Por Johan Mendoza Padilla
En el contexto actual del país, caracterizado por profundos desafíos ambientales, sociales, culturales, económicos y administrativos, detonantes de injusticias, surge la Bioadministración Territorial como un paradigma innovador que propone reorganizar la acción del Estado desde la vida, la naturaleza y la interdependencia de los ecosistemas. Este enfoque trasciende los límites político-administrativos tradicionales, promoviendo un modelo de gestión pública centrado en las cuencas, los biomas y las relaciones culturales y sociales que se tejen alrededor del territorio.
El reciente Encuentro de Bioadministración Territorial, promovido por la ESAP y el DAFP, ha incitado reflexionar sobre la forma en que se ejerce la política pública, especialmente en un país donde los modelos de desarrollo han mostrado limitaciones en su capacidad de articular los intereses sociales, ambientales y económicos, y no porque necesariamente los ponentes hayan planteado el debate, sino porque a ese tipo de cuestionamientos he llegado con el intercambio de saberes con colegas y la experiencia vivida de años de activismo político y social.
El concepto de la Bioadministración
La academia colombiana, especialmente a través de universidades públicas, centros de investigación y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ha venido consolidando el concepto de bioadministración como un campo interdisciplinario que articula la planificación territorial, la ecología política y la gestión pública sostenible.
Autores y grupos de investigación en gobernanza ambiental y descentralización han resaltado la necesidad de replantear la división político-administrativa del país desde criterios bioculturales: cuencas, montañas, zonas de transición ecológica, corredores biológicos y ecosistemas estratégicos. Un fiel reflejo de la visión falsbordiana.
La ESAP, por su parte, ha desarrollado líneas de trabajo en torno a la nueva gestión pública territorial, promoviendo una visión integral del territorio que combine la capacidad administrativa, la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria, con especial énfasis en la formación de servidores públicos con competencias en gestión bioética del territorio.
La Bioadministración en la política pública
Diversas carteras han avanzado en líneas que respaldan la bioadministración:
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), la implementación de los Planes de Manejo de Cuencas (POMCA), los Consejos Territoriales del Agua y la apuesta por la economía forestal y los biocomercios sostenibles.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: promoción de la agricultura sostenible, el ordenamiento productivo y la asociatividad campesina, vinculada a la conservación de ecosistemas.
- Ministerio del Interior y Planeación Nacional: impulso de los Esquemas Asociativos Territoriales y la Planificación Territorial Regional, que buscan articular municipios que comparten realidades geográficas, ambientales y culturales.
- DNP (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026): incorpora la “bioeconomía” y la “planificación alrededor del agua” como ejes del capítulo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
No obstante, son muchos los retos que aún hay en el camino, ya que, cambiar el paradigma que ha regido al país desde su época colonial es un esfuerzo que demanda del concurso colectivo de la sociedad en pleno. Entre las dificultades se destacan en concreto:
- Fragmentación institucional: las cuencas hidrográficas y ecosistemas comparten jurisdicciones de múltiples entidades sin coordinación efectiva.
- Desigualdad territorial: los municipios con mayores índices de pobreza y NBI suelen coincidir con zonas ambientalmente estratégicas pero institucionalmente frágiles (municipios de quinta y sexta categoría).
- Fallas en la planificación de largo plazo: la inversión pública aún responde a lógicas sectoriales y no territoriales; los planes no dialogan entre sí.
- Debilidad de la gobernanza ambiental: aunque existen marcos normativos avanzados, su implementación es insuficiente por falta de articulación interinstitucional y capacidades técnicas locales.
PDET como antecedente de reorganización
Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en el marco de los Acuerdos de La Habana del 2016, constituyen un precedente valioso en un nuevo concepto de reordenamiento político-administrativo. Si bien surgieron con el objetivo de reconstruir territorios afectados por el conflicto, también reflejan criterios bioculturales y ecológicos en su delimitación. Ejemplos como los Montes de María evidencian la posibilidad de planificar un territorio más allá de los límites departamentales, reconociendo la continuidad de ecosistemas, culturas y economías campesinas. Esta experiencia demuestra que la bioadministración es viable como modelo de reorganización del Estado desde la base territorial.
La paz va de la mano con la capacidad de respuesta del Estado a través de sus instituciones, no obstante, siguen latentes retos como redefinir los criterios de delimitación político-administrativa considerando ecosistemas, cuencas y biomas; fortalecer la descentralización con capacidad técnica, fiscal y humana real; crear mecanismos de cooperación intermunicipal obligatorios en torno a bienes comunes (agua, bosques, suelos), e incorporar el conocimiento ancestral y comunitario en la planificación del territorio.
Conclusión
La Bioadministración Territorial no es un concepto retórico, sino una apuesta política y técnica para que el Estado colombiano funcione desde la lógica de la vida y la integralidad del territorio. En un país multi diverso y desigual, esta propuesta puede ser el fundamento de una nueva descentralización, que no solo busque eficiencia administrativa, sino justicia ambiental y social. Replantear el Estado desde las cuencas, los ecosistemas y las culturas que los habitan es el primer paso hacia la paz territorial y la consolidación de una colombianidad sustentada en la diversidad.
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