Por Gustavo Montenegro Cardona

Cuatro años tardó el Congreso de la República en darle vía libre a las Circunscripciones Especiales para la Paz. En 2017 la iniciativa no obtuvo la votación requerida en las plenarias de Senado y Cámara, pero tras una serie de debates, tutelas, actos administrativos y discusiones sobre esta figura nacida con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las extintas FARC, se dio vía libre a la creación de las CITREP con la firma del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021.

Las Circunscripciones corresponden a una medida adoptada, no solo para lograr el fin del conflicto, sino también como un mecanismo para dar solución a los problemas históricos de representación, bajo la idea de lograr una sociedad más incluyente, pluralista, participativa, facilitando la creación de fuerzas políticas que tradicionalmente no han tenido representación en el Congreso de República y dándole voz a las personas que habitan los territorios más afectados por la violencia.

Al Departamento de Nariño, territorio protagonista del conflicto, se le asignó el derecho de participar en las circunscripciones uno y diez. La primera, correspondiente a la zona de la cordillera, compartiendo fronteras culturales y geográficas con los departamentos del Cauca y Valle del Cauca y, la segunda, asignada a los municipios del pacífico nariñense.

En total, doce organizaciones inscribieron las candidaturas que se oficializaron en diciembre de 2021 para participar en los comicios del 13 de marzo de 2022. Por cada organización se registró un hombre y una mujer, en un significativo gesto de paridad electoral. Los principales requisitos para aspirar a estas curules radicaban en la condición de víctima de los aspirantes y habitar o haber nacido en el territorio correspondiente a una de las 16 circunscripciones señaladas por la ley.

Hasta aquí el rigor establecido por el acto legislativo y las condiciones específicas para la aspiración. Sin embargo, otra es la realidad de quienes, al menos en el Departamento de Nariño, postularon sus nombres para alcanzar la dignidad de congresistas colombianos en nombre de las víctimas del conflicto. Aquí no se registran los nombres de quienes han hecho carrera en el mundo de la política electoral tradicional. Los protagonistas de estas candidaturas son líderes sociales, amas de casa, lideresas por convicción, agentes comunitarios, defensores de los derechos humanos, hombres y mujeres que conocen de primera mano los impactos de la guerra y que aún sufren del abandono estatal.

Las campañas de quienes en Nariño aspiraban a conquistar un escaño en el Congreso de la República se basaron en la confianza de sus vecinos, en el voz a voz, en la relación puerta a puerta y en la capacidad que cada quien pudiera asumir para solicitar el voto a los habitantes de las zonas rurales habilitadas para elegir a sus representantes.

Como si el conflicto armado sólo hubiera sucedido en algunos rincones alejados del departamento, la Registraduría Nacional dispuso de puestos de votación en zonas remotas, en corregimientos y veredas de difícil acceso y retiradas de los cascos urbanos. Los centros poblados, fuera de Tumaco, no fueron incluídos para ser puntos de votación de estas curules que simbolizan la reivindicación del derecho a la participación política de quienes sufrieron y aún sufren los rezagos de la guerra.

Para el 7 de marzo, a ninguna de las organizaciones, ni a sus candidaturas había llegado un solo peso del anticipo prometido por el Gobierno Nacional. Se asignaron 56 millones de pesos por organización para apoyar el desarrollo de sus campañas; sin embargo, se condicionó a candidatas y candidatos a pagar una póliza de cumplimiento por valor de 9 millones de pesos, recursos con los que la mayoría no disponía o cuyas organizaciones de respaldo no podían asumir.

Con acceso limitado a los medios de comunicación, sin dinero suficiente para impresión de afiches o montaje de vallas publicitarias; con amenazas permanentes, con hostigamientos, señalamientos y presión por parte de actores armados que aún hacen presencia en el pacífico nariñense; sin garantías plenas, con las dificultades propias del acceso a las zonas rurales, asumiendo los altos costos de la movilidad para atravesar ríos o navegar por mar abierto… así tuvieron que bandearse los 24 candidatos y candidatas que aspiraban a llegar a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Paz en Nariño. Aún así, la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – RECOMPAS, logró alzarse con esta curul encabezada por Gerson Lisímaco Montaño quien obtuvo 10.478 votos a su favor.

En total, la circunscripción diez obtuvo el respaldo de 46.084 votantes, una cifra mínima frente a los más de 400 mil desplazamientos registrados en el departamento o en comparación con las 169.722 personas vinculadas hasta junio de 2020 ante el Registro Único de Víctimas.

De esa manera, en medio del bullicio de las grandes campañas legislativas, 16 personas resultaron elegidas ante la Cámara de Representantes en nombre de las víctimas del conflicto armado. 16 curules silenciosas que apenas llamaron la atención de los medios. 16 curules que retratan la manera en que el estado colombiano sigue tratando a las regiones, a la periferia y a las víctimas de la guerra.

Imagen: moe.org.co

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