Por Edwin García

El pasado 26 de febrero de 2025, en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 120 de 2024 Senado, “Por medio de la cual se reconoce a la Panamazonía como un sistema de vida regional de la nación”. Este Proyecto de Ley tiene como tema principal el ordenamiento territorial. Su objeto es «el reconocimiento del sistema de vida regional Panamazónico al suroccidente de Colombia, como integrador de la diversidad ecosistémica e intercultural propia de la mega diversidad regional de Colombia».

Considero que este PL tiene una importancia insospechada, tan insospechada que quizá pase desapercibida. Mas allá de la intrincada palabrería de su articulado, que parece querer complicarlo más de lo necesario, el espíritu de esta iniciativa se enmarca en un tema que reviste toda la trascendencia posible al procurar la constitución legal de una forma ecosistémica, pero también socio-cultural, con carácter supramunicipal y supradepartamental, que trasciende los estrechos márgenes de la actual división política administrativa.

Se procura crear una figura legal que se corresponda con una realidad natural y sociocultural preexistente, de modo que con esta correspondencia se potencialicen las capacidades y posibilidades de este entorno.

La potencialización territorial es prioridad en nuestro país: es necesario pensar el territorio para impulsar sus capacidades al tiempo que velamos por su conservación, esto como dinámica dual de desarrollo: conservación y potencialidad territorial.

Debemos plantearnos el desarrollo desde adentro de los territorios y regiones, que emerja como fuerza transformadora y se irradie a toda Latinoamérica inaugurando una nueva concepción continental de estados, naciones, derecho constitucional e internacional. De este modo, no dudo en calificar como urgente la proyección de escenarios tendientes a un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. Este es el tema primordial que debe ocuparnos tanto en la academia como en la política.

Al respecto, me atrevo a enumerar lo siguiente para no extender demasiado estas líneas y simplemente provocar el debate:    

  1. Necesitamos pensar y proyectar un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. El que tenemos es obsoleto, data de la Colonia.
  2. El nuevo ordenamiento debe potenciar al máximo los territorios, sin menoscabo de su conservación y respeto por el medio ambiente.
  3. El nuevo ordenamiento territorial debe proyectarse sobre la base de identidades geográficas y culturales, así como de dinámicas y realidades históricas tan crudas como la violencia y el conflicto interno; debe, por ejemplo, tener en cuenta las zonas PDET y ZOMAC. Todo esto debe empalmarse con el ordenamiento territorial alrededor del agua, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo actual.
  4. El nuevo ordenamiento debe permitir una planificación del territorio eficaz y eficiente, de la mano con una férrea articulación interinstitucional y planificación estratégica (a largo plazo), que supere la improvisación y promueva proyectos de país más que de gobiernos. Debe pensarse desde adentro de las instituciones, aunque vaya modificándolas paulatinamente, porque finalmente este proceso debe proyectarse simultáneamente con unas nuevas formas institucionales que modernicen el estado y democraticen la vida nacional, para lo cual debe convocar a la sociedad en los territorios y regiones para conversar y construir un país y nuevo estado acorde a las necesidades de paz y justicia social.
  5. El nuevo ordenamiento territorial debe contemplar una nueva concepción de ciudad, incluyente y democrática, que permita fortalecer las capacidades de las ciudades intermedias y pequeñas, como alternativa al modelo de “megaciudades” cuyo colapso en materia de servicios públicos, seguridad y movilidad se evidencia día a día. El nuevo modelo de ciudad debe facilitar una desconcentración poblacional, es decir, una redistribución demográfica que se corresponda con el fortalecimiento y surgimiento de nuevos focos de desarrollo urbano-rural.
  6. El nuevo ordenamiento territorial debe priorizar la articulación e integración con los territorios allende las fronteras nacionales. Dichas fronteras pretenden cercenar las valiosas identidades geográficas y culturales convirtiéndose en talanqueras para el desarrollo. Estas líneas divisorias han sido auspiciadas y profundizadas históricamente por la mentalidad feudal del caudillismo parroquiano. Pero, realmente, en las identidades hallamos verdaderas posibilidades de desarrollo conjunto. Cabe recordar las coincidencias que en todo el norte colombiano nos acercan hasta hacernos una misma cosa con la cuenca del Gran Caribe; que en el sur nariñense nos aproximan a Ecuador y las elevadas cumbres de la mole andina; que en el oriente nos articulan con las dilatadas llanuras de la Orinoquía venezolana; que también hacia el sur tenemos con los países que comparten la Amazonía; sin mencionar la riquísima selva húmeda y el Darién que nos une a Centroamérica en geografía, cultura y, desafortunadamente, en conflictividades migratorias; o La Guajira, rica en fuentes de nuevas energías, que compartimos con el Zulia; el Perijá y los Motilones que unen al Cesar y Norte de Santander con el suroccidente del Lago de Maracaibo; etc.

Esta idea de un nuevo ordenamiento territorial desprovisto de mezquindades y cálculos politiqueros contiene una potencia transformadora incalculable, rompe el espinazo al poder mafioso tradicional enquistado en los departamentos y contrarresta el centralismo exacerbado. Es un planteamiento profundamente revolucionario, pero de nueva factura, ya no como lo pensamos y añoramos durante décadas, sino conforme a las realidades del presente y los retos del futuro.

Es necesario abrir la mente al porvenir de un país en constante autodescubrimiento, lo cual exige una clase política sin esquemas rígidos, sino mentes dispuestas a lo grande, capaces de crear y pensar las cosas de otros modos, por supuesto, bien fundamentadas y técnicamente sustentadas.

Foto de Tom Fournier de Pexels

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