Por Edwin García
Ante el avance de las fuerzas progresistas surgen las oposiciones de todo pelambre. Una de estas oposiciones es ejercida por los economistas, cuyo dios es el mercado. Otra oposición es ejercida por el partido de los abogados, cuyo dios es la norma: “Mercado” y “Norma” representan, pues, las deidades del Olimpo burgués y pequeñoburgués. Otro día charlamos sobre los economistas, por lo pronto analicemos a los abogados. Estos, en su deleite orgásmico de debates circunspectos, donde el más “avezado” es quien cita más artículos e incisos, alimentados por un ego más abultado que todos los códigos, buscan protagonismo posando de civilizados: Petro el Atila y ellos los Gayo.
En su parodia onírica de doctos por encima del bien y el mal, endilgan más relevancia a la norma escrita que a los principios y urgencias del derecho natural y la justicia social. En su mito leguleyo propio de Santander, ese otro hombre de leyes, parágrafos y letra menuda, hablan de la necesidad de defender los pesos y contrapesos del ámbito legal colombiano, el sistema democrático y de derecho, el orden social justo, las instituciones y la división de poderes, mientras alertan sobre la tiranía y dictadura del actual gobierno que decidió consultar al constituyente primario.
Pero, ¡por dios y todos los códigos, leyes y decretos! ¿De qué orden social justo hablan, de cuáles pesos y contrapesos? ¿No saben que en este país la gente ha padecido hambre y miseria, persecución y eliminación física, a nombre de ese «orden»? ¿Desconocen nuestros distinguidos jurisconsultos que los pesos y contrapesos han sido monopolizados históricamente por banqueros y terratenientes, amparados por ese sistema de derecho que ellos sacralizan?
¡Válgame Azuero y todos sus acólitos! ¿Son tan imberbes estos jurisperitos que no se han enterado de que en este país el sistema legal ha sido usado para negar derechos alcanzados por los trabajadores y para despojar a los campesinos de su dignidad tanto como de sus tierras, aun después de la “sacrosanta” Constitución del 91?
¿Ignoran estos cicerones que en Colombia el poder legislativo ha sido tomado por los carteles de la banca y el capital, cuando no por los del narcotráfico y el paramilitarismo? ¿Sumergidos en sus suculentos banquetes litigiosos, no han podido descubrir que el pueblo colombiano fue excluido de toda decisión trascendental, que nunca ha podido determinar su futuro y que la democracia en este país ha sido reducida a una ficción de formalidades barnizada por votaciones cada cuatro años?
Al parecer nuestros eruditos del derecho no han salido de sus muy interesantes debates sobre puntos, comas y entrecomillados, para conocer el país exuberante que pretenden regular. Yo sugiero que la toga ceda ante la ruana para que esta se exprese.
Estamos ante un momento definitivo: triunfan las fuerzas del cambio o nos someten a otros cien años de soledad. Empiezan a percibirse visos de democracia real por primera vez en dos siglos, esa democracia real confronta a la pseudodemocracia formal. Las cuerdas se tensan. El viejo edificio institucional hecho para la guerra muestra grietas severas. Emerge lo nuevo. Empieza a formarse un nuevo derecho, la tradición de un constitucionalismo creado a puertas cerradas por letrados artificiales empieza dar paso a una nueva forma constitucional diseñada por el hombre natural, para la paz, la reconciliación y la solidaridad. Que el hombre natural venza al letrado artificial. Que se consulte al pueblo soberano para decidir el fondo, qué nos importan las formas si por la formalidad nos han dominado tanto como por la violencia: ¿acaso doscientos años de formalidad no bastan?
Entonces, estimados maestros del sanedrín jurídico, aporten sus importantes oficios a este momento de transición, con la claridad de que Colombia superará el neoliberalismo para democratizarse. Y la democratización se fundamenta en darle el poder de decidir al pueblo, porque la voluntad popular es la fuente primigenia de toda autoridad y está por encima de toda formalidad leguleya y de cualquier poder constituido: la ley debe servir al pueblo. Sepan adaptarse al nuevo momento histórico, porque de seguro ni el derecho ni los abogados desaparecerán, pero sí surgirá un nuevo tipo de derecho y un nuevo tipo de abogados sensibles al derecho natural y a la justicia social.
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