Columna Abierta

Por Edwin Manuel García Maldonado

La crisis del Estado centralizado y la necesidad de una democracia territorial

La crisis de seguridad evidenciada en Santa Marta hace apenas un mes vuelve a repetirse en Cúcuta y Bogotá. En ambas ciudades, a partir de las propuestas del Gobierno nacional, soplan nuevamente vientos de militarización. Mientras tanto, en Santa Marta y sus zonas aledañas se mantiene prácticamente inalterado el accionar de los grupos al margen de la ley, y en Barranquilla continúa una dinámica de violencia que afecta a sus habitantes desde hace mucho tiempo. Esto, sin mencionar las situaciones que padecen el Cauca, el Valle del Cauca, el Chocó y otros territorios del país.

¡Vuelve y juega! Otra vez el mismo titular, aunque con el nombre de otras ciudades. Y otra vez la misma solución anunciada con bombos y platillos: más pie de fuerza y militarización. Se reitera así esa debilidad que parecen tener las sociedades machistas por el uso de la fuerza: todo queremos resolverlo por esa vía. Y aunque una y otra vez demuestre sus limitaciones, seguimos insistiendo, quizá porque carecemos de memoria suficiente —y si algo nos queda, también quieren arrebatárnoslo— para recordar que esa fórmula, por sí sola, nunca ha resuelto nuestros problemas.

La célebre canción del maestro Rafael Escalona, El Almirante Padilla, contiene una estrofa irreverente en la que el compositor expresa su animadversión hacia aquella fragata insigne de la Armada Nacional. Por supuesto, semejante improperio contra la institucionalidad patria tiene un contexto. En el norte peninsular de nuestro país, durante aquellos años de juventud de Escalona e, incluso, quizá también hoy, el contrabando no era mal visto entre buena parte de sus habitantes. Se trataba de una actividad extendida, de la que subsistían numerosas familias y que mantenía boyante la economía de una región históricamente golpeada por el abandono estatal.

No se entendía muy bien por qué desde el centro del país se miraba con tanto desprecio y se perseguía aquella actividad. O quizá sí se entendían las razones, pero no se compartían. Para los habitantes de la región, el contrabando no parecía afectar sus intereses; por el contrario, constituía una fuente de sustento y una de las pocas alternativas económicas disponibles.

Claro, los cachacos de saco y corbata, con sus cachetes colorados y su decir refinado, explicaban con suficiencia que el contrabando afectaba los intereses del Estado: se dejaban de recaudar impuestos y se debilitaba la inversión social. Pero enseguida aparecía la réplica, formulada a manera de pregunta por quienes defendían aquel comercio ilegal: ¿cuál Estado?, ¿cuál inversión social? Ese Estado por aquí no aparece. Ese Estado no nos representa, ni tampoco sus leyes.

Con algunas variaciones de tiempo y lugar, el problema persiste. El Estado colombiano sigue sin representar a buena parte de sus ciudadanos, y sus leyes continúan resultándoles ajenas. No participan en su construcción ni en la definición de sus contenidos. ¿Por qué habrían de sentir como propio aquello en cuya elaboración no tuvieron ninguna participación? Los entendidos hablan de un contrato social, pero de uno en cuya construcción no se tuvieron en cuenta sus consideraciones, sus opiniones y mucho menos sus maneras de comprender e interpretar la vida.

En Chapinero, Bogotá, el Estado construye vías, garantiza el suministro de energía eléctrica y agua potable, ofrece colegios, hospitales, seguridad y acceso a la justicia. En una vereda de la Sierra Nevada de Santa Marta, en cambio, pueden faltar todas esas cosas. Allí el Estado solo aparece para reprimir.

A un adolescente de las comunas de Medellín o del suroccidente de Barranquilla se le exige cumplir las leyes de un Estado que mató a su padre, que condena a su madre a sobrevivir con un salario de hambre, que le negó oportunidades de educación y salud y que lo empujó a la mendicidad. Ese mismo Estado aparece después en forma de policía para maltratarlo y reducir su dignidad.

¿Por qué no discutimos estas realidades en el Congreso de la República? ¿Por qué no constituyen el centro del debate nacional? ¿Acaso creemos que algunos colombianos son malos por naturaleza? Si en las facultades de Derecho se estudian las leyes, su aplicación y las consecuencias de su incumplimiento, ¿por qué no se examinan también las razones que explican su transgresión recurrente? ¿Por qué no analizamos las causas profundas de la ilegalidad que gobierna extensas zonas urbanas y rurales del país?

Es increíble la miopía —o la maldad— de quienes dirigen el Estado en los ámbitos político y económico. Insisten en una receta que no resuelve el problema y que, por el contrario, contribuye a incrementar los niveles de conflictividad. Se niegan a reconocer que detrás de buena parte de estas situaciones existe un problema estructural que antecede a las respuestas coyunturales de seguridad.

El problema colombiano tiene mucho que ver con la manera como se organizó territorial y políticamente la estructura del poder.

Por una parte, se fragmentó el territorio y su planificación mediante departamentos surgidos, en buena medida, de los intereses de terratenientes y dirigentes políticos regionales, empeñados en asegurar sus respectivos feudos y construir jurisdicciones electorales que les garantizaran representación en el Congreso. Por otra, se centralizó el poder político bajo el argumento de preservar la unidad nacional, consolidando una suerte de cofradía clientelar entre los poderes locales y el poder central. Una alianza que ha terminado por obstaculizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que determinan sus destinos.

La derecha colombiana, encerrada en una interpretación unilateral de nuestra historia y realidad, en una burbuja clasista y en prejuicios dogmáticos, ahora de calibre neofascista, contempla a las comunidades pobres como enemigos indeseables, siempre proclives al crimen y, por tanto, merecedores de sometimiento. 

La izquierda, por su parte, parece haberse sometido a una institucionalidad que limita su capacidad de transformación. Carece de inventiva, se muestra plana y repetitiva, como si hubiese renunciado a la posibilidad de pensar y crear —con la excepción de Gustavo Petro-. Parece conformarse con gobernar para los sectores populares, sin comprender suficientemente que el propósito de una verdadera revolución democrática es que estos puedan ejercer el poder. No es lo mismo un gobierno para la gente que un gobierno de la gente.

Ninguno de estos sectores parece dimensionar suficientemente la importancia del ordenamiento territorial, su estrecha relación con las conflictividades que padecemos y, sobre todo, su incidencia en las posibilidades reales de construir democracia.

La crisis del Estado nacional centralizado se manifiesta cotidianamente. Frente a ella, resulta necesario avanzar hacia un Estado regional que transforme las actuales estructuras de poder territorial y modifique la distribución de las competencias políticas. Esto supone distribuir territorialmente las funciones legislativas, así como las competencias fiscales, presupuestales y de planificación, de manera que las regiones se conviertan en nuevos escenarios desde los cuales podamos construir propósitos comunes y fundar una nueva colombianidad. 

Pero la regionalización no puede reducirse a una redistribución administrativa del poder: debe estar acompañada de una democratización profunda que permita transferir el poder a las comunidades y garantizarles capacidad efectiva de decisión sobre los asuntos que afectan sus vidas. De lo contrario, solo estaríamos trasladando las estructuras de poder existentes de un escenario a otro, sin modificar su naturaleza.

Esto exige también revisar nuestra organización constitucional. La Constitución de 1991 representó un avance significativo en el reconocimiento de derechos y garantías, pero la organización del poder no experimentó una transformación equivalente. Necesitamos una mayor correspondencia entre los principios y derechos consagrados en su parte dogmática y la estructura institucional de su parte orgánica.

Para ello resulta fundamental fortalecer la figura del municipio, municipalizar el Estado, como expresión institucional inmediata y cercana al ciudadano. Pero también regionalizar la vida nacional, de manera que las regiones, conformadas a partir de identidades geográficas, culturales y socioeconómicas compartidas, puedan asumir la planificación integral y estratégica de sus territorios.

Ahora o después, Colombia tendrá que avanzar por esa nueva senda. Y América Latina también tendrá que transitarla si pretende construir una democracia verdaderamente participativa, con la gente y desde sus territorios. Una nueva teoría del Estado, un nuevo modelo constitucional y una nueva concepción jurídica deben comenzar a iluminar, desde las comunidades y sus particularidades, el porvenir de un continente que pueda reconocerse en su diversidad y construir una nueva era de relacionamiento inter-nacional.

Porque no habrá una verdadera transformación democrática mientras las comunidades sigan siendo, a lo sumo, destinatarias de las decisiones del poder y no protagonistas de su ejercicio. El desafío es construir un Estado en el que los territorios no sean simples espacios de administración, sino escenarios de poder popular y construcción de democracia.

Por Edwin Manuel García Maldonado

Siguen sorprendiéndome algunos de los principales representantes del Gobierno nacional. No tanto por lo insensato de ciertas decisiones como por el oscurantismo que revelan. Lo ocurrido recientemente con obras de arte y exposiciones del Museo Nacional, así como los intentos de borrar de la memoria colectiva figuras que les resultan incómodas, responden a una misma tendencia: imponer una manera particular de interpretar el mundo, incluso a costa de desconocer la realidad.

A estas expresiones se suman la criminalización de la vida universitaria, la pretensión de encarcelar el lenguaje, la satanización de las opciones sexuales y la entronización sectaria de una creencia religiosa. Todas comparten un rasgo fundamental: la aversión a lo diferente.

Quienes actúan de esta manera no soportan que en Colombia existan múltiples formas de interpretar nuestra historia, comprender la realidad y concebir la vida. Les incomoda que haya un mundo por fuera de sus creencias y privilegios. Por eso, cuando pretenden proscribir expresiones como «niños y niñas» o excluir de la memoria nacional a figuras como Carlos Pizarro, no están simplemente cuestionando palabras o personajes. Están intentando negar realidades que existen, independientemente de que les gusten o no.

Carlos Pizarro representa una de las expresiones políticas más significativas de una manera de sentir e interpretar el país. Se puede discrepar de sus ideas, de su trayectoria o de sus decisiones; lo que no tiene sentido es pretender que esa experiencia desaparezca de nuestra historia porque incomoda a determinados sectores. Las realidades no dejan de existir porque alguien decida ignorarlas. Negarlas es sustituir la comprensión del mundo por los prejuicios de quien pretende imponer su visión.

Esta conducta es contraria a los principios más elementales de la democracia, incluida la democracia liberal. Pero sus implicaciones van más allá de la política: representa un retroceso frente a los avances de la civilización moderna y una negación de la diversidad que caracteriza a nuestra especie. Nunca ha existido una única forma de ser, sentir o percibir el mundo. La historia de la humanidad, su evolución y su desarrollo cultural dan cuenta de esa pluralidad.

Resulta paradójico que, en una época en la que el conocimiento científico amplía continuamente nuestra comprensión de la naturaleza humana, todavía haya quienes pretendan someter la realidad a sus convicciones particulares. El problema no consiste en tener creencias, ideologías o principios, sino en convertirlos en dogmas que se consideran superiores a los hechos y que, por tanto, no admiten discusión.

Cuando algo contradice las propias convicciones, se censura; cuando una expresión incomoda, se proscribe; cuando una figura histórica no encaja en el relato que se quiere imponer, se intenta borrarla. La realidad deja de ser el punto de partida del pensamiento para convertirse en un obstáculo que se busca eliminar. Así opera el oscurantismo: no intenta comprender aquello que cuestiona sus certezas, sino hacerlo desaparecer.

Pero la negación de la diversidad conduce también a la negación del diálogo. Y aquí el problema adquiere una dimensión más profunda, porque el diálogo y la argumentación no son simples recursos para resolver desacuerdos: son expresiones de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de construir una vida en sociedad.

El ser humano ha desarrollado en el lenguaje una de sus facultades más extraordinarias. Mediante él comunica experiencias, transmite conocimientos, examina sus propias ideas y confronta sus interpretaciones del mundo con las de los demás. La argumentación lleva esa capacidad a un nivel superior: nos exige ofrecer razones, someter nuestras afirmaciones a examen y reconocer que nuestras convicciones pueden ser cuestionadas. No basta con hablar; es necesario explicar, escuchar y estar dispuestos a revisar lo que pensamos.

Argumentar es, en ese sentido, una expresión de nuestra condición humana. Allí se encuentran el lenguaje y la inteligencia, el pensamiento y la relación con los otros. De esa capacidad surge la posibilidad de deliberar sobre los asuntos comunes, fundamento de la política en su sentido más elevado y condición indispensable de la democracia. La política no debe ser la imposición de una voluntad sobre las demás, sino el ejercicio mediante el cual una sociedad confronta sus diferencias y busca formas de convivir sin tener que anularlas.

Por eso, renunciar a la argumentación no significa únicamente empobrecer el debate público. Significa abandonar una de las facultades que nos permiten reconocernos como seres humanos capaces de razonar, comprender y construir vínculos más allá de nuestros intereses inmediatos. Cuando se sustituyen las razones por la mentira, el diálogo por la estigmatización y la deliberación por la imposición, no solo se degrada la política: se renuncia a ejercer de manera plena la propia humanidad y en su lugar aparece la bestialización del ser.

La ciencia, el arte y la democracia expresan, cada uno a su manera, esa capacidad humana de explorar, interpretar y confrontar el mundo. La ciencia busca comprender la realidad mediante el conocimiento y la investigación; el arte expresa la diversidad de la experiencia humana y abre nuevas formas de percibirla; la democracia hace posible que distintas concepciones de la sociedad se encuentren en el espacio público. Las tres requieren libertad para crear, preguntar y disentir. Cuando se las somete al dogma, no solo se restringen actividades particulares: se estrecha el horizonte de nuestra propia condición humana.

Por eso, la oposición a estas tendencias no puede reducirse a un desacuerdo coyuntural con el Gobierno actual. Lo que está en juego es la defensa de una sociedad en la que ninguna autoridad política, religiosa o cultural pueda arrogarse el derecho de decidir cuáles formas de pensar, sentir y existir merecen reconocimiento y cuáles deben ser expulsadas del espacio público.

No estamos, entonces, ante la simple confrontación entre dos opciones políticas. Estamos ante el riesgo de que se pretenda eliminar la posibilidad misma de elegir entre múltiples opciones, para entronizar una sola manera de ver el mundo, de percibirlo y de habitarlo. Una visión que, al imponer la uniformidad, apaga la luz y el color de la experiencia humana. Esa es, precisamente, la esencia del oscurantismo.

Colombia necesita avanzar en la dirección contraria. Somos un país de profundas diversidades regionales, políticas, sociales, económicas, religiosas y sexuales. Nuestra riqueza consiste en reconocernos como parte de una misma sociedad sin renunciar a nuestras diferencias. No basta con admitir que el otro existe: es necesario reconocer su derecho a ocupar un lugar en el mundo común, sin pretender uniformarlo.

En últimas, el negacionismo de la diversidad revela un profundo temor a la libertad humana y a la posibilidad de que las propias certezas sean cuestionadas y derrotadas mediante el diálogo. Quien confía en sus ideas no necesita borrar las ajenas; quien tiene argumentos no necesita silenciar al contradictor. La intolerancia aparece cuando se teme que la confrontación abierta de las ideas revele la fragilidad de las propias convicciones.

Por eso, las tendencias fascistas encuentran en la negación de la diversidad uno de sus rasgos más peligrosos: antes que reconocer al otro como parte de la humanidad, pretenden someterlo, excluirlo o destruirlo. Su incapacidad para aceptar la diferencia puede llevarlas incluso a preferir la guerra permanente antes que admitir la posibilidad de ser derrotadas por la fuerza de un argumento.

Defender la diversidad no es una concesión a quienes piensan distinto. Es defender nuestra condición humana y la democracia: una sociedad en la que las convicciones se sostengan con argumentos, las diferencias se tramiten sin violencia y nadie tenga que renunciar a su identidad para ser reconocido. Frente al oscurantismo, la respuesta no puede ser otra que más conocimiento, más arte, más diálogo y más democracia.

Por Edwin Manuel García Maldonado

Dos siglos buscando tutores: anexionismo, dependencia y soberanía

Recientemente, Luis Carlos Vélez, columnista de Semana, celebraba con entusiasmo la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos hiciera sentir toda su fuerza en los rincones del país. En su artículo, titulado «Santa Marta es solo el comienzo», este personaje parecía encontrar motivos de celebración en una eventual intervención militar extranjera, a propósito de una problemática local.

El recurso argumentativo no es novedoso: convertir una dificultad interna en justificación para reclamar la intervención de una potencia extranjera. Tampoco lo es la aspiración de ciertos sectores de las élites colombianas de buscar en Estados Unidos la protección que no encuentran —o que dicen no encontrar— en sus propias instituciones. La injerencia extranjera tiene una larga historia entre nosotros y, en algunos momentos, la subordinación ha llegado a expresarse en propuestas abiertas de incorporación de nuestro territorio a la Unión Americana.

Un breve recorrido por algunos episodios de nuestra historia republicana permite reconocer los antecedentes de esta mentalidad.

Leer más

Por Edwin Manuel García Maldonado

Del paro armado y la ausencia estatal

No deja de llamar mi atención que, desde altas esferas del gobierno —tanto local como nacional—, se anuncie con bombos y platillos el “restablecimiento del orden público” en Santa Marta, como si esto fuese un gran logro. Después de varios días de un “paro armado” por parte de un grupo al margen de la ley, las autoridades se ufanan de lo que debería constituir el normal transcurrir de los acontecimientos, demostrando, en realidad, su propio fracaso. No es otra cosa que el reconocimiento de la incapacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en esta ciudad y en la Sierra Nevada.

Leer más

Por Edwin Manuel García Maldonado

Ya comentamos, en otra ocasión, lo bien lograda que fue la primera temporada de la serie de Netflix Cien años de soledad. Destacamos varios aspectos de un trabajo que, a nuestro modo de ver, merecen elogio: desde su concepto fundamental, pasando por la producción y la actuación, hasta el entendimiento cabal de la esencia garciamarquiana de quienes asumieron el inmenso reto de llevar a la pantalla la obra maestra de la lengua castellana.

No se extralimitaron ni exageraron la representación de la novela escrita. He ahí, quizá, el mayor mérito de quienes materializaron la serie. Literatura y televisión se relacionaron guardando la debida distancia, dejando incólume la majestad de la primera y aprovechando la posibilidad didáctica de la segunda. La novela fue desacralizada, pero no irrespetada. Por eso podemos decir que Cien años de soledad está a salvo y, al mismo tiempo, más cerca del público contemporáneo.

Leer más

Por Edwin García Maldonado

No había querido escribir sobre este tema por respeto a las víctimas del suceso ocurrido el pasado 10 de agosto. Sin embargo, decidí romper mi autocensura para plantear algunas reflexiones motivadas, sobre todo, por el ruido que me produce la expresión “desastre natural” para referirse a un fenómeno ciertamente natural que genera consecuencias perjudiciales para la vida humana.

No me convence esa denominación. Un terremoto, una inundación o un deslizamiento son fenómenos naturales; el desastre, en cambio, no necesariamente lo es. Sus consecuencias dependen, en buena medida, de cómo las sociedades ocupan, planifican y transforman el territorio. Por eso, muchas veces, el desastre es más humano que natural.

Leer más