Por David Paredes
Dada la importancia que el juicio contra Álvaro Uribe ha tenido durante más de diez años, y gracias al hecho de que la presentación de pruebas fue transmitida en vivo, las personas interesadas tuvimos la oportunidad de conocer, de primera mano, detalles y momentos significativos. Quiero subrayar dos: por una parte, el performance de Jaime Lombana –uno de los abogados de la defensa de Uribe– en los alegatos de conclusión. Por otra, el sentido del fallo emitido por Sandra Heredia, jueza encargada del caso.
La intervención de Lombana, como la de su compañero, Jaime Granados (y como la de cualquier abogado defensor), consistió en una interpretación de los hechos que favoreciera a su cliente. Sin embargo, mientras Granados se dedicó (tanto en los interrogatorios como en su oportunidad para elaborar una teoría del caso) a desentrañar las contradicciones y las imperfecciones de los testimonios, Lombana decidió explicar por qué no es sensato acusar a Uribe Vélez.
“El escrito de acusación presenta vacíos” dijo en el inicio de su intervención. Más adelante, un poco más apasionado, más histriónico, espetó lo siguiente: “el escrito de acusación aterra”. Citó a Claus Roxin, a juristas, a teóricos, a profesores de derecho. Reciclando un trabajo que él mismo escribió en la Universidad del Rosario, le recordó a la audiencia que, en un acto delictivo, es preciso distinguir a los autores de los partícipes, y se permitió evocar el ejemplo de las hermanas que, por miedo del castigo del padre, causan la muerte al hijo de una de ellas. ¿Quién es autor y quién partícipe?, preguntó Lombana. Uno podría pensar que, con algo de torpeza, el abogado ofreció un par de buenas razones para que la jueza argumentara con mayor contundencia la culpabilidad de Uribe. Pero, según el abogado, Uribe no era ni autor ni partícipe, de modo que la administración de justicia, por más que pretenda relacionarlo con el delito, no podía juzgarlo.
Este discurso de defensa podría ser tomado como uno más de los intentos de sabotaje que Lombana y Granados pusieron en marcha a lo largo del proceso. Los antecedentes son ilustrativos: primero, no sin la colaboración del entonces Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, promovieron la preclusión del caso. Dos juezas negaron esa solicitud por falta de fundamento. Luego, los abogados intentaron recusar a la Fiscal. Más adelante, a la Juez. Fracasaron en ambos intentos porque otros jueces no encontraron motivos razonables para la recusación. Así que los abogados interpusieron una tutela que obligó a suspender temporalmente las diligencias. A eso habría que sumar los pedidos de acortar las sesiones, los interrogatorios redundantes a testigos y las exigencias de protocolos dispendiosos (como que una persona recluida en centro penitenciario debía ir personalmente al juzgado).
Al final, perdidas tantas batallas, Granados y Lombana produjeron una nube de polvo en los alegatos de conclusión. Con la fluidez y la grandilocuencia que de seguro bastó para convencer a una buena parte del público, pusieron en duda lo que todos estábamos viendo y escuchando (interceptaciones, documentos, videos). Lombana, por su parte, con argumentos como los ya referidos, intentó demostrar que nada de lo visto y escuchado tenía estatus de prueba y que, de aceptar tal cosa, el juzgado iría en dirección contraria a la lógica, el debido proceso, la justicia y la democracia.
Esta serie de sofismas tuvo eco por fuera del complejo judicial de Paloquemao. Juan Felipe Amaya, otro de los abogados de Uribe, una vez terminados los interrogatorios de la Fiscalía, habló con medios de comunicación acerca de lo que consideraba un balance “muy positivo”, y animó a los seguidores del acusado diciendo que “la teoría del caso de la Fiscalía no fue acreditada”. Lo dijo sin sonrojarse aunque los espectadores sabíamos que para ese día, 5 de mayo de 2025, la Fiscalía aún no había presentado su teoría del caso. Además, habíamos contemplado el desfile de testigos que incriminaron a Uribe y a su familia, no sólo en los delitos que motivaron este juicio, sino también en la formación de grupos paramilitares y la extracción ilegal de hidrocarburos en la hacienda Guacharacas.
Personajes como Iván Duque y Paola Holguín también amplificaron la idea central del relato creado por los abogados de Uribe. No hay pruebas suficientes, repitieron. Tomás Uribe, el atrabiliario hijo del procesado, lanzó calumnias y sospechas infundadas en perjuicio de quienes, según él, persiguen a su padre. El grupeto de coristas habló de “persecución política” a sabiendas de que el proceso comenzó cuando el propio Uribe demandó al senador Iván Cepeda. Dijeron que la decisión de la jueza era una “venganza” contra la derecha y que tiene “sesgo ideológico”, como si el caso no hubiera llegado al juzgado de forma aleatoria.
Ante la emisión del sentido del fallo, algunos congresistas estadounidenses se sumaron al coro con trinos de preocupación por la supuesta injusticia contra Uribe, orquestada, decían, por Petro. Carlos Giménez, que ya había dicho que Uribe es “el Abraham Lincoln de nuestra América”, insistió en que se está consumando una persecución. Según Giménez, la misma tiene como fin atacar a Uribe por ser “un obstáculo para la agenda de la izquierda radical”.
Hay que ver cómo se pretende complementar el relato de la persecución con la fantasía de que Uribe tiene la importancia política de hace dos décadas. La publicación de interceptaciones en el desarrollo del juicio nos permitió ver que, en el año 2018, un criminal como Enrique Pardo Hasche, para persuadir a Juan Guillermo Monsalve de que modificara su testimonio a favor de Uribe, le aseguró que este último podría ofrecerle beneficios jurídicos “cuando volviera a la presidencia”. Acto seguido, le dijo que Uribe «es un dios que todo lo puede». El entusiasmo y la devoción de Pardo Hasche sólo se comparan con el fervor de María Fernanda Cabal cuando, en una reciente plenaria del Senado, hizo referencia a Uribe como “el líder de la mayoría de colombianos”. Algo similar hace Paloma Valencia en un video apologético: dice cosas insostenibles como que, en su momento, el gobierno de Uribe “destruyó a todos los grupos ilegales” y que por eso lo persiguen, “porque Petro le tiene miedo”.
Abogados y coristas llevan años pretendiendo instalar un relato desconectado de la realidad. Han querido que las palabras no valgan. Que no valgan las imágenes ni la Historia. Que no se tengan en cuenta los videos, la jurisprudencia, el proceso convencional, el lugar de la jueza. Es un modus operandi. En días recientes, supimos que el abogado Diego Cadena orquestaba un montaje en contra del senador Iván Cepeda y del abogado Miguel Ángel del Río para vincularlos, por medio de testimonios libreteados, con una estructura del narcotráfico. El poder que opera en la sombra se vale de la creación y administración de ficciones politizadas.
El otro suceso notable, el discurso proferido por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio, comenzó con un reposicionamiento de la justicia. A esta hora ya son famosas aseveraciones como “el derecho no puede temblar frente al ruido”. En general, este discurso fue un acto de restitución de la palabra y la coherencia, un retorno a la interpretación de la realidad con base en los hechos observables.
La jueza, tal y como es su función, tomó el tiempo necesario para comprender la naturaleza, la dudosa verosimilitud y las intenciones del relato construido por Granados, Lombana y Uribe. «Salta a la luz cómo, con el eslogan de verificar y decir siempre la verdad, se ha instrumentalizado la franqueza para legitimar lo falso, lo oscuro, lo que no es objeto de prueba…», dijo. Y no dejó de advertir los intentos reiterativos por “inducir a error a la administración de justicia”.
Esta es la pugna de las instituciones contra el ruido y el absurdo, contra teorías tendientes al delirio, que no sólo inducen a error a la administración de justicia, como ha dicho la jueza Heredia, sino que han inducido a error a millones de personas.
Ahora viene la apelación y la revisión del fallo en segunda instancia. En caso de que el Tribunal Superior corrobore la decisión de la jueza Sandra Heredia, ¿qué historia van a promover los negacionistas? ¿Que el Tribunal se ha sumado a la persecución? ¿Que Petro, Cepeda, la “autocracia comunista”, la Fiscalía, el socialismo del siglo XXI y las FARC manipularon al alto Tribunal para mancillar el nombre del Abraham Lincoln antioqueño?
Foto: Wikimedia Commons
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