Por Edwin Manuel García
Las lluvias recientes han generado dificultades en varias regiones del país. En particular, el descenso de frentes fríos polares hasta el Caribe va dejando graves consecuencias: inundaciones, desbordamientos de ríos y superación de represas por parte de los caudales, sobre todo en los departamentos de Córdoba y Sucre. El gobierno nacional atinadamente ha explicado las causas políticas del asunto. La problemática vuelve a plantear el debate sobre las condiciones de vida en los territorios y el histórico abandono estatal originado en el centralismo, configurado en el mal manejo de los territorios y ocupación inconveniente de los mismos, planificación inadecuada o inexistente, deterioro medioambiental y construcción de mega obras sin aprobación social para beneficiar intereses particulares, contubernio corrupto entre politiqueros locales y nacionales, por solo mencionar algunos aspectos.
Otra vez se pone de manifiesto el fracaso de ese modelo de estado centralizado y sus dinámicas adversas: instituciones distantes del ciudadano, legalidad extraña al contexto, subordinación del ámbito local, desprecio por el ser original y la creatividad, miseria espiritual, negación cultural.
Su supuesto modulador, es decir la descentralización, ha sido mal operada porque se le ha asignado un lógica exclusivamente técnica y administrativa. Se estableció la idea de que la transferencia de recursos debe anteceder toda medida o intento descentralizador: si hay bonanza presupuestal habrá mayor descentralización. Esto concuerda con la experiencia federal en Colombia, implementada a mediados del siglo XIX (1853 y 1863) cuyo emergencia se origina en medio de un periodo de fluidez económica y cuyo correspondiente declive se debió, entre otras, a la crisis económica de finales de ese mismo siglo con la cual se impone la Regeneración centralizadora (1886).
El problema es que este país lleva décadas en crisis fiscal, por lo cual la descentralización ha sido una ficción que no excedió lo funcional o de servicios. Los departamentos, creaciones artificiosas sin fundamento geográfico ni cultural, no pasaron de ser unidades administrativas sin dinámicas de verdadero arraigo territorial.
La más reciente reedición de este manual la encontramos en la ley de transferencias (ya aprobada) y la ley de competencias (por aprobar), lo cual ha sido presentado erradamente como un avance descentralizador. Toda esta maquinación de nuestros tecnócratas no entiende una realidad política básica: la transferencia de recursos del nivel central genera mayor dependencia de la “periferia”, la descentralización siempre supone la existencia de un centro omnipotente.
De este modo, el centralismo se instauró como cultura que impregna todos los ámbitos de la vida nacional, dejando su estela de supremacía en cualquier escenario de “poder” o decisión que se ejerza, tanto desde la derecha como desde izquierda. Esta es una realidad poco confrontada, ni siquiera reconocida, que se reproduce en la inercia cotidiana del país.
No he escuchado análisis del asunto por parte de ningún candidato o candidata presidencial o al Congreso, no establecen la relación entre las inundaciones y el modelo de estado, mucho menos proponen una solución de fondo, quizá porque dicha solución puede parecer complicada y radical. No obstante, la que yo encuentro consiste en materializar el mandato constitucional de 1991 de pasar a un modelo de estado regionalizado que traslade a estas instancias (regiones) la autonomía necesaria, fiscal, política e incluso legislativa, para construir desde el ámbito local una nueva institucionalidad legitimada por la participación social, múltiples legalidades basadas en las realidades locales y planificación del territorio
sin predominio del dictamen central.
Efectivamente, el principio de autonomía y la tesis regionalizadora fueron anunciados por la Carta del 91, varios son los artículos que pueden consultarse para comprenderlo, por lo menos se hacen imprescindibles los artículos 1, 286, 287, 294, 298, 306, 307, 311, 320, 330, 362. Sin embargo, estos anuncios fueron rápida y hábilmente neutralizados por las estructuras tradicionales de poder, tanto regionales como nacional: por medio de un desarrollo legal restrictivo, sucesivos gobiernos ajenos a dicha necesidad y el concurso de una línea jurisprudencial tímida que nunca asumió este mandato constitucional, la proyección autonómica y regionalizadora del Constituyente se defraudó.
Como apunta el doctor Augusto Trujillo, lo que debemos procurar es suprimir ese centro desde el cual resulta imposible gobernar un país de regiones. Todo esto para acercarnos a una cultura democrática y a una nueva valoración del ser regional y de sus saberes como factor determinante de nuestro relacionamiento con el mundo (pensar territorialmente para actuar globalmente).
En conclusión, considero que la regionalización del estado es la alternativa pertinente y necesaria. En las regiones está el fundamento democrático y el conocimiento para evitar situaciones calamitosas como las que padecen las comunidades del Caribe. La sabiduría del ser vernáculo (combinada con el apoyo técnico respetuoso de esa sabiduría) debe determinar la planificación, ocupación y desarrollo del territorio.
Foto: Daniel Gonzalez (tomada de la cuenta de Flickr de la Presidencia)
Síguenos en nuestras redes:
Facebook: columnaabiertaweb
Instagram: columnaabierta/
