Por Gustavo Montenegro

María Paula Cabezas es una habitante de la zona rural del Pacífico nariñense. Su transitar cotidiano lo hacía movilizándose entre puentes elevados de madera que representaban riesgo, temor y una serie de condiciones que durante décadas simbolizaron el abandono del Estado con las comunidades de Las Mercedes y El Chajal. Desde el 6 de abril de 2025 esta realidad cambió. La construcción de los nuevos puentes palafíticos que reemplazaron la indigna condición de los tablados de madera ya es historia. Al igual que ella, más de 4.200 personas podrán movilizarse, con nuevas y mejores condiciones, a través de 843 metros de puentes.

En esa misma fecha, pero en el sector de Santa Rosa, las familias del Consejo Comunitario “El Recuerdo de Nuestros Ancestros” asistieron a la inauguración de un muelle saltadero que transformará la movilidad fluvial para cerca de 2.000 familias de esta zona rural del Municipio de Tumaco. Estas obras, que suman más de 8.000 millones de pesos en inversión, se entregaron en tiempo récord, incluso antes de que terminaran las fechas estipuladas para la ejecución contractual. La calidad de la ejecución, los tiempos de entrega, el sentido social de las obras y el valor que estas representan para la dinámica comunitaria desde lo veredal, son la sumatoria de las condiciones que hablan de la transformación territorial, condición esencial para la construcción de paz en las zonas más afectadas por la presencia de la guerra.

Apenas unas pocas horas después, pero en zona rural de Samaniego y por órden directa del Presidente Gustavo Petro, el Ejército de Colombia procedió a detonar 585 unidades de material de guerra entregado por el Frente Comuneros del Sur, fracción que se separó del ELN (Ejército de Liberación Nacional) para abordar un proceso de diálogo y negociación de paz con el gobierno colombiano.

Desde Pasto, el 5 de abril, Nariño, el país y el mundo presenciaron la firma de un acuerdo para avanzar en la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca con la voluntad de paz de la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, grupo armado que surgió del rompimiento de sus integrantes con la Segunda Marquetalia.

En este mismo contexto, y durante un evento llevado a cabo en el Coliseo del Barrio Obrero de la capital nariñense se abrió paso a la conformación de la Promotora Regional del Desarrollo Minero y la Transformación Territorial para la Paz como mecanismo para transitar de la ilegalidad a la legalidad y reducir de manera significativa el impacto negativo de la minería ilegal como combustible de la guerra y reordenar el ingreso de regalías por este concepto para los municipios y el departamento.

El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, fue contundente al afirmar que la paz se mide en vidas humanas, en las vidas que se protegen y la reducción de hechos victimizantes que hablan del inicio de un nuevo tiempo para Nariño desde la significativa disminución de desplazamientos, confinamientos, homicidios, asesinatos de líderes sociales o de los niños y niñas que ya no harán parte de la guerra.

Si a esto se suma el anuncio planteado por el Ministerio de Transporte que compromete vigencias futuras para conectar a Nariño con el norte del país con la doble calzada Pasto-Popayán, el panorama es más que optimista, aunque eso no será divulgado por los enemigos de la paz, por los tercos que se empecinan en enlodar, desde el mismo territorio nariñense, los esfuerzos y determinación de quienes históricamente se la juegan por la transformación territorial del Sur.

Entre el 5 y 6 de abril, la paz en Nariño dejó de ser una utopía para convertirse en horizonte y camino hacia los Nuevos Tiempos, así algunos se hagan los de la vista gorda.

Foto: Adam Isacson en Flickr

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