Por Edwin García
En términos generales, estoy de acuerdo con la descentralización política y administrativa, fundamentada en la condición de país diverso y de regiones que caracteriza a Colombia. Difícilmente se puede encontrar a alguien que esté en desacuerdo con este concepto general, porque se ajusta a las necesidades nacionales al punto de hacer parte del espíritu constitucional de 1991.
A propósito, aun podemos destacar que
en la actualidad el país asiste con interés al debate sobre el ordenamiento territorial, lo cual corrobora las palabras del doctor Orlando Fals Borda de que “está surgiendo entre nosotros un nuevo concepto de nación. Es una nación mucho más descentralizada, federalizante (en la idea moderna del término), una nación más autonomista y participativa que desdibuja el poder central y aumenta el de las entidades territoriales».
MAPA CULTURAL DEL CARIBE COLOMBIANO, CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA, Santa Marta, 1993.
Sin embargo, la aplicación efectiva de la premisa de descentralización es una materia aplazada en nuestra forma de organización estatal, por lo cual este tema adquiere cada vez más relevancia y pertinencia. En la forma de abordar el asunto estamos muy lejos de encontrar unanimidad, tropezándonos con diversidad de opiniones y posturas, desde las más honestas hasta aquellas que se acomodan a premeditadas conveniencias politiqueras y oportunistas.
En la actualidad se discute en el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo (PAL) 018 de 2024 Senado – 437 de 2024 Cámara, “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Según la ponencia para el segundo debate en la plenaria del senado, el PAL
busca fortalecer la autonomía territorial, estableciendo una meta para el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipio, de mínimo el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, a llegar a los 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente propuesta legislativa; para este efecto, se busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
GACETA DEL CONGRESO NÚMERO 1666 DE 2024..
Traduciendo el enredijo jurídico que nos plantea el nombre del PAL, debemos decir que, amparado en la necesaria descentralización administrativa, este procura transferir más recursos a los departamentos, distritos y municipios, con lo cual, por otra parte, resta esos recursos al nivel central representado por el gobierno nacional.
“¡Mas plata para los entes territoriales, menos plata para el gobierno central!”; esta parece ser la consigna. Consigna demagógica y, por consiguiente, peligrosa, que entusiasma a las casas politiqueras y corruptos de carrera que se atrincheran en poderes locales: se frotan las manos las familias que desde hace décadas malgobiernan los territorios.
El traslado de mayores recursos a los departamentos, distritos y municipios parece responder a un interés electorero. Por eso proponemos un análisis muchísimo más serio, relacionado con preguntas francas y planteamientos que consultan crudamente nuestra realidad, sin temor a “meternos con los santos de la iglesia”, proponiendo un debate estratégico para nuestro futuro. De este modo, cabe examinar lo siguiente:
La actual división político-administrativa de Colombia no es funcional al desarrollo de los territorios y regiones; por el contrario, representa una talanquera para los mismos debido a que establece una división con raíces en la colonia que escinde los territorios caprichosamente y cercena perjudicialmente las identidades culturales y geográficas.
Es claro que esa división política-administrativa sirve a la corrupción y fortalecimiento permanente de las casas politiqueras y poderes feudales que han copado las gobernaciones y alcaldías: verdaderos poderes mafiosos se han tomado los departamentos, distritos y municipios, constituyendo una guillotina para las aspiraciones democráticas de las comunidades. Al mismo tiempo, al representar un obstáculo para el desarrollo regional y prolongar el atraso local, exacerba el centralismo porque este aparece como única solución: de Bogotá debe llegarnos la salvación que no somos capaces de hallar en las regiones.
Lo anterior nos dirige a la necesidad de pensar otra forma de organizar política y administrativamente el país, de acuerdo con sus regiones geográficas y las identidades culturales de los territorios, teniendo en cuenta también, por ejemplo, las zonas mas golpeadas por el conflicto armado (ZOMAC y áreas PDET) e incluso pensándolo a partir del agua, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.
Proyectar un nuevo ordenamiento territorial hace parte de las transformaciones profundas que requiere el país. Este aspecto ha de resolverse como parte de un debate que debe dar el país antes de pensar en transferir mas recursos a los entes territoriales actuales, lo cual puede, como ya dijimos, derivar en mayores niveles de corrupción, fortalecimientos de los clanes politiqueros y corruptos que dominan la política local y, en conclusión, mayores niveles de desigualdad, conflictividades y violencias en los territorios: el PAL antes de ser beneficioso para las regiones, puede ser muy perjudicial.
Dicho reordenamiento territorial y político-administrativo es una oportunidad para fortalecer la democracia en nuestro país, por lo cual debe escapar a las garras de las casas politiqueras locales a través de la ruta de la participación decidida de las comunidades: en las regiones encontramos el conocimiento telúrico profundo para reorganizar el país y el estado, para trazar el desarrollo a partir de las potencialidades de los territorios, superando las limitaciones que representan las actuales fronteras municipales, departamentales y nacionales, así como el ignominioso centralismo.
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