gran prensa (véase el descarado rencauche de Vargas Lleras)- y las «pulseadas» al interior de las diversas fuerzas políticas. Así, la derrota al proyecto de objeciones en la Cámara y la reciente Minga en el Cauca le han dado un nuevo aire al movimiento progresista, que tiene la oportunidad de retomar el camino de la oposición con mayor legitimidad y fuerza. Todo esto, insistimos, deberá asumirse con cautela y previendo una cruda reacción de la ultraderecha, que es de esperar agotará todos los recursos políticos, económicos y mediáticos para detener los avances de la JEP y de la aún austera implementación del Acuerdo.
La instalación de las infames vallas publicitarias por parte del Centro Democrático en contra de la JEP y los ataques, señalamientos y hasta posibles amenazas de muerte a los integrantes de la Minga (el tristemente célebre concepto de «masacre con criterio social» esgrimido por el senador Uribe), son apenas la punta de lanza de una estrategia de adoctrinamiento y manipulación que, según lo visto, no tendrá nada de sutil.
Por otro lado, la predecible lucha interna entre sectores más o menos progresistas podría, como suele suceder, favorecer el reagrupamiento de las fuerzas más reaccionarias. Sobre esto existen bastantes antecedentes, todos los cuales prueban que, pese a las diferencias (casi siempre de matices), los sectores más conservadores y reaccionarios son capaces de unificar criterios con respecto a los temas más transversales (el modelo económico, por ejemplo) y, de ese modo, preservar el statu quo.
Esta reciente «derrota» de Duque o, lo que es lo mismo, este avance del progresismo podría servir, incluso, para legitimar la idea de una democracia apenas aparente. De este modo, a pesar del miedo y el terrorismo ideológico, las fuerzas reaccionarias, con gran ayuda de los medios de comunicación, logran imponer la idea de que existe una democracia, un clima de disensos en que el grupo hegemónico cede ante ciertas demandas menores solo para preservar la inmunidad del establishment.
Igual lectura puede hacerse con respecto a la Minga, por ahora a la espera de un improbable encuentro con Duque y un aún más improbable Acuerdo entre las partes. En este caso es todavía más evidente la fractura entre las visiones del país y las críticas al modelo hegemónico. Se trata de dos miradas totalmente opuestas que difícilmente podrán conciliarse, o al menos no sin que uno de los dos bandos ceda en buena parte de sus demandas y aspiraciones, y es claro que no será el gobierno nacional el que lo haga.
Es en la experiencia de la Minga, más que en ningún otra, en donde se ponen de manifiesto los verdaderos dilemas de la paz, pues la movilización social es la única instancia que, más que la implementación mecánica del Acuerdo, demanda la creación de condiciones reales para la superación de los múltiples conflictos sociales que impiden la consolidación de la Paz.
En un régimen de terror como al que quieren vernos abocados las fuerzas uribistas, todo triunfo, así sea parcial, todo avance del progresismo, será respondido con redoblada saña y con todas las malas artes de la política: desde la cooptación mafiosa de la institucionalidad, el fraude electoral y la reactivación de la guerra de exterminio, ahora legitimada por una suerte de estado de excepción.
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