En las últimas semanas el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que evidencian un malestar existente en la ciudadanía que, como siempre, se ha visto en la necesidad de expresar su inconformidad de diversas maneras: desde la queja o el humor hasta la movilización y el activismo. Sin embargo, estos sucesos “extraordinarios” caen rápidamente en el olvido o son reemplazados por una nueva «genialidad», un nuevo abuso de autoridad o una nueva salida en falso de algún personaje de la vida política nacional o local.
La misma “intrascendencia” que caracteriza a estos hechos ocasiona que sean vistos como casos aislados o atípicos, desconociendo el trasfondo que los origina, el cual tiene mucho que ver con las decisiones políticas de quienes están en el poder. Casos como el de la tristemente famosa multa por la compra-venta de empanadas en Bogotá o los dramáticos casos de enfrentamientos entre vendedores informales y funcionarios de la Dirección Administrativa de Espacio Público de la Alcaldía de Pasto (con el apoyo de la Policía Nacional) no son más que consecuencias de las arbitrariedades de los mandatarios locales en la intención de privar de sus medios de subsistencia a las poblaciones excluidas del mercado laboral.
Bajo el pretexto de la defensa de un intangible como el «espacio público» (concepto ambiguo como pocos), las administraciones se han abocado a una auténtica cruzada en contra de sectores altamente vulnerables. La defensa de esos intangibles así como la promoción de la manida «cultura ciudadana» parecen a veces meros pretextos retóricos para justificar el desconocimiento de derechos fundamentales. Todo conflicto social debe resolverse de la manera que menos afectación ocasione a las personas y, por supuesto, poniendo en primerísimo lugar la garantía de derechos fundamentales de las mismas y no al contrario, como actualmente sucede.
Situaciones como las descritas evidencian, además, el sentido de la planificación y el ordenamiento territorial de las ciudades, en las que se privilegia el uso «adecuado” del espacio público en detrimento de las necesidades sociales de quienes lo ocupan. En este sentido, el «derecho a la ciudad” queda reducido a una mera fórmula estética que facilite la libre circulación de capitales y bienes de consumo pero, curiosamente, no de trabajadores, es decir, los hombres y mujeres (y también niños y niñas) de carne y hueso que ocupan de manera entre transitoria y estacionaria los espacios comunes en busca de un sustento. Estas formas de percibir el territorio, materializadas en políticas sobre el uso del espacio público representan, por una parte, el fracasado esquema de planificación que divide a las ciudades en centro y periferia al tiempo que evidencia ese paradigma vertical de la ciudad.
En ese orden de ideas, el cuestionado alcalde Peñalosa, representante de una casta de mercenarios de lo público, o el mandatario local de Pasto, Pedro Vicente Obando, representante a su vez de una supuesta «alternativa» progresista (cada vez más en entredicho), tienen más en común de lo que parece: su visión de ciudad sigue siendo deudora de un paradigma de desarrollo que privilegia el capital sobre las personas. No hay que olvidar tampoco que, en ambos casos, se trata de mandatarios que llegaron a las corporaciones públicas gracias al apoyo de empresarios y políticos de dudosa reputación, quienes de alguna manera tienen injerencia o influyen grandemente en las decisiones del ejecutivo.
Todo lo anterior debe llevarnos a repensar las estrategias ciudadanas, partiendo de la comprensión de que es exigible que los funcionarios actúen en defensa de los derechos más básicos de la población. La legalidad no debe reñir jamás con la justicia, ni el cumplimiento de la ley debe servir de coto de caza para la vulneración de los derechos. De hecho, el apego irrestricto a la ley, sobre todo en un contexto en donde las leyes están al servicio de unas élites empresariales, es uno de los caminos más seguros hacia la consolidación de un fascismo encubierto en discursos bienintencionados.
Especialmente en Pasto y en Nariño, supuestos bastiones de la alternatividad y el progresismo, el discurso y las banderas deben coincidir con las decisiones y las acciones. En el contexto político actual, con ciudadanías cada vez más informadas y empoderadas, es exigible una mínima coherencia entre el decir y el hacer. Todo lo demás será mero engaño.
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