Por David Paredes

Las integrantes de la organización Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) intervinieron centenares de botas con pintura. Apoyadas por la Fundación Rinconesarte y un grupo de artistas plásticos de diferentes ciudades, dibujaron paisajes, cifras, rostros, escenas de guerra. Transformaron un objeto común en un artefacto parlante con el fin de recordar a sus familiares asesinados, para restituirles la dignidad y el buen nombre que les ha sido negado durante años.

Lo hacen también para que su dolor deje de ser ignorado y, tal vez, para tramitar el duelo a través de la remembranza y la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Suman ya quince años trabajando para reescribir la historia de cómo murieron sus familiares y, de este modo, cuestionar la historia impuesta por los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, autores que han sido parcialmente identificados como parte de un concilio criminal de militares, paramilitares y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En marzo de 2023, Cecilia Arenas, integrante de MAFAPO, afirmaba que las mujeres de esta organización estaban listas para transformar sus más profundos dolores en obras de arte. Lo decía porque, para entonces, las botas habían empezado a convertirse en una gran obra artística cuyo proceso de creación y producción tomaría, en total, más de dos años. A eso habría que agregar el tiempo y los esfuerzos que fueron –y siguen siendo– necesarios para organizar la información, propiciar los encuentros y, finalmente, abrir el camino a la obra titulada Mujeres con las botas bien puestas.

El pasado 6 de noviembre, las mujeres de la organización hicieron la instalación de la obra en la Plaza Nuñez, ubicada en Bogotá, entre el Capitolio Nacional y la Casa de Nariño. Una de las reacciones más insólitas fue la del congresista Miguel Polo Polo, quien, con la colaboración de dos personas, recogió las botas y las depositó en bolsas de basura. Más tarde, en un video publicado en sus redes, Polo Polo dijo que no es verdadera la afirmación según la cual hubo más de seis mil cuatrocientas personas asesinadas por el gobierno de Uribe Vélez.

Muchas personas e instituciones se pronunciaron en contra del acto de Polo Polo. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en un comunicado de prensa del 13 de noviembre de 2024, afirmó que el representante a la Cámara “desconoce la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, y las demandas de verdad de las madres y familiares de más de 6.402 víctimas de este delito”. Por su parte, las mujeres integrantes de MAFAPO acompañaron al senador Iván Cepeda a la diligencia por la cual instauró una demanda contra Polo Polo por “hostigamiento y actos de discriminación agravados”. Ante esto, Jhonatan Peláez, abogado de Polo Polo, afirmó que su cliente no desconoce en ningún momento la existencia de los falsos positivos ni la gravedad de los hechos y que el video fue “realizado por su ejercicio como opositor al actual gobierno”.

La opinión de Peláez resulta discutible. Más que como expresión legítima de un opositor, el video de Polo Polo puede ser entendido como uno entre tantos intentos de proteger el relato de quienes justifican o niegan los crímenes cometidos bajo el nombre de la que en su momento fuera llamada “Seguridad Democrática”. Por otra parte, cuando Polo Polo, en el mismo video, pone en duda la cifra de personas asesinadas, arremete contra la transparencia, la gestión y el prestigio de las instituciones que hacen parte del sistema de investigación y verificación. En suma, desconoce que organizaciones y dependencias como la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, las casas de la memoria, la Jurisdicción Especial para la Paz y, en su momento, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad han adelantado, durante más de una década, las acciones necesarias para develar la verdadera magnitud de las atrocidades.

La Corte Suprema de Justicia debería tener en cuenta que el video de Polo Polo, además de contener en sí la promoción de un relato que menoscaba a las víctimas y a sus familiares, constituye una demostración de poder. El representante en cuestión no sólo pone en duda las cifras, la probidad de las víctimas, la búsqueda de justicia y la legitimidad de las expresiones de dolor; también incurre en un acto alevoso de violencia política contra una organización de mujeres que no cuenta con la misma posibilidad de réplica y difusión de argumentos. Al utilizar sus canales de comunicación para desestimar el valor social, artístico y político de la obra, Polo Polo reabre un conflicto asimétrico y unilateral con el fin de imponer el mismo relato hegemónico que impuso en su momento el uribismo.

Puede ser que el significado del verbo “revictimizar” haya perdido algo de fuerza por el uso frecuente en diferentes contextos. En este caso, habría que entender que la revictimización se da en la medida en que, siendo ya víctimas de la violencia de Estado y de la imposición de un relato injusto, las mujeres vuelven a ser afectadas en la medida en que Polo Polo, aprovechando la investidura que le confiere su curul en el Congreso, se empecina en descalificarlas como interlocutoras y portadoras de una versión válida, verificada y respaldada incluso con las confesiones de decenas de militares que participaron de forma directa en el asesinato masivo de civiles.

Dado que hizo referencia a ellas llamándolas “supuestos campesinos” y diciendo que habían ido a “ensuciar la plaza”, desconoce con intención el lugar que ellas tienen en la historia reciente del país y degrada públicamente el valor social e histórico de la búsqueda que esta organización de mujeres ha hecho desde su conformación.

La violencia política y psicológica contra las integrantes de MAFAPO (y, en general, contra las víctimas) resulta tan palmaria que Jonathan Silva, uno de los hombres que ayudaron a Polo Polo a retirar las botas, decidió ofrecer una disculpa pública. Silva reconoce que, en su calidad de opositor ante el gobierno de Gustavo Petro, no tiene justificación para incurrir en un acto que humille a las víctimas. Con base en esto, cabe deducir que el acto y el video de Polo Polo tampoco corresponden a su ejercicio “como opositor al actual gobierno».

Pese a lo dicho por el abogado de Polo Polo, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá dictaminó que el representante a la Cámara debe, por medio de un canal de cobertura nacional, ofrecer disculpas a las víctimas, a las familias de las víctimas y, en particular, a la asociación de Madres de Falsos Positivos.

Varios medios de comunicación han hecho el cubrimiento de la noticia. La mayoría, centrándose en lo espectacular: “Miguel Polo Polo tiene tres días para pedir disculpas públicas a madres de víctimas de ‘falsos positivos’”; “Representante Miguel Polo Polo fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia”; “Fallo judicial obliga a Miguel Polo Polo a ofrecer disculpas a víctimas de falsos positivos”. Al respecto, Mauricio Jaramillo Jassir, en una columna de la Revista Raya, explica que este enfoque de los medios de comunicación implica una pérdida de perspectiva que contribuye al ocultamiento y la atenuación del suceso:

«Si el fallo judicial confirma una violación patente a los derechos de las víctimas y un trato humillante, inhumano y degradante ¿cómo es que esta parte del fallo no es noticia? Registrar la obligatoriedad de la disculpa pública es parte del deber informativo, pero el énfasis debería estar en la confirmación de que un congresista llamado a representar los intereses del pueblo ha agredido a las víctimas».

A fuerza de decir apenas que Polo Polo debe afrontar un proceso judicial –uno entre tantos– y que deberá ofrecer disculpas, se puede llegar a creer que sus acciones efectivamente conciernen al ejercicio legítimo de cualquier opositor. Y mientras estas formas de atenuación y ocultamiento sigan haciendo parte de la cotidianidad del país, la cadena de revictimización y la violencia política contra víctimas y minorías seguirán siendo justificadas como si fueran actos políticos de oposición al gobierno.

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