Comunicación crítica para tiempos críticos
Por David Paredes
Durante más de tres décadas, en círculos académicos y en escenarios de debate o de opinión, se ha hablado de lo incompatibles que pueden ser la Constitución de 1991 y el creciente centralismo político-administrativo de Colombia. Mientras la Constitución permitió crear las gobernaciones y, con esto, por decirlo de algún modo, distribuir el poder ejecutivo por todo el territorio nacional, en la práctica, el poder ha seguido siendo ejercido desde el centro.
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Por Edwin Manuel García
El asunto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) genera mucha controversia, más cuando sectores retardatarios se han apropiado de ella para proponer un esperpento que contradice la esencia misma de esta figura, que por excelencia debe ser reparadora del tejido social. Nada más necesario que una profunda ANC, amplia y general, para un país que ya no aguanta más, en el que desde hace mucho tiempo no son suficientes las reformas superficiales ni los paños de agua tibia: nuestros códigos, y la misma constitución del 91, son colchas de retazos que pretenden resolver con minucias leguleyas lo que requiere el concurso muy activo de toda la ciudadanía.
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La derrota en la Cámara de Representantes del proyecto de objeción de seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP del presidente Iván Duque Márquez es, sin duda, una noticia refrescante en medio del clima de tensión generado por los continuos ataques a la JEP y al Acuerdo de Paz por parte de la propia presidencia, apoyada en la bancada de ultraderecha, representada en el Centro Democrático y su líder natural, el senador Álvaro Uribe Vélez.
No obstante, dicha derrota, aunque significativa -pues podría signar el óbito definitivo del proyecto-, deberá tomarse también con mucha cautela, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año «electoral» y todo movimiento político de los partidos y bancadas deberá leerse siempre como un cálculo de cara a las elecciones de Octubre. Así mismo, habrá que esperar el resultado de la respectiva votación en el Senado, donde las facciones anti-Acuerdo pueden ser mayoritarias.