Por Fernando Enríquez
(x.com/enriquezdafer)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia es un órgano administrativo creado para garantizar la transparencia y el buen desarrollo de los procesos electorales en el país. Sin embargo, su naturaleza jurídica y su papel en el escenario político han despertado serias preocupaciones, especialmente cuando este organismo parece ir más allá de las funciones establecidas en la ley.
El CNE, de acuerdo con la Constitución, no es un ente judicial; su carácter es
estrictamente administrativo, lo que significa que no puede ejercer funciones judiciales, como emitir sentencias o investigar de manera directa al presidente de la República. No obstante, en su reciente actuación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, el CNE parece estar cruzando esa frontera, asumiendo un papel que no le corresponde. La formulación de cargos a Petro, bajo el argumento de haber violado topes de campaña por supuestos aportes no declarados de sindicatos y el uso de un avión no reportado, es un claro ejemplo de cómo el CNE podría estar siendo utilizado como un instrumento político.
Vacíos en las garantías democráticas: el CNE como tribunal político
Uno de los aspectos más críticos en la composición del CNE es que sus miembros son elegidos por los partidos políticos. Aunque esto, en teoría, debería garantizar un equilibrio de fuerzas, en la práctica los intereses partidarios pueden influir en sus decisiones. Esto se refleja en la actual investigación sobre la campaña de Gustavo Petro, sobre la cual algunos sectores han señalado que el CNE está actuando no en derecho sino en función de los intereses políticos de los partidos tradicionales. Esto plantea una pregunta clave: ¿pueden las decisiones de un ente administrativo tener el carácter de sentencias o es esta una extralimitación que desvirtúa su verdadera función?
Al politizarse, el CNE deja de ser un garante de la democracia y se convierte en un tribunal político, en el que las decisiones se toman en función de los movimientos estratégicos de los partidos y no de las normas legales. Esto pone en entredicho la imparcialidad del ente y lo convierte en un actor más en el ajedrez político que busca mantener el statu quo a través de la manipulación institucional.
Desestabilización del orden constitucional: una estrategia de la derecha
La investigación y formulación de cargos contra la campaña de Petro ha generado una amenaza seria para el orden constitucional del país. En lugar de permitir que las instituciones encargadas de investigar los actos del presidente sigan su curso natural, como lo establece la Constitución, la cual dispone que sea la Cámara de Representantes la que investigue y acuse y la Corte Suprema de Justicia la que juzgue, el CNE parece estar suplantando estas funciones. Esta intromisión no solo genera un precedente peligroso, sino que actúa como un brazo de la oposición política que busca frenar cualquier avance del poder popular.
La derecha colombiana ha demostrado históricamente su resistencia a cualquier amenaza a su hegemonía. Han recurrido a la violencia en el pasado, con ejemplos como los asesinatos de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Pizarro y el genocidio de la Unión Patriótica. Ahora, enfrentados a un presidente que representa los intereses de las clases populares, intentan desestabilizar su gobierno utilizando las instituciones, aunque esto implique violar el orden constitucional.
El panorama actual deja en evidencia la urgente necesidad de una reforma política que transforme al CNE en un verdadero garante de la democracia. Para evitar que el CNE continúe siendo manipulado por los intereses partidarios, es imperativo reestructurarlo.
El CNE debe convertirse en una entidad imparcial, capaz de supervisar los procesos electorales sin ceder a las presiones políticas. Esta debe ser una prioridad para la coalición de gobierno en el Congreso, y una reforma que elimine la influencia de los partidos políticos en su composición podría ser un paso crucial para garantizar elecciones más transparentes y justas en el futuro.
El llamado a la movilización social
La defensa de la democracia no se puede limitar al plano institucional. Los sectores populares que eligieron a Gustavo Petro como presidente deben movilizarse para defender ese mandato en las calles. Es en la unidad y en la movilización social donde reside la verdadera fuerza del poder popular. Solo a través de la organización y la acción conjunta podemos resistir los intentos de desestabilización de la derecha y garantizar la continuidad de un proyecto de nación basado en la justicia social y la equidad. El futuro del país no puede quedar en manos de quienes, históricamente, han usado la violencia y la manipulación para mantener sus privilegios.
Las calles deben ser nuestras trincheras de defensa, y la unidad popular una realidad tangible, no solo un adorno discursivo. Solo en la unidad podemos sostener y expandir el poder popular, construyendo una nueva Colombia donde las decisiones del pueblo sean respetadas y el orden constitucional no sea manipulado por intereses elitistas.
El CNE debe ser reformado para que sea una institución imparcial al servicio de la democracia, y no un brazo político de las élites. El pueblo colombiano debe movilizarse para garantizar que las urnas no sean desvirtuadas y que las calles se conviertan en un espacio de lucha por la soberanía popular.
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