
Por Edwin Manuel García Maldonado
El Gobierno actual amenaza importantes valores del modelo constitucional establecido en 1991. Desconoce la presunción de inocencia de personas procesadas mucho antes de que sean vencidas en juicio; atropella la dignidad humana de los detenidos, sometiéndolos al escarnio público e incluso ordenando cortarles arbitrariamente el cabello; señala de corrupción a autoridades locales sin que medien investigaciones de los organismos de control o de las autoridades judiciales. Y, quizá lo más grave, ha planteado la necesidad de abrir una discusión sobre el gasto económico que supone atender las promesas sociales de la Constitución, sugiriendo desmontar derechos y garantías elevados a rango constitucional.
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