Por David Paredes
Durante más de tres décadas, en círculos académicos y en escenarios de debate o de opinión, se ha hablado de lo incompatibles que pueden ser la Constitución de 1991 y el creciente centralismo político-administrativo de Colombia. Mientras la Constitución permitió crear las gobernaciones y, con esto, por decirlo de algún modo, distribuir el poder ejecutivo por todo el territorio nacional, en la práctica, el poder ha seguido siendo ejercido desde el centro.
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