Por David Paredes
El ocaso de lo institucional no es una imagen reciente. En la escena política colombiana unos dicen estar muy preocupados por la institucionalidad. Las reformas les parecen muestras de arbitrariedad antidemocrática, verdaderas amenazas del socialismo del siglo veintiuno. Lo dicen en la mañana, pero, en la tarde, eluden los escenarios oficiales de discusión acelerando el archivo de los proyectos o impidiendo que haya quórum. Son los mismos actores políticos que añoran –y no se molestan en ocultarlo– la intervención militar de los Estados Unidos en Colombia.
La institucionalidad también se ve amenazada por la manipulación de la información. Lo vimos durante buena parte del año anterior. Álvaro Leyva sostuvo una acusación delirante contra Gustavo Petro –incluso fue a buscar apoyo en congresistas norteamericanos para agenciar el derrocamiento de Petro– hasta que le pidieron pruebas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desinflado de un momento a otro, no pudo sostener la calumnia. Así también sucedió con los portavoces del sector que pretendía responsabilizar a representantes del progresismo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Al final, no pudieron sostener la acusación y sólo acertaron a cambiar de tema.
Otro ejemplo de cómo la manipulación de la información afecta al orden institucional es el intento de dar por cierta la idea de que, en los últimos años, hubo un incremento sustancial en la cantidad de cultivos de uso ilícito. Esta falacia irresponsable produjo reacciones que escalaron hasta el punto de que Donald Trump cuestionó la gestión de Gustavo Petro y se apresuró a vincularlo con estructuras del narcotráfico. La base de semejante aseveración fue un bulo derivado de la omisión –y el silencio sospechoso– de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), que prácticamente dejó de verificar la cantidad de cultivos de uso ilícito durante el gobierno de Duque y volvió a hacerlo en el de Petro. Por esa omisión, las cifras “revelaron” un incremento repentino.
El hecho de que un organismo como la UNODC haya exhibido semejante falta de rigor debería llevarnos a hablar sobre el uso de la posverdad como herramienta de persuasión y campaña sucia. En esto podríamos reconocer un mecanismo de destrucción sistemática de lo institucional, pues las imprecisiones en la información no parecen fortuitas. Hace poco, en el juicio contra Nicolás Maduro, Estados Unidos reconoció que “cartel de los soles” es una expresión coloquial y no el nombre de una organización delictiva transnacional. Pero no olvidemos que, en los albores de este año, esta expresión «coloquial» fue utilizada como pretexto para adelantar una acción militar que dejó decenas de personas asesinadas en Venezuela.
¿Sobre qué pretendemos que se sostenga lo institucional, con fuentes de información oficial poco o nada fiables, con escenarios de diálogo deteriorados y partidos que buscan justificar el uso de la fuerza aniquiladora?
Parafraseando a Ricardo Piglia, podríamos recordar que las instituciones estatales no se sostienen sólo por acciones, sino que precisan también de ficciones, es decir, de representaciones que van más allá de lo estrictamente real. Es ese el escenario en el que podríamos notar diferencias importantes entre proyectos políticos. Unos crean ficciones en las que comunidades precarizadas entran en la lógica del mercado gracias al emprendedurismo y la adhesión al éxito empresarial de unos pocos millonarios. Otros imaginan un Estado cuyas acciones pueden orientarse hacia la inclusión de los excluidos y, como dicen Valeria Coronel y Luciana Cadahía en su amplio estudio del populismo, hacia condiciones que favorezcan “la irrupción plebeya”.
Los hay que barajan injurias y, muy a menudo, las utilizan para radicalizar opiniones. Algo de esta naturaleza puede ser visto en los partidos de oposición, que crean relatos en los que la sociedad colombiana es representada como un barco que zozobra desde hace tres años, o como “la próxima Venezuela”, o como un nido de narcotraficantes donde ningún acuerdo es posible. La facción que pretende imponer ese relato crea imágenes fatídicas para convencernos de que estamos mal gobernados por comunistas, en peligro de colapsar ante nuestros enemigos (según ellos, nuestros enemigos eran los insurgentes; luego, los marchantes; ahora, el propio gobierno; mañana lo será cualquiera que gane las elecciones en lugar de ellos). Así que han optado por promover la violencia del modo en que lo hacen los grupos armados o los concejales como Andrés Escobar (recordado por no haber titubeado a la hora de desenfundar un arma y disparar contra una multitud de manifestantes en el año 2021). Es, desde luego, la autodenominada “gente de bien”, que ve en el sabotaje la única alternativa política, quizás porque no puede ver otra cosa, porque ha quedado claro que, si bien su participación en escenarios de discusión le resultaría beneficiosa a largo plazo, no sería –políticamente– tan rentable como la violencia.
Además de los sectores que, por pura convicción, eligen no participar en la construcción de lo institucional, también están los que no han encontrado el camino para participar. No han tenido voz o esta les ha sido arrebatada en procesos sistemáticos de silenciamiento. Ofrecer a estas personas un lugar y un reconocimiento, verlas, escucharlas, interpretar su necesidad, es lo que algunas personas han rotulado como “populismo”. En mi opinión, ese rótulo no debería ser algo peyorativo.
El profesor Mauricio Jaramillo Jassir, en una entrevista para la Deutsche Welle, explica que el populismo “puede llegar a afectar la democracia en la medida en que debilite el poder de las instituciones”. Al respecto, vale resaltar que algo muy distinto ha sucedido en Colombia en los últimos años. El populismo propende por el robustecimiento de las instituciones estatales toda vez que ratifica su sentido original y su vocación garantista. Dicho de otro modo, el populismo se ha convertido en fundamento ideológico de la escucha y la hospitalidad, actos que, en el plano social, son una invitación dirigida a contradictores, disidentes y personas históricamente silenciadas, con una orientación distinta a la radicalización violenta que vemos hoy en día en la escena internacional.
Vuelvo la mirada a sucesos como la cena navideña del año inmediatamente anterior. Ataviados con delantal, algunos ministros sirven la comida a personas “históricamente excluidas”. Una puesta en escena como esta no es, desde luego, la solución de algo, pero evidencia una intención estética y narrativa. Es un intento de revertir el relato. La representación de los ministros al servicio de las personas excluidas podría ser tomada como un acto de pedagogía subversiva.
Teniendo como referente uno de los análisis de Eva Illouz (en La vida emocional del populismo) y su idea de que el populismo abre el camino al fascismo, habría que considerar la posibilidad de que no todo populismo tienda a la totalización de la sociedad, a la segregación o a la implantación de relatos incontrovertibles. Por el contrario, la representación de una sociedad más justa e incluyente cultiva posturas críticas en favor de ciudadanías menos pasivas y nos invita a reactivar la conversación sobre la intención de los relatos oficiales. De modo que el populismo no es, en sí, la radicalización en contra de un sector, sino la apertura a redefinir los pactos sociales que, contemplados desde el punto de vista de las colectividades violentadas y empobrecidas, han sido siempre pactos inequitativos.
Hay que considerar también la posibilidad de que los relatos de una sociedad menos inequitativa, que se empeña en hablar de lo mínimo, pero también de lo digno y de lo vital, sean relatos que sirven para dar firmeza a lo institucional (esa ficción que, como sociedad, nos hemos comprometido a cuidar), pues atribuyen a las instituciones el poder –y la obligación– de mediar para que la transformación de la realidad sea gestada en los escenarios de la política y no en los de la guerra.
Observado con esta perspectiva, el populismo resulta útil y casi inevitable en un país donde, por falta de voluntades y mecanismos efectivos, no hay lugar para la participación más allá del voto ocasional. Es un modelo de intervención social que posibilita la transformación del Estado y la sociedad desde abajo. De hecho, podríamos sospechar que, si no fuera por el proceso populista que hemos visto en años recientes, seguiríamos contemplando la repetición de un relato clásico: el de un país “tranquilo”, amenazado por socialistas, por estudiantes encapuchados, por vagos e insensatos a quienes hay que encontrar el modo de someter, el país de la prosperidad administrada por y para los empresarios a pesar de los “atenidos” –y los mamertos, los resentidos, los pobres de espíritu, los excluidos “por decisión propia”–, que protestan en las calles instigados por el “odio de clase”. Ese fue el relato que conocimos hasta que el “populismo” llegó al Palacio de Nariño para poner la mirada, por fin, en las grietas.
Foto de Jhonny Estrada en Unsplash
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